Entregan proyecto de ley antidiscriminatorio a parlamentarios chilenos
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La Universidad Diego Portales (UDP) y la sociedad civil iniciaron en los últimos días un intenso lobby político tendiente a garantizar el ingreso al Congreso de un proyecto de ley marco que garantiza la no discriminación y sanciona con presidio y multas a quienes promuevan o inciten la intolerancia.
La “Comisión de Trabajo Político”, compuesta por la sociedad civil y la Escuela de Derecho de la UDP, comenzó sus gestiones en el último mes entregando personalmente el proyecto a los diputados Osvaldo Palma, Víctor Barrueto, María Antonieta Saa, Patricio Hales, Antonio Leal, Isabel Allende y Fulvio Rossi.
Esa específica labor, efectuada por la abogada Lidia Casas (en foto de portada) y el presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, se suma a los primeros acercamientos con el gobierno que se oficializarán en los próximos días cuando la Comisión se reúna con el Ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Huenchumilla.
El objetivo del lobby es garantizar un amplio, transversal y contundente apoyo a la iniciativa de modo de que ingrese al Congreso, y por supuesto, sea aprobado en beneficio de las minorías y los sectores históricamente discriminados como las mujeres.
Hasta ahora los parlamentarios contactados han dado su beneplácito a la propuesta, mientras se espera que el gobierno haga lo suyo dándole un espaldarazo público.
El proyecto, denominado «normas destinadas a fortalecer el derecho a la igualdad y la erradicación de toda forma de discriminación contra las personas”, es producto de un trabajo de dos años efectuado por la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales en conjunto con representantes de diversas organizaciones como la Conadi, el Instituto de la Mujer, el Movilh, la Coordinadora Nacional de Adulto Mayor, el Comité de Refugiados Peruanos, el Mums, Vida Optima, No te Echen, Padres por la Igualdad Parental, Aspaut, Acción y Conalach, entre otros.
ESTRATEGIA COMUNICACIONAL
En forma paralela al lobby político, la denominada Comisión de “Estrategia Comunicacional” inició sus labores con el objeto de masificar los conocimientos sobre el proyecto antidiscriminatorio. Representantes de la UDP y el Movilh iniciaron, en ese sentido, la definición de la gráfica y los mensajes de afiches y folletos que serán distribuidos a lo largo de todo el país, mientras se lanzaron líneas gruesas para la elaboración de una página web que pronto entrará en funcionamiento.
El proyecto redactado por las destacadas juristas María Soledad Cisternas y Lidia Casas, prohíbe y sanciona a quienes discriminen en razón de «color, origen étnico, cultural, nacional o socioeconómico, sexo, género, orientación o preferencia sexual, religión, creencia, opinión política, discapacidad, enfermedad, estructura genética, idioma, nacimiento, estado civil, edad, actividad laboral, imagen personal o cualesquiera otra condición social o individual».
La iniciativa contempla la creación de una «Comisión Nacional por la Igualdad y la Integración Social», (que velará por el cumplimiento de las normas antidiscriminatorias) de un Fondo Nacional y de un Consejo Nacional por la Diversidad y la Integración Social donde la sociedad civil gozará de autorrepresentación.
La ley marco contiene además órganos judiciales especiales, instancias encargadas de estudiar y determinar las sanciones de las conductas discriminatorias, las cuales pueden llegar a multas de 60 millones de pesos (unos 84 mil 600 dólares) y a reclusión menor en su grado mínimo a medio.
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