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Inédita acción legal: demandan que jueza sea suspendida de su cargo por homofobia en caso de tuición

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Es la primera queja disciplinaria contra una jueza presentada por una víctima de la homofobia y por el movimiento chileno de la diversidad sexual con el patrocinio de los abogados Jaime Silva (en la fotografía) y Rommi Flores.

 

Una inédita acción legal contra una jueza presentó ayer ante la Corte de Apelaciones de Santiago Elías Bermúdez Garrido, un hombre gay a quien el Juzgado de Familia le está negando la tuición de su sobrino  de dos años sólo por su orientación sexual, dándose inicio a un polémico proceso de adopción.

La queja disciplinaria, patrocinada por los abogados de Defensas.cl; Jaime Silva y Rommi Flores; y apoyada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) , va contra de la jueza titular del Primer Juzgado de Familia de Santiago, Marcela Palamara, luego que esta en un fallo del pasado 11 de agosto aceptara iniciar el proceso de adopción del menor A I.B.B, rechazando que su tío lo cuide sólo por ser homosexual.

Elías Bermúdez, es el único pariente habilitado para encargarse del menor, según todo su entorno, pues la madre ha sido acusada de violencia intrafamiliar y el padre es ausente, sin embargo, la jueza estimó que la homosexualidad del tío “no contribuirá en nada al desarrollo normal del menor”.

“Este es uno de los fallos más homofóbicos registrados en la historia judicial de nuestro país, que violenta los derechos del niño y, de paso, desacredita violentamente a una persona sólo por ser homosexual, pese que no hay ningún estudio demostrativo de que una determinada orientación sexual afecte los procesos de crianzas”, apuntó el presidente del Movilh Rolando Jiménez.

Junto con pedirse que Palamara sea suspendida de su cargo por cuatro meses y se le aplique una multa de 4 UTM mensuales, la queja disciplinaria redactada por Silva y Flores argumenta que la jueza violentó el  artículo 74 de la Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia
“El juez preferirá a sus parientes consanguíneos o a otras personas con las que aquél tenga una relación de confianza y, solo en defecto de los anteriores, lo confiará a un establecimiento de protección”, señala la mencionada norma.

Sobre la materia, Bermúdez Garrido redondea que “la magistrado Marcela Palamara ha cometido un acto discriminatorio y vulnerado el principio de imparcialidad que rige al poder judicial, ya que su actuación refleja un claro prejuicio de carácter sexual frente a una de las partes, tanto así, que no me dio siquiera la oportunidad para ser evaluado por una institución que no tuviese el carácter de “pro adopción”.

En efecto, en una primera instancia la jueza había aceptado la petición de la familia de realizar un estudio distinto al efectuado originalmente por la Fundación San José para la Adopción, por ser “una instancia imparcial toda vez que es pro-adopción”.

Se encomendó en ese sentido un estudio sobre las capacidades del tío a la Universidad Andrés Bello, el cual estaría listo entre el 16 y 19 de agosto, pero la jueza cerró de todas maneras el proceso el 11 de agosto del 2009, sin que se iniciara la investigación sobre Bermúdez Garrido.

“La actuación de la magistrado es reprochable y merece una sanción disciplinaria pues ha transgredido de manera evidente el principio de bilateraridad de la audiencia al no permitir al tío presentar una prueba que diera cuenta de su capacidad que hacerse cargo de su sobrino”, precisó el abogado Silva.

En tanto el Movilh puntualizó que “agotaremos todas las instancias necesarias para hacer justicia en este caso. Si aún así el menor es adoptado, iniciaremos un fuerte proceso de movilización y protestas, tanto a nivel nacional, como internacional”.

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