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Corte Suprema apoya que menores de 14 años sean incorporados a la Ley de Identidad de Género

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Además, dos de sus ministros, Muñoz Garjardo y Dahm, advirtieron que el Legislativo está en deuda con el matrimonio igualitario.

La Corte Suprema emitió ayer un informe favorable al texto sobre la Ley de Identidad de Género que evacuó la Comisión Mixta, posicionándose así a favor de la inclusión de los menores de 14 años , lo cual a juicio del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), es “nuevo llamado de atención del Poder Judicial al Parlamento en temáticas LGBTI”

En relación a los mayores de 14 años y menores de 18 años, la Corte calificó de “razonable”, que en caso de oposición de los representantes legales, los adolescentes puedan solicitar solos el cambio de su nombre y sexo legal en los tribunales de familia.

Más aún, sostuvo que afirmar lo contrario y/o exigir el respaldo de la madre y el padre “pone en peligro la práctica del derecho a vivir libremente la identidad de género que cada niño, niña y adolescente siente y experimenta como propia”.

En ese sentido, y en relación a la “necesidad de que la solicitud sea presentada de común acuerdo por ambos padres, cabe advertir que, al menos tratándose de adolescentes, es una exigencia que puede transformarse en una verdadera limitación al ejercicio de su autonomía”, dijeron los ministros.

Respecto a la propuesta de la Comisión Mixta de incorporar a los menores de 14 años en la ley, la Corte Suprema respaldó esa posibilidad, siempre y cuando se contará con el respaldo de la familia del niño o niña.

“Sin embargo, la verdad es que el Senado cercenó esta posibilidad, violentando los intereses de niños y niñas trans. Es por ello, que nuestra organización denunció hoy esta vulneración de derechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante Naciones Unidas”, sostuvo el vocero del Movilh, Oscar Rementería.

El pronunciamiento de la Suprema fue emitido por su presidente Haroldo Brito y por los/as ministros/as Sergio Muñoz Gajardo, Hugo Dolmestch, Héctor Carreño, Carlos Kunsenmuller, Rosa Maggi, Rosa Egnem Saldías, María Eugenia Sandoval, Juan Fuentes Belmar, Lamberto Cisternas, Ricardo Blanco, Manuel Valderrama, Jorge Dahm Oyarzún, Arturo Prado Pug, Angela Vicanco y Andrea Muñoz Sánchez

La obligación de divorcio que impone el proyecto de ley de identidad de género para que las personas casadas puedan cambiar su nombre y sexo legal, sirvió además para que los ministros Dahm Oyarzún y Muñoz Gajardo, criticaran nuevamente  la ausencia del matrimonio igualitario en Chile.

“El solicitante (de cambio de nombre y sexo legal) perderá el estado civil de casado, cuestión que resulta de toda lógica en un país como Chile, donde el matrimonio está reservado para personas de distinto sexo, lo que pone de relieve la deuda del Estado chileno con las parejas del mismo sexo” señalaron Dahm Oyarzún y Muñoz Gajardo.

Apuntaron que “aún cuando la iniciativa en comento (ley de identidad de género) pretende camuflar la drasticidad de estos efectos haciendo pervivir los derechos y las obligaciones de contenido patrimonial, mas no aquellos de contenido moral que más caracterizan a la institución del matrimonio. La opción que ha tomado, pues, el legislador en el presente proyecto es bastante clara: no sólo confirma la añosa obcecación por blindar la institución del matrimonio ante los embates de la realidad, sino que también pretende borrar todo vestigio de matrimonio que pudiera quedar entre dos personas de un mismo sexo“.

El vocero del Movilh, Oscar Rementería, valoró “la postura de los ministros Dahm Oyarzún y Muñoz Gajardo, en tanto, refuerza que la prohibición del matrimonio igualitario es una grave deuda, solo explicable por miedos y prejuicios infundados. Una deuda, que por lo demás, el Estado de Chile tiene la obligación de saldar, tras el acuerdo de solución amistosa que firmó con nosotros ante la CIDH”.

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