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Movilh denuncia aplicación discriminatoria de normas sobre edad de consentimiento sexual en Chile

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Tras detención de actor Didier Van der Hove y estigma social que pesa sobre su pololo y un amigo. Movilh critica que heterosexuales puedan decidir su vida sexual a los 14 años y los homosexuales a los 18 años, además de repudiar que las relaciones entre personas del mismo sexo abran sospechas sobre pedofilia o pornografía infantil.

A raíz de la detención del actor belga-colombiano Didier Van der Hove y del estigma social que pesa sobre su pololo y un amigo,  el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció ayer ante Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Naciones Unidas el trato discriminatorio de la ley chilena en torno a la edad de consentimiento sexual cuando se refiere a relaciones entre personas de igual sexo.

A juicio del Movilh, una cosa “es a legalidad y la otra es que nuestro Estado y nuestra sociedad reconozcan que hay una desigualdad y una discriminación en nuestras leyes que violenta los derechos humanos, y que debe ser corregida, según lo ha expresado el mismo Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas”.

Con ello se hizo referencia a la vigencia y aplicación del artículo 365 del Código Penal, que sanciona las relaciones sexuales homosexuales consentidas con personas de entre 14 y 18 años, mientras que en el caso de vínculos heterosexuales  las penas sólo corren con menores de 14 años.

Una nueva aplicación del polémico 365 quedó al descubierto luego que el viernes anterior el actor Didier Van der Hove  (42) fuera detenido en Puerto Natales por mantener una relación amorosa y sexual con un joven de 17 años, M.A.C.V, situación que hizo suponer al fiscal Iván Vidal (en la fotografía) que el artista estuviera vinculado con la pedofilia o la pornografía infantil.

La situación derivó en que el Juzgado de Garantía de Puerto Natales determinara que Van den Hove quedara ayer en libertad con arraigo comunal por dos meses, hasta terminar con las investigaciones.

“De una u otra manera, nos guste o no, la ley debe aplicarse. El problema mayor es que el señor Vidal solicitara extender las investigaciones  con el supuesto homofóbico de que infringir el 365 es sinónimo de pedofilia, cuando ese artículo ni siquiera hace referencia a niños”, indicó el Movilh.

El organismo cuestionó además porque igual sospecha no se tiene cuando personas heterosexuales mayores de 18 tienen relaciones con menores de 18 años tras recordar como un ejemplo el  casamiento del 26 de diciembre de 2000 entre el tenista Marcelo Ríos y Giuliana Sotela o la relaciòn entre Miguel Piñera y Belèn Hidalgo, iniciado cuando ella tenìa 16 y el 47.

“Ademàs al momento del otro vínculo bendecido por el sacerdote Raúl Hasbún, el tenista tenía 23 años y Sotella 15, con tres meses de embarazo y en el marco de una relación iniciada cuando la joven tenía 13 años. Nadie sospechó en ese caso, y en otros tantos, que Ríos tuviera vínculos con la pedofilia o con material pornográfico infantil. Todo lo contrario, la unión fue celebrada por todo el  país y el Sename nada dijo”, agregó el Movilh.

A los efectos emocionales, laborales y familiares que una mayor de 18 años padedece por “una ley discriminatoria”, en especial porque una parte de la prensa  está asociando de antemano al artìculo 365  con atrocidades  como la pedofilia o la pornografía infantil, se suman “las consecuencias desastrosas en los jóvenes M.A.C.V y  R.B.O.A quienes desde ahora pensarán que su orientación sexual es un delito. Ningún joven merece ser educado y tratado de esa manera”.

“Llamamos a las familias de estos jóvenes a brindarles ayuda emocional sin prejuicios, y a buscar ayuda sicológica para pasar este mal momento que los estigmatiza como delincuentes, de lo contrario sus vidas estarán marcadas por un error inhumano de nuestra legislación”, añadió el Movilh.

El organismo apuntó que en “en caso de llegar a comprobarse de que el actor Van Der Hove  tiene contactos con la pedofilia o pornografía infantil, seremos los primeros en repudiarlo. Pero hacer tal suposición a partir de relaciones homosexuales, es una aplicación arbitraria de la justicia, exista o no comprobación de esta acusación con posterioridad, pues no se piensa igual en caso de  parejas heterosexuales”.

DENUNCIA ANTE LA ONU    

En su denuncia ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Naciones Unidas, el Movilh precisó que la aplicación del 365 del Código Penal, violenta los artículos 24 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El primero señala expresamente que “todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”.

El segundo redondea que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole”.

“Mediante la presente pedimos a vuestro Comité que intensifique los esfuerzos ya dados por el Comité de los Derechos del Niño, en orden a eliminar la vigencia del 365, pues casos de este tipo siguen vulnerando ya no sólo derechos humanos básicos de chilenos y chilenas, sino también de quienes visiten nuestro país”, puntualizó el organismo en un documento enviado hoy a la Onu.

La demanda del Movilh por igualar la edad de consentimiento sexual entre homosexuales y heterosexuales, ha sido apoyada en ocasiones anteriores por diversas organizaciones como son Afirmación Chile, Agrupación de Apoyo a la Disforia de Género (Chile), Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (Costa Rica), Colectivo Ovejas Negras (Uruguay), Federación Argentina de Lesbianas Gays Bisexuales y Trans, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de España (Felgtb), Fundación Triángulo (España) y La Fulana, (Argentina).

Todos esos organismos enviaron el pasado 13 de agosto una carta de repudio a la Cancillería por la vigencia de la norma, mientras que la Agenda de Derechos Humanos del Bicentenario, liderada por Amnistía Internacional,también demanda la derogación de esa ley.

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