Comisión Interamericana declara admisible demanda de jueza Atala contra el Estado
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En un hecho más que importante la Comisión de Derechos Humanos investigará la denuncia interpuesta por la magistrada luego de que en Chile fuera despojada de sus tres hijas por ser lesbiana. Movilh pidió a Cancillería que no utilice la orientación sexual de la madre para su defensa en el extranjero.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró por unanimidad admisible investigar si el fallo de la Corte Suprema que el 31 de mayo del 2004 quitó la tuición de sus tres hijas a la jueza Karen Atala contraviene la Convención Americana de DDHH, marcando un importante precedente para la igualdad de derechos de las minorías sexuales en el terreno nacional e internacional.
La determinación fue adoptada este mes por los seis comisionados de la CIDH, luego que todos rechazaran el argumento de la Cancillería en torno a que es «inconveniente para la formación y riesgoso para el desarrollo de las menores en el actual contexto de la sociedad chilena» permanecer junto a su madre, informó ayer la pareja de la jueza, Emma de Ramón.
Acompañada del director de Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), Nicolás Espejo, de la presidenta de la Corporación Humanas, Lorena Fríes y de Libertades Públicas Asociación Gremial, De Ramón precisó que en caso de comprobarse transgresiones a la Convención Americana de Derechos Humanos, la CIDH hará diversas recomendaciones al Estado de Chile para paliar el problema.
Si Chile no acogiera lo pedido, será demandando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual está vinculada legalmente a nuestro país.
«Sólo cuando el Estado de Chile, reconozca y sancione ante sus connacionales y ante la Comunidad Internacional que no existen ciudadanos de segunda clase ante sus leyes debido a su orientación sexual diversa, sino que todas y todos, somos iguales en dignidad y derechos, y cuando discriminaciones odiosas como las que mi familia vivó no se repitan, entonces podremos decir que Chile es un país que quiere a toda su gente y yo sabré que mi dolor no fue en vano», señaló Atala en declaración leída por De Ramón.
En concreto, se informó que se está buscando mejorar el régimen de visitas a las menores, indemnizaciones y cambios legales a objeto de impedir que ningún padre o madre vea obstaculizado su derecho a la crianza de sus hijos o hijas en razón de su orientación sexual.
También se aclaró que la jueza renunció a seguir peleando por la custodia de las menores, para garantizar su estabilidad emocional, toda vez que ya han crecido junto a su padre.
Para Fríes la defensa dada hasta ahora por el Estado «reproduce la discriminación, en la medida que no avanza para superarla, sino que dice: evitemos que esto pase a los niños y sigamos admitiendo y avalando que la sociedad discrimine a las mujeres lesbianas o gay que quieren convivir o quieren conformar su familias o tener hijos».
En tanto, Espejo destacó la importancia de modificar la legislación, pues «sólo eso permitirá que, más adelante, otros padres, gay o lesbianas, puedan hacer respetar sus derechos».
La demanda ante la CIDH fue presentada por Atala el 24 de noviembre del 2004 con el respaldo de Humanas, la UDP y Libertades Públicas.
Conocida la noticia, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), que con anterioridad había denunciado el caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se contactó con la Cancillería para pedir que en su defensa el Estado de Chile no haga referencia a la orientación sexual de la madre como un argumento que justifique el injusto fallo de la Corte Suprema.
«Acá la importante es prevenir que ninguna persona afectada por su orientación sexual o género deba recurrir a instancias internacionales para alcanzar justicia. Eso es impresentable. Más lo sería que el Estado avalara en el extranjero una discriminación de este tipo para defenderse de una demanda», puntualizó la organización.
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