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Ex carabineros gays demandan al Estado por homofobia institucional

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Tras ser expulsados en razón de su orientación sexual, ambos funcionarios pidieron ser reincorporados a la Institución, así como una indemnización de 50 millones de pesos para cada uno. En la ocasión el Movilh denunció hostigamientos de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) contra quienes identifica como homosexuales.

Los ex carabineros gays Víctor Ricardo Rivas Pastrana (26) y Armando Esteban Salgado Jara  (22) presentaron hoy en la Corte de Apelaciones de Santiago una demanda contra el Estado de Chile luego de que en mayo del 2007 ambos fueron apartados de la institución a raíz de su orientación sexual.

La acción legal, que es patrocinada por la Clínica de Interés Público y respaldada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), busca “declarar nula  las resoluciones que determinaron sus bajas y los actos de renuncia voluntaria que las motivaron”, indicó la abogada de los ex carabineros, Carolina Tagle.

En la demanda se solicita también la inmediata reincorporación de Rivas y Salgado a sus trabajos, así como la restitución total de sus remuneraciones, con reajustes e intereses, y una indemnización de los perjuicios morales ocasionados, avaluados 50 millones de pesos para cada uno.

“Lo anterior con la convicción de que el gravísimo daño provocado por la expulsión de las Fuerzas del Orden se motivó exclusivamente en la orientación sexual en abierta infracción a preceptos legales y constitucionales”, redondeó la defensa a lo que el presidente del Movilh, Rolando Jiménez, agregó que su organización tiene pruebas concretas de que la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) “ha perseguido, hostigado y sancionado a aquellos funcionarios que identifica como homosexuales”.

Rivas y Salgado; los primeros ex policías que denunciaron  públicamente en Chile un atropello de este tipo generando en octubre del 2007 un debate nacional sobre la presencia de minorías sexuales en las Fuerzas Armadas; denunciaron que “nuestra renuncia voluntaria esta viciada, pues fuimos presionados a abandonar la institución con la amenaza de que si no lo hacíamos se informaría de nuestra homosexualidad a amigos y familiares, además de marchar nuestra hoja de vida”.

“A mi me dijeron que pasarían mis antecedentes a la Dipolcar y que lo mejor era firmar la renuncia para evitarme problemas en el futuro. El temor y la ignorancia sobre como proceder me llevaron a firmar, pero este acto sólo se hizo bajo amenazas”, dijo Rivas.
Salgado añadió que “la expulsión ha tenido un costo enorme en nuestra calidad de vida, pues ha provocado graves problemas familiares y económicos, por eso creemos que lo pedido como indemnización es justo”.

Tagle precisó que entre los derechos violados en el acto administrativo que dio de baja a los funcionarios se encuentran los de respeto y protección a la vida privada y los de igualdad ante la ley, garantizados en el articulo 19 de la Constitución Política

Al momento de la expulsión Rivas se desempeñaba en la 11 Comisaría de lo Espejo y Salgado en la dotación de la 40 Comisaría de Fuerzas Especiales. Tras hacerse pública su caso al Movilh llegaron denuncias de una decena de funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden que habían padecido situaciones similares.

Una de ellas afectó al ex comisario de la Policía de Investigaciones, César Contreras, quien e pasado 7 de mayo también presentó una demanda contra el Estado ante la Corte de Apelaciones, siendo respaldado por el Movilh.

“En todos los casos que hemos conocido hay un mismo modus operandis. Primero se investiga la supuesta homosexualidad, con vulneraciones graves a la vida privada que incluyen  hasta intervención de teléfonos. Si se corrobora que alguien es homosexual, se trata de obtener la renuncia voluntaria mediante presiones y amenazas. Si ello no resulta, si inventan delitos en contra de los afectados y se los expulsa por eso con ninguna prueba, como ocurrió con Contreras”, apuntó el Movilh.

Sea cual sea la situación, el movimiento de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales recordó que tras los casos de Contreras, Rivas y Salgado lo importante fue que el gobierno,  el Alto Mando de Carabineros y el Congreso Nacional dejaron en claro públicamente que nadie puede ser excluido de las Fuerzas Armadas y de Orden por ser homosexual.

El “ grave problema que este importante reconocimiento no ha derivado en que se haga justicia precisamente para quienes motivaron los cambios de apertura, pues, hasta ahora los Altos Mandos de Investigaciones y Carabineros no ha reconocido discriminación en los casos de Rivas, Salgado y Contreras. Esperamos que eso sea sancionado por la justicia“, puntualizó el Movilh.

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