Al igual como ha ocurrido en mandatos anteriores, el Movilh entrega un balance sobre el saliente Gobierno en temáticas LGBTIQ+.
Tras haber llegado al poder con la campaña electoral más entusiasta a favor de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ desde la recuperación de la democracia, la administración de Gabriel Boric, pese a registrar algunos avances, pasará a la historia como el primer gobierno que evidenció retrocesos en materia de igualdad para las diversidades sexuales y de género, además de no haber cumplido buena parte de su programa presidencial. Con ello, la administración presidencial de Boric se convirtió en la más débil y contradictoria para la promoción y defensa de los derechos LGBTIQ+ desde la década de los 90, teniendo en consideración el contexto cultural y social de cada época.
Cruzado por dos plebiscitos que intentaron, sin éxito, modificar la Carta Magna, el Gobierno cometió en sus inicios el grave error de actuar desde trincheras ideológicas-partidarias y, en lo referido específicamente a los derechos LGBTIQ+, de impulsar una agenda de “gueto” o ideológica. Este enfoque terminó por diluir y debilitar una comprensión idónea sobre la lucha por la igualdad de derechos que los movimientos de las diversidades sexuales y de género venían desarrollando desde décadas, al ser erróneamente percibido por amplios sectores del poder político y de la ciudadanía como una búsqueda de privilegios anclada en ideologías propias de una parte de la izquierda.
El uso permanente por parte del Gobierno del concepto “disidencias” para mencionar a las personas LGBTIQ+ sintetiza de manera elocuente este enfoque. Se trata de un término de carácter político-ideológico que, lejos de constituir una referencia neutra a la universalidad de los derechos humanos de las diversidades sexuales y de género, las sitúa en una lógica de confrontación con una parte de la sociedad. Se ignoró, además, que la mayoría de las personas LGBTIQ+ no se identifica con dicho concepto, tanto por su escasa vinculación con una perspectiva universal de la lucha antidiscriminatoria como porque limita la comprensión de que las orientaciones sexuales, las identidades de género y las características sexuales son realidades presentes desde la más temprana infancia. En términos simples, el Ejecutivo no se formuló preguntas básicas, tales como si resultaba pertinente vincular el vocablo “disidencias” con el de “diversidades” o, más aún, si era lógico y prudente calificar como “disidente” a un niño, niña o adolescente LGBTIQ+ o distanciarse de los conceptos reconocidos por las leyes y los estándares internacionales de derechos humanos.
Los diagnósticos erróneos del Ejecutivo sobre la realidad LGBTIQ+, particularmente al asumir el mandato, constituyen otra de las causas relevantes de los retrocesos observados. Se partió de la premisa de que poco o nada se había avanzado antes de su mandato en esta materia, pese a que a ese momento ya se encontraba cumplida la agenda de políticas públicas y leyes más compleja en la historia de las diversidades sexuales y de género. Dicha agenda se expresaba en políticas en los ámbitos de la salud, la educación y el trabajo; en quince leyes protectoras de derechos (incluidos el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y el reconocimiento legal de la identidad de género) y, muy especialmente, en una ciudadanía mayoritariamente favorable a la igualdad para este grupo humano, tal como lo evidenciaban de manera consistente las encuestas de opinión.
En otras palabras, la campaña electoral de Boric, basada en cuestionar o relativizar los derechos conquistados durante los treinta años previos, derivó en un diagnóstico equivocado. Sobre esa base, se intentó “refundar” políticas ya existentes, sin saldar las deudas históricas del Estado que se arrastraban por décadas, tales como la creación de una institucionalidad antidiscriminatoria, la regulación de los procesos de transición de niños, niñas y adolescentes trans, la reforma a la Ley Zamudio o la modificación de normas que impiden a parejas del mismo sexo acceder en igualdad de condiciones a los programas de fertilización asistida.
El 19 de diciembre de 2021, en su primer discurso tras resultar electo, Gabriel Boric señalaba que las “disidencias y diversidades han sido largamente discriminadas en esta campaña y vieron amenazados los pocos logros que han tenido. En nuestro gobierno, quiero que sepan que la no discriminación y detener la violencia contra las diversidades y las mujeres, junto a las organizaciones feministas, va a ser fundamental”.
En su programa de primarias, además, sostenía que “el gobierno actual de Sebastián Piñera estancó la agenda política del movimiento LGBTIQ+ tras la aprobación de la Ley de Identidad de Género”, afirmación que desconocía que bajo la segunda administración (2018-2022) del luego fallecido mandatario se habían registrado 15 medidas, políticas públicas y/o pronunciamientos gubernamentales pro derechos LGBTIQ y fueron aprobadas 10 leyes que mencionan a la diversidad sexual y de género, 5 de las cuales contaron con el impulso o respaldo del Ejecutivo, entre esas el matrimonio, con adopción homoparental incluida.
Al asumir, el Gobierno de Boric desplegó señales relevantes de apertura simbólica: la bandera trans flameó frente al Palacio de La Moneda y, por primera vez, asumieron como ministros personas abiertamente LGBTIQ+, entre ellas Marco Antonio Ávila Lavanal en Educación y Alexandra Benado Vergara en Deportes.
En un primer momento, la inicial agenda identitaria del Ejecutivo intentó potenciarse a través de la Convención Constitucional, que propuso una nueva Carta Magna en la cual once artículos hacían referencia a las personas LGBTIQ+, siete de ellos utilizando el concepto “disidencias”. Todo ello ocurrió en el marco de un proceso que resultó esquivo para escuchar a sectores de la sociedad civil con trayectoria en la defensa de la universalidad de los derechos humanos, llegando incluso a censurar o vetar la participación de muchos de ellos.
Esta misma lógica se trasladó a los dos primeros años de gobierno, período en el cual, por consideraciones político-partidarias, el Ejecutivo privilegió sus propias voces LGBTIQ+, en particular aquellas vinculadas al Frente Amplio, para la definición y eventual operatividad de las agendas antidiscriminatorias.
En paralelo, referentes del Frente Amplio acusaron reiteradamente, desde el Gobierno u otros espacios, a organizaciones LGBTIQ+ históricas de haberse “vendido por migajas” en administraciones anteriores. Ello generó un clima hostil para un diálogo honesto e informado y facilitó un escenario funcional a enfoques ideológicos que no representaban a las organizaciones con trayectoria y conocimiento técnico, dando lugar a un círculo vicioso que terminó por obstaculizar nuevos avances y, en el peor de los casos, por derivar en retrocesos. Y en silencios lamentables. Todas las marchas del Orgullo efectuadas en Santiago en el período de Boric fueron atacadas por un reducido número de personas. Activistas fueron golpeados/as y la infraestructura de los carros y escenarios de los desfiles, vandalizada. En otra ocasión, fueron algunos partidos del oficialismo los que intentaron torpedear el desarrollo de una de las marchas del Orgullo, con la paradoja de que tal desfile se convirtió en el más masivo convocado por las diversidades sexuales y de género a lo largo de sus historia. Pero el Gobierno nunca solidarizó con los afectados, quizás porque los grupos convocantes de las marchas del Orgullo son independientes de los partidos y/o porque los responsables de las agresiones, la mayoría encapuchados, se auto-definen como anti-neoliberales y disidentes.
Es efectivo que en las elecciones que llevaron a Boric a la Presidencia la ultraderecha, siempre opositora a los derechos LGBTIQ+, alcanzó cuotas relevantes de poder, en especial en el Parlamento, lo que obstaculizó seriamente la posibilidad de avances legislativos. Sin embargo, es igualmente cierto que buena parte de las promesas incumplidas y de los retrocesos no se explican por ese factor, sino por la forma en que las políticas públicas fueron implementadas (o derechamente no lo fueron), considerando que, a nivel ciudadano, existían respaldos transversales, o al menos ausencia de cuestionamientos, respecto de derechos ya conquistados. En este plano, el Ejecutivo recibió un escenario más favorable que hostil y lo desperdició al no saldar las deudas históricas.
Si bien en un segundo período el Gobierno fue abandonando gradualmente las posturas identitarias-ideológicas, lo concreto es que este giro fue interpretado por sectores progresistas como la necesidad de dejar de lado, o de restar relevancia, a todas las demandas de igualdad LGBTIQ+. De ese modo, una agenda identitaria que no había sido levantada por buena parte de los movimientos LGBTIQ+ terminó facilitando una ridiculización generalizada de todo aquello vinculado a las orientaciones sexuales y las identidades de género, dejando terreno fértil para las estrategias discursivas de la ultraderecha.
El programa presidencial
El programa presidencial de Gabriel Boric prometió la implementación de un “Plan Nacional de Derechos Sociales LGBTIAQ+”, el cual se traducía, entre otras medidas, en el impulso de un Cupo Laboral Trans, “garantizando su empleabilidad en al menos un 1% en sector público”, la promoción de “la participación de la población LGBTIAQ+ en las instancias de representación sindical, incluyendo negociaciones colectivas, independientemente del régimen laboral”, un “enfoque de garantía de derechos de la diversidad sexual en la formación inicial y continua de docentes y de quienes asuman funciones directivas en los centros educativos”, la incorporación de “un enfoque transversal de género e inclusión de personas LGBTIAQ+ en el currículum de las carreras de la salud”, la “discriminación cero” a través de la creación de “una canasta de prestaciones trans-no binaries como garantía explícita en salud, desde la perspectiva del cuidado, que contemple atención de especialistas, cirugías, fármacos y atención psicológica”, “acompañamientos especializados en salud mental a través de prestación GES, con foco en adolescentes y jóvenes y en la red de atención pública” y la modificación de la “ley de identidad de género para permitir el cambio de nombre y sexo registral desde los 14 años, estableciendo el procedimiento administrativo como regla general”. Ninguna de esas promesas se cumplió y algunos derechos, conquistados previamente, experimentaron retrocesos.
En relación con las demandas históricas más antiguas y emblemáticas de las diversidades sexuales y de género, si bien el programa presidencial no las abordó explícitamente, con el correr de los meses el Ejecutivo asumió el compromiso de crear una institucionalidad antidiscriminatoria, reformar la Ley Zamudio, crear una Ley de Educación Sexual Integral y derogar o enmendar el Decreto 924 del Ministerio de Educación. Sin embargo, dichos compromisos tampoco se materializaron.
Más aún, respecto de otras demandas históricas, como la derogación del artículo 365 del Código Penal y la instauración del Día Nacional de la Diversidad, si bien ambas fueron aprobadas por el Congreso Nacional en 2022, el Ejecutivo tuvo nula injerencia en esos procesos y otorgó escasa o ninguna relevancia a su aprobación, aun cuando se trataba de compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile. Una situación particularmente grave se produjo en relación con la demanda de derogación del artículo 373 del Código Penal, pues lejos de gestionarla, en 2022 el propio Ejecutivo actuó en sentido contrario al presentar una querella fundada en dicha norma.
Existieron, no obstante, otros compromisos del programa presidencial que sí llegaron a buen puerto, algunos con la densidad normativa necesaria, otros de manera frágil o contradictoria y varios como complemento de políticas previamente existentes.
Entre ellos se encuentra la promesa de reforzar el “cumplimiento de las circulares 21 y 34 del Ministerio de Salud sobre derechos de las personas trans”, las cuales, desde 2012 y 2011 respectivamente, garantizan el pleno respeto al nombre social y al género durante las atenciones de salud. Estas disposiciones se complementaron en 2022 con la circular N° 5, sobre “Atención de Salud de Infancia y Adolescencia Trans y Género No Conforme”; en 2023 con la circular N° 6, que exige a las instituciones y a los y las especialistas en salud mental otorgar asesorías libres de prejuicios y de discriminación a las personas LGBTIQ+; y en 2025 con la Resolución Exenta N° 733, que aprobó las “Consideraciones Técnicas Operativas para el abordaje de la Terapia Hormonal en Personas Trans Adultas”. Ya al finalizar su mandato, en 2026, el Minsal dio luz verde al “Protocolo para la Prevención y Atención Integral de Personas con Enfermedad por Relleno Sintético Permanente (ERSP) en la Red de Salud”.
Estas normas revisten especial relevancia. Por una parte, porque establecen que la identidad de género de niños, niñas y adolescentes trans debe ser respetada en igualdad de condiciones que la de las personas adultas a la hora de recibir atención médica; por otra, porque abordan por primera vez desde las políticas públicas la salud mental de las personas LGBTIQ+; y, finalmente, porque actualizan los procesos de modificación corporal de las personas mayores de 18 años, evitando su patologización, y enfrentan de manera más institucionalizada las graves consecuencias de la ERSP, que afecta principalmente a personas trans y mujeres cisgénero.
Algo similar ocurrió con la promesa de “garantizar el cumplimiento de la circular N° 18” del Ministerio de Salud, la cual prohibía las cirugías en recién nacidos intersex. Si bien el programa presidencial incurrió en un error en este punto (dado que dicha circular fue parcialmente anulada en 2016 por la circular N° 7) , lo cierto es que en 2023 la prohibición de realizar cirugías a niños, niñas y adolescentes intersex, hasta que pudiesen decidir por sí mismos, fue restablecida mediante la circular N° 15.
El Ejecutivo también dio cumplimiento a la promesa de exigir “protocolos de no discriminación y de integración” en colegios y liceos, a través de tres circulares emitidas por la Superintendencia de Educación. La circular N° 707, de 2023, instruyó la aplicación de los principios de no discriminación e igualdad de trato en el ámbito educativo, incorporando la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas. Posteriormente, la circular N° 781, de 2025, exigió a los establecimientos educacionales incluir estas y otras materias en los reglamentos internos de la educación básica y media. Ese mismo año se sumó la circular N° 782, que prohíbe sancionar a estudiantes en razón de categorías protegidas frente a la discriminación.
Asimismo, se avanzó en el compromiso de “contar con datos oficiales sobre violencia hacia personas LGBTIAQ+ en comunidades escolares”. Ello se expresó, por una parte, en la continuidad de los reportes anuales de la Superintendencia de Educación y, de manera especialmente relevante, en la publicación en 2025 del estudio “Discriminación por identidad de género: Análisis exploratorio de las denuncias ingresadas a la Superintendencia de Educación (2022–2024)”, el cual destaca por ofrecer una descripción integral y comprensiva sobre los efectos de los abusos contra las personas trans.
Otros aportes importantes bajo el gobierno de Boric
Existen otros ámbitos que, si bien no fueron mencionados de manera explícita en el programa presidencial, se enmarcan en sus principios antidiscriminatorios y, en tal sentido, constituyeron un aporte a los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, en la medida en que reforzaron la inclusión ya garantizada en leyes, políticas públicas vigentes o buenas prácticas del Estado.
Junto con las campañas anuales desarrolladas por el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, materializadas principalmente a través de la difusión de videos orientados a combatir el odio hacia las personas LGBTIQ+, dicha entidad inauguró y puso en funcionamiento el Biblioespacio Mónica Briones Puccio. A su vez, resulta destacable que la Dirección Nacional del Servicio Civil dispusiera, en 2022, un formulario en línea de postulación a empleos que incorpora, junto a las categorías de sexo femenino y masculino, la opción de no binario. En la misma línea, en 2022 el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) publicó las primeras directrices orientadas a la promoción de los derechos de las personas adultas mayores LGBTIQANB+. A ello se sumó, en 2023, la implementación por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de un plan piloto que orientó el acceso a la vivienda a personas LGBTIQ+ en situación de vulnerabilidad socioeconómica, así como la instalación en la ciudad de Arica de la primera placa en memoria de las víctimas LGBTIQ+ de la dictadura, iniciativa coordinada por la Subsecretaría de Derechos Humanos.
En 2023, el presidente Boric dio, además, una señal institucional relevante al ofrecer disculpas públicas, en un acto realizado en el Palacio de La Moneda, a la docente Sandra Pavez, quien en 2007 fue impedida de ejercer la docencia en Chile únicamente por ser lesbiana, situación que derivó en una histórica condena contra nuestro Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) modificó en 2025 el “Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales”, incorporando de manera explícita en la circular 3876 garantías y derechos para las diversidades sexuales y de género en el ámbito laboral. Ese mismo año, la Subsecretaría de la Niñez dio además una señal clara contra la discriminación hacia niños, niñas y adolescentes trans al patrocinar el cuento infantil “Ariel es una niña”, contribuyendo a la promoción de entornos respetuosos de la diversidad desde la infancia.
En el plano legislativo, Boric impulsó con éxito un proyecto de ley de protección de datos ideado por moción parlamentaria y por la ex presidenta Michelle Bachelet que incluía a la orientación sexual o la identidad de género como antecedente sensible y muy especialmente creó y logró la aprobación en el Congreso Nacional, ya al final de su mandato, de la Ley de Cuidados, donde se menciona expresamente el enfoque de la interseccionalidad y a las diversidades sexuales y de género como factores relevantes.
Los avances que no fueron tales
Una de las aproximaciones más lamentables del Gobierno a la temática LGBTIQ+ se expresó en la publicación de textos o “programas” que fueron presentados como avances o iniciativas pioneras, pese a no serlo, distorsionando con ello la realidad y afectando las confianzas entre la sociedad civil y el Estado.
Este fenómeno constituye uno de los ejemplos más claros de la ausencia de un diagnóstico adecuado sobre la realidad de las personas LGBTIQ+, así como de la intención deliberada de exponer como transformaciones profundas o relevantes iniciativas que, en los hechos, estaban lejos de serlo.
Es el caso de la denominada Mesa de Igualdad de Género, Diversidades e Inclusión, coordinada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la cual fue presentada como la primera instancia interministerial que trabajaba en alianza con congresistas y el movimiento LGBTIQ+, pese a que experiencias de ese tipo existían de manera frecuente desde al menos 2016, con antecedentes incluso durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000–2006).
Una situación similar ocurrió con el denominado “Protocolo de actuación y coordinación para víctimas de delitos por su identidad de género u orientación sexual”, presentado en 2023 como pionero por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), aun cuando desde el año 2013 ya existían políticas públicas y lineamientos institucionales en esta materia.
Por su parte, la Resolución Exenta N° 325 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, dictada en 2024, fue presentada como la primera norma que permitiría el acceso de las personas LGBTIQ+ a los subsidios del Programa Habitacional Fondo Solidario de Elección de Vivienda, pese a que dicho derecho nunca estuvo prohibido. En la práctica, la denominada “nueva política” introdujo más bien trabas al proceso, restringiendo en lugar de ampliar el ejercicio de este derecho.
Otro ejemplo, es la denominada “Política Nacional de Salud para Personas Trans y de Género Diverso”, publicada en 2025 por el Ministerio de Salud. Ello, debido a que no define actividades concretas, plazos de ejecución ni asignación de recursos económicos que hagan viable su implementación, configurándose más bien como una declaración de principios y objetivos, sin efectos operativos verificables. Más aún, tal medida fue presentada como la primera política sobre la materia, en circunstancias que avances el respecto se venían registrando desde el 2011.
Una lógica similar se observa en el “Protocolo de atención para personas que se acogen a la Ley N° 21.120 de identidad de género y a la Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación”, elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, así como en el “Manual de Orientaciones y Buenas Prácticas de Género en los Procesos de Intermediación Laboral” del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), ambos publicados en 2025. En estos casos, el primero se limita a enumerar derechos ya previamente conquistados, mientras que el segundo presenta un listado de promesas incumplidas, sin constituir un aporte concreto a la ampliación o comprensión de derechos.
Lo mismo ocurrió con un decálogo del Minsal, publicado en 2025, “para promover una atención de Salud respetuosa e inclusiva para la población LGBTI+”, el cual lejos de innovar, resume, muy brevemente, principios antidiscriminatorios y derechos vigentes antes de asumir el Gobierno
Los graves retrocesos
En medio de algunos avances y de múltiples promesas incumplidas, son los retrocesos los que impiden concluir un saldo final positivo o neutro del Ejecutivo en materia de derechos humanos de las personas LGBTIQ+, tanto porque constituyen los primeros traspiés relevantes desde la recuperación de la democracia como por sus efectos claramente nocivos.
En un plano general, entre los retrocesos se cuentan la negativa del presidente Gabriel Boric a reunirse con los movimientos LGBTIQ+ (situación que no se registraba desde 2012), su rechazo a iluminar el Palacio de La Moneda con los colores del arcoíris durante el Día Internacional contra la Homo/Transfobia, rompiendo con una tradición vigente desde 2016, y su incapacidad para incorporar de manera expresa en toda nueva legislación relativa a inclusión, las categorías protegidas de la discriminación, poniendo término a una tendencia existente desde la aprobación de la Ley Zamudio. Si bien, en este último punto, la responsabilidad no recae exclusivamente en el Ejecutivo; toda vez que las leyes son aprobadas o rechazadas por el Congreso Nacional; no es menos cierto que el Gobierno se movilizó de manera contradictoria y/o poco y nada,durante la tramitación de temas muy sensibles: la Ley de Convivencia Escolar y la Ley N° 21.643 que previene y sanciona el acoso y la violencia laboral o sexual en el trabajo. Ambos, excluyeron menciones expresas y directas de la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas.
Mientras el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio negó durante toda su administración el respaldo a actividades masivas y de larga trayectoria, como el Festival Internacional de Cine LGBTIQ+ y la marcha Santiago Parade, que históricamente habían contado con apoyo estatal, similar negativa señal dio al Injuv en 2025 al restar por primera vez su colaboración a dicho desfile.
La Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), en tanto, fue aún más lejos al desmantelar un programa que desde 2013 garantizaba asistencia a más del 90% de las denuncias por homo/transfobia conocidas en Chile, eliminando en 2023 todo financiamiento a la sociedad civil para colaborar en seguridad. Para enfrentar estos y otros retrocesos, algunas organizaciones debieron postular a subvenciones presidenciales, lo que, si bien evidencia sensibilidad del presidente Boric frente a la temática, refleja al mismo tiempo una profunda descoordinación y contradicción interna del Ejecutivo en esta materia.
En 2025, la SPD intentó maquillar el error cometido mediante la publicación de un documento titulado “Informe anual protocolo de actuación y coordinación víctimas de delitos por su identidad de género u orientación sexual”. Sin embargo, dicho texto solo da cuenta de la atención de 270 personas LGBTIQ+ en el plazo de un año, en su gran mayoría por motivos no vinculados a delitos por orientación sexual o identidad de género.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) tampoco estuvo a la altura, al excluir del Censo 2024 preguntas relativas a las orientaciones sexuales (a diferencia del Censo 2012, que al menos indagaba sobre parejas del mismo sexo) y a las infancias y adolescencias trans. A ello se sumó la entrega de resultados confusos, con dos cifras distintas respecto del número de personas mayores de 18 años que declararon una identidad de género diversa. Algo similar ocurrió con la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen), cuyos resultados sobre las personas LGBTIQ+ no se ajustaron a la realidad, particularmente en materia de discriminación, evidenciando severos problemas metodológicos. Y si bien el INE intentó “paliar” la exclusión del Censo al implementar en 2025 la denominada Encuesta Web Diversidades, respondida por 17.48 personas LGBTIQ+, lo cierto es que la misma entidad aclaró que los resultados obtenidos, dada la metodología utilizada, “no son representativos de toda la población de personas de las diversidades sexuales y de género en Chile”.
El Ministerio de Salud fue, con todo, la cartera donde se registraron los retrocesos más agudos. En 2024 ordenó, mediante la circular N° 7, diferir las terapias hormonales en menores de 18 años que iniciaran por primera vez su tratamiento. Un año más tarde, a través de la circular N° 8, estableció que solo los niños, niñas y adolescentes que contaran con autorización de sus representantes legales podrían acceder al Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), dejando en la indefensión a quienes son discriminados por sus propias familias, lo que constituye una evidente merma de derechos en comparación con los avances registrados en gobiernos anteriores.
Una de las mayores contradicciones con los principios de igualdad y no discriminación en esta cartera quedó al descubierto tras la muerte por suicidio, en 2025, de la periodista Sol Millakura Hernández Márquez, quien ese mismo año había denunciado a la Seremi de Salud de Valparaíso por condicionar el respeto a su nombre y género a la rectificación de su partida de nacimiento, un hecho brutal y sin precedentes en reparticiones dependientes del Minsal que obligó a la cartera, casi al final de su mandato, a publicar una resolución que prohibía este tipo de exclusiones, pese a ser ya ilegales.
El Ministerio de Salud y Fonasa se negaron, además, a poner término a la discriminación que afecta a las parejas del mismo sexo en el acceso a programas de fertilización asistida, pese a que en 2024 el movimiento LGBTIQ+ comunicó formalmente sobre casos concretos de exclusión que afectaron a parejas lésbicas, las cuales no recibieron respaldo ni contención estatal.
A ello se suman otros episodios preocupantes. En 2023, la Subsecretaría de Salud incurrió en el uso de lenguaje estigmatizante al desarrollar una campaña de vacunación contra la viruela del mono dirigida exclusivamente a hombres que tienen sexo con hombres. En 2024, el Minsal intentó además avanzar en un estudio sobre sexodopaje o chemsex en espacios de las diversidades sexuales y de género sin el consentimiento de las comunidades involucradas, debiendo en ambos casos dar pie atrás tras las críticas recibidas.
Durante 2025, organizaciones con amplia trayectoria en la prevención del VIH/SIDA y en la asesoría a personas que viven con el virus denunciaron, por su lado, un severo debilitamiento de la respuesta estatal, así como una reducción significativa de los recursos económicos mediante los cuales la sociedad civil contribuía al combate de esta problemática.
En el campo laboral la situación no fue mejor, a un punto que se conocieron graves denuncias por homo o transfobia al interior de reparticiones del Estado, teniendo como responsables a altas autoridades del Ejecutivo.
A los tristes hechos que afectaron a la periodista Hernández Márquez, se sumó en 2025 la denuncia por transfobia contra altas autoridades de la Seremi de Gobierno del Maule efectuada por una trabajadora trans, además de conocerse un caso similar en la Embajada de Chile en Colombia, tras abusos reportados por un funcionario en razón de su orientación sexual. Una situación vinculante se había producido ya en 2023, cuando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos legitimó públicamente que la Seremi del Biobío, Claudia Soto Candia, continuara ejerciendo su cargo, pese a haber obtenido su título profesional mediante una tesis que contenía planteamientos abiertamente homofóbicos.
En otros ámbitos, el Ministerio de Defensa fue inoperante frente a graves denuncias de homofobia en el Ejército; Gendarmería no enfrentó con decisión ni transparencia los abusos homo/transfóbicos al interior de los recintos penitenciarios; y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género cuestionó públicamente en 2023, de manera sesgada, a quienes tienen hijos e hijas mediante gestación subrogada, dañando particularmente la dignidad de familias conformadas por dos padres y una madre, mediante un lenguaje de odio que dicha cartera había erradicado en años anteriores.
En el plano legislativo, el Gobierno cedió en 2023 a las presiones de la ultraderecha al retirar su respaldo al proyecto de ley que declaraba el 9 de julio como Día Nacional de la Visibilidad Lésbica. Dos años más tarde, el Congreso Nacional eliminó de la Ley de Presupuestos 2026 el financiamiento destinado al PAIG, sin que el Ejecutivo desarrollara una campaña de información y sensibilización periódica en el Parlamento que permitiera contrarrestar dicho resultado.
Finalmente, la Cancillería concluyó su gestión sin contribuir de manera efectiva al cumplimiento de las condenas internacionales contra Chile por homo/transfobia ni a la ejecución de los Acuerdos de Solución Amistosa en materia de derechos LGBTIQ+, en especial aquellos casos heredados de administraciones anteriores que venían siendo abordados de forma progresiva, mientras que diversas carteras redujeron significativamente el financiamiento y apoyo a la labor promotora de los derechos humanos efectuada por las organizaciones de las diversidades sexuales y de género.
En síntesis, el balance del gobierno del presidente Gabriel Boric en materia de derechos humanos de las personas LGBTIQ+ es negativo debido a la existencia de retrocesos efectivos, verificables y atribuibles a decisiones del propio Ejecutivo.
A diferencia de los gobiernos anteriores, la administración de Boric incurrió en medidas regresivas en ámbitos clave (salud, prevención del delito, producción rigurosa de datos oficiales, política internacional y relación con la sociedad civil) que debilitaron estándares previamente consolidados. Estos retrocesos no se explican principalmente por la correlación de fuerzas en el Congreso, sino por diagnósticos errados, descoordinación interna y decisiones administrativas que vulneraron el principio de no regresividad en derechos humanos.
Un factor transversal en este resultado fue la adopción inicial de una política identitaria-ideológica promovida desde el Ejecutivo, que desplazó el enfoque universalista de derechos humanos y debilitó los consensos sociales y políticos previamente construidos en torno a la igualdad. Esta estrategia no solo tensionó la relación con organizaciones LGBTIQ+ con trayectoria, sino que facilitó la caricaturización y la resistencia de grupos anti-derechos, dejando sin respaldo efectivo a políticas públicas concretas.
El abandono posterior de ese enfoque, lejos de corregir el daño, fue canalizado como despriorización de las demandas LGBTIQ+, consolidando un escenario en el que se combinaron retrocesos normativos y mayor exposición de las personas LGBTIQ+ a situaciones de vulnerabilidad, nublándose así otros importantes avances de la gestión presidencial.
*Fotografía de archivo del presidente de Chile, Gabriel Boric. EFE/ Elvis González
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