Contraloría dialoga con movimientos LGBTIQ+ sobre estrategias contra la corrupción
Compartir
El Movilh reportó algunos actos de corrupción de cuales ha sido testigo y propuso medidas para enfrentar estos problemas.
La Unidad de Estudios de la Contraloría General de la República inició una serie de diálogos con la sociedad civil para conocer su opinión y experiencias en temáticas vinculadas al combate a la corrupción, incorporando como una de sus temas prioritarios a la realidad de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer (LGBTIQ+) en Chile.
En tal sentido las representantes de la Contraloría, Daniela Santana y Nayareth Calfulaf, indagaron sobre los eventuales actos de corrupción de los cuales hubiesen sido testigos activistas o movimientos LGBTIQ+, además de recoger propuestas para hacer frente a estas problemas y para garantizar la igualdad de derechos en la Constitución.
En la cita participaron los grupos Amik, Ong Todes, Fundación Iguales, Frente de Diversidad Sexual de Revolución Democrática, Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, Frente de Disidencias Sexuales y de Género de Fuerza Común y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)
En la ocasión, el Movilh reportó haber sido testigo de prácticas gubernamentales y municipales que rayan en la corrupción, como son la asignación de recursos económicos a en base a criterios políticos, ideológicos o de amistad, en vez de técnicos.
“Lo mismo ocurre con los vetos que algunas autoridades imponen a algunas organizaciones sociales para participar de eventos o actividades, extendiendo invitaciones solo a colectivos con los cuales tienen afinidad ideológica, partidaria o de amistad. A esto se añade que algunos municipios se exige a los movimientos LGTIQ+ ser parte de orgánicas comunales de corte partidista o ideológico para poder dialogar con las autoridades”, señaló el Movilh, entre otras problemáticas que informó a la Contraloría.
A la par, el Movilh sostuvo que los organismos LGBTIQ+ pueden aportar a la anticorrupción, visibilizando públicamente toda reunión o lobby con funcionarios públicos, dando a conocer en sus web sus ingresos económicos, sus fuentes y los gastos presupuestarios, así como contribuir e impedir los vetos a los movimientos sociales en cualquier espacio.
Finalmente el Movilh propuso que la anticorrupción esté consagrada en la Constitución, así como el igualitario trato que toda institución y funcionario/a público/a deben brindar a las personas y a los movimientos sociales, dejando al margen sus afinidades ideológicas o partidarias, en tanto su deber es estar al servicio de todas, todos y todes, sin discriminación
