Retroceso civilizatorio: Cámara rechaza la reforma a la Ley Zamudio en medio de ofensas homo/transfóbicas
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Chile Vamos y la DC, unidos a la ultraderecha que calificó de desviadas a las personas LGBTIQ+, rechazaron la reforma y/o se abstuvieron, al igual que varios congresistas PPD. Movilh repudió a quienes “se declaran pro- diversidad social, pero terminan cerrando filas con la odiosidad de la ultra-derecha”. Reforma deberá ser analizada por Comisión Mixta.
La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó hoy en general y en segundo trámite la reforma a la Ley Zamudio, una propuesta que despachó el pasado el 24 de enero pasado la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios.
El debate en sala de la propuesta; que fue rechazada por 63 votos a favor, 69 en contra y 13 abstenciones; estuvo cruzado por una abierta discriminación y agresión por parte de congresistas de ultraderecha, “en medio del silencio cómplice de Chile Vamos, la DC y buena parte del PPD ”, señaló el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)
En efecto, el republicano Cristóbal Urruticoechea señaló que «este proyecto es una bandera de lucha de colectivos feministas y homosexuales. Si ese sector ínfimo de la población tiene una tendencia en desacuerdo con su naturaleza biológica, por supuesto que hay que respetar el desvío ajeno, pero no tiene por qué ser obligación aplaudirlos o decirle a nuestros hijos que existen más de dos tipos de sexos», mientras que el UDI Álvaro Carter negó que el proyecto fuese una demanda surgida desde el movimiento social independiente para enfrentar los abusos al señalar que «el Frente Amplio y el PC pretendían modificar la Ley Zamudio para transformarse en policías de la moral y criminalizar a quienes no piensan como ellos”.
“Hoy volvimos al pasado, a la década del 90, a los momentos más oscuros para las personas LGBTIQ+ y los sectores discriminados. Congresistas de ultraderecha llegaron al extremo de calificar a las personas LGBTIQ+ como desviadas durante el debate en Sala. Estamos en presencia del peor escenario legislativo para la no discriminación del cual hemos tenido registro. Es, por donde se mire, un retroceso civilizatorio”, dijo el fundador del Movilh, Rolando Jiménez, tras asistir a la sesión.
Añadió que “hacemos un llamado a esa derecha que se dice liberal y a la DC a hacer honor al aprendizaje de las últimas tres décadas: nadie merece ser discriminado, ni insultado por sus características naturales o culturales, menos en el contexto de un debate parlamentario. Hoy, buena parte del Parlamento se ha hecho eco de falsos argumentos y mentiras de la ultraderecha. Nada justifica ello. Exigimos a todos los sectores del Parlamento, que creen en la universalidad de los derechos humanos, a no ceder frente a fantasmas, prejuicios y odiosidades como ocurrió hoy”.
Jiménez puntualizó que “no bajaremos las banderas. Seguiremos la lucha en Comisión Mixta. Desde ya llamamos a todas las personas y familias a protestar contra lo ocurrido hoy en la próxima Marcha del Orgullo, prevista para el 29 de junio a las 14:00 horas en Plaza Italia”.
Las votaciones
Votaron en contra los/as republicanos/as: Cristián Araya Lerdo de Tejada, Chiara Barchiesi Chávez, Juan Irarrázaval Rossel, José Carlos Meza Pereira, Agustín Romero Leiva, Luis Sánchez Ossa, Stephan Schubert Rubio y Cristóbal Urruticoechea Ríos; los/as RN Miguel Ángel Becker Alvear, Juan Carlos Beltrán Silva, José Miguel Castro Bascuñán, Andrés Celis Montt, Sofía Cid Versalovic, Eduardo Durán Salinas, Camila Flores Oporto, Mauro González Villarroel, Andrés Longton Herrera, Miguel Mellado Suazo, Carla Morales Maldonado, Marcia Raphael Mora Jorge Rathgeb Schifferli, Hugo Rey Martínez, Frank Sauerbaum Muñoz y Diego Schalper Sepúlveda; los/as independientes de Derecha Bernardo Berger Fett, Gonzalo de la Carrera Correa, Catalina Del Real Mihovilovic, Harry Jürgensen Rundshagen, Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen Paula Labra Besserer, Christian Matheson Villán, Marlene Pérez Cartes, Víctor Alejandro Pino Fuentes, Francisco Pulgar Castillo, Leonidas Romero Sáez, Gloria Naveillan Arriagada y Mauricio Ojeda Rebolledo, los/as UDI, Jorge Alessandri Vergara, Gustavo Benavente Vergara, Sergio Bobadilla Muñoz, Fernando Bórquez Montecinos, Marta Bravo Salinas, Juan Antonio Coloma Álamos, Eduardo Cornejo Lagos, Felipe Donoso Castro, Juan Fuenzalida Cobo, Cristián Labbé Martínez, Henry Leal Bizama, Daniel Lilayu Vivanco, Cristóbal Martínez Ramírez, Cristhian Moreira Barros, Guillermo Ramírez Diez, Marco Antonio Sulantay Olivares, Renzo Trisotti Martínez, Gastón Von Mühlenbrock Zamora y Flor Weisse Novoa; los/as Partido de la Gente, Yovana Ahumada Palma, Roberto Arroyo Muñoz, Rubén Darío Oyarzo Figueroa y Karen Medina Vásquez; las representantes el Partido Social Cristiano, Sara Concha Smith y Francesca Muñoz González; el Demócrata Jorge Saffirio Espinoza; el Evópoli Francisco Undurraga Gacitúa, el DC Ricardo Cifuentes Lillo y Miguel Ángel Calisto (IND-Demócratas)
Se abstuvieron los DC Eric Aedo Jeldres, Héctor Barría Angulo y el presidente del partido, Alberto Undurraga Vicuña (DC); el Evópoli, Jorge Guzmán Zepeda; el UDI Joaquín Lavín León; el PRI, Enrique Lee Flores; el PDG Gaspar Rivas Sánchez; el PPD Raúl Soto Mardones; los independientes-PPD Carlos Bianchi Chelech, Cristián Tapia Ramos y Héctor Ulloa Aguilera y el independiente DC-Liberales, Felipe Camaño Cárdenas.
La reforma rechazada
El Movilh precisó que “entre las innovaciones más significativas de la reforma hoy rechazada destaca la creación de una institucionalidad antidiscriminatoria y el hecho de que las víctimas podrían solicitar indemnización por el daño que sufran, cuyo monto fijará el tribunal, además de obligar al demandado a explicar su accionar y abrir la posibilidad de denunciar por expresiones y no solo por actos discriminatorios”.
Junto con “elevar las multas máximas por discriminación a beneficio fiscal, de 50 a 100 UTM, la reforma establecía que la agravante ya no aplicaría por estar los delitos “motivados” por discriminación, sino por la sola expresión de “rechazo o desvalorización” hacia algunas de las categorías protegidas por la ley, con lo cual iba dejar de ser imposible comprobar las exclusiones, como ocurre en la actualidad”.
El Movilh añadió que la reforma rechazada “reforzaba además la obligación del Estado de implementar políticas contra la discriminación, encomendaba a la Subsecretaría de Derechos Humanos el cumplimiento de la ley y prohibía las terapias reparativas de las orientaciones sexuales o identidades de género, un derecho ya garantizado de todas formas en la Ley de Salud Mental”
Al mismo tiempo, la reforma rechazada añade definiciones sobre “la discriminación indirecta; es decir la ocasionada por disposiciones o prácticas institucionalizadas; la discriminación múltiple o agravada, referente a quienes sufren o dos más formas de exclusión, y la discriminación estructural relacionada con prácticas segregadoras que afectan a un grupo de personas”, explicó el Movilh.
“La acción de no discriminación arbitraria, de acuerdo a la reforma rechazada, debía efectuarse, al igual como ocurre en la actualidad, ante un juez de letras, con la diferencia que permitía estampar denuncias a instituciones o grupos de personas por hechos que les afectan de manera individual o colectiva, subiendo de 3 a 4 meses el plazo para denunciar desde ocurridos los hechos”, finalizó el Movilh.
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