Mineduc presenta proyecto de ley para prevenir y erradicar la discriminación y violencia en establecimientos educacionales

La iniciativa beneficia de manera expresa a personas LGBTIQ+ y otros sectores discriminados. Entre otros estudiantes, el proyecto se inspira en José Matías, joven que en 2019 se suicidó tras sufrir bullying transfóbico

El Ministerio de Educación (Mineduc) encabezado por Nicolás Cataldo, ingresó ayer a  tramitación del Congreso Nacional el denominado “Proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, con el objetivo de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales”, iniciativa festejada por el Movilh.

Entre otros puntos, el proyecto establece las funciones y deberes del Estado para la buena convivencia y robustece los roles de coordinación y los instrumentos de gestión para tales efectos, además de promover enfoques pedagógicos inclusivos.

“Es necesario evitar la concurrencia de consecuencias de gravedad (…) tales como el caso de José Matías de la Fuente Guevara, un estudiante transgénero que a sus 15 años se quitó la vida en Copiapó, agobiado por el acoso y discriminación por su identidad de género, teniendo lugar hace pocos días su quinto aniversario de muerte” señala el proyecto de ley firmado por Cataldo y el presidente Gabriel Boric.

El Movilh “valoró esta propuesta que viene a promover climas estudiantiles respetuosos de todas las diversidades y da mayor densidad a la obligación de garantizar la no discriminación a través de nuevos lineamientos y deberes que involucran a toda a comunidad educativa, sin discriminación. Para los estudiantes y docentes LGBTIQ+ esto es muy significativo, pues en el último año hubo un incremento del 19,2% de los casos y denuncias por homo/transfobia en el sistema educacional,  según el Informe Anual de DDHH de la Diversidad Sexual y de Género”.

Los contenidos del proyecto de ley

El proyecto señala que es “deber del Estado adoptar medidas” para la inclusión y la erradicación de la violencia y discriminación”, por lo que la Subsecretaría de Educación elaborará una Política Nacional de Convivencia Educativa, cuya vigencia será de 8 años y su evaluación cada dos años.

A su vez “todos los establecimientos educacionales deberán contar con un Plan de Gestión de Convivencia Educativa, basado en los lineamientos de la Política Nacional de Convivencia Educativa y cuya implementación será responsabilidad del equipo directivo, a través del Encargado o Encargada de Convivencia Educativa y el Equipo de Convivencia Educativa, según corresponda”, señala el proyecto.

Los reglamentos internos de los colegios deberán por su parte expresar claramente el deber de los adultos (directivos, sostenedores, docentes u otros)  “de  reportar al equipo directivo del establecimiento o a quien se determine en el reglamento, toda información de la cual haya tomado conocimiento sobre hechos que pudieren constituir actos de acoso, violencia o discriminación contra cualquier integrante de la comunidad y, en general, cualquier acto que contravenga la buena convivencia. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de denunciar hechos constitutivos de delitos”. En caso de no informarse, se estará en presencia de “una falta a la probidad administrativa o incumplimiento grave”, indica la iniciativa.

Añade que tanto la política nacional como los planes de gestión deberán instar  “a que se respeten y reconozcan” a estudiantes o docentes “su libertad personal y de conciencia, estatus migratorio, identidad cultural, pertenencia étnica, indemnidad sexual, identidad y expresión de género, orientación, características y diversidades sexuales y/o afectivas”

A la par “los establecimientos deberán establecer medidas de prevención, con enfoque pedagógico y formativo dirigida a todos los integrantes de la comunidad, con orientación pertinente y diferenciada por estamento y ciclo educativo”.

Junto con reafirmar los derechos de la Ley Zamudio, el proyecto encomienda a los establecimientos  “contemplar medidas especiales de prevención y protección, cuando concurran razones de pertenencia étnica, nacionalidad, posición socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, orientación sexual o afectiva, género, identidad y expresión de género, enfermedad, discapacidad, características genéticas o condición de salud mental o física”

Finalmente, en uno de sus puntos más relevantes, el proyecto establece que “las relaciones e interacciones de las personas adultas de las comunidades educativas con los niños, niñas y estudiantes deberán regirse por el buen trato, entendiéndolo como aquel que se proporciona mediante el reconocimiento de la autonomía progresiva, el desarrollo de cuidados, afectos y protección, visibilizando sus necesidades y particularidades y su reconocimiento como sujetos de derechos”

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