Balance: los derechos LGBTIQA+ en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera

Como en mandatos anteriores, el Movilh entrega un balance sobre el saliente Gobierno en temáticas LGBTIQA+

Describir y analizar la realidad de los derechos humanos LGBTIQA+ bajo el Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) y la manera como el Ejecutivo se involucró o no con la temática es complejo, pues la figura presidencial es gravitante y tiene dos momentos: uno previo al 1 de junio del 2021 y  el otro, posterior a esa fecha, cuando el mandatario anunció urgencia a la tramitación del matrimonio igualitario, posibilitando con ello  la aprobación y promulgación de una ley que marca un antes y un después en la historia del país en materia anti-discriminatoria.

Sin ir más lejos, y por primera vez en la historia de los Informes Anuales de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, en 2020 Piñera se convirtió en hasta ahora el único presidente en ser incluido en el Ranking Anual de la Homofobia y la Transfobia, de la mano del Ministro de Justicia y  Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien durante la casi totalidad del mandato fue la voz que representó el rechazo gubernamental al matrimonio igualitario.

El Ministerio de Justicia una y otra vez se negó a cumplir con el Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) firmado por el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la aprobación del matrimonio igualitario y el impulso de otras diversas leyes y políticas públicas pro derechos LGBTIQA+. La misma cartera se movilizó además en repetidas ocasiones para restar o debilitar los derechos LGBTIQA+ en las normas, leyes y otras políticas públicas que iban debatiéndose a nivel ciudadano o legislativo.

En 2018 la cartera movió sus redes para negar expresamente en la Ley de Identidad de Género que los menores de 14 años trans pudiesen rectificar su partida de nacimiento; pese a que ello nunca había estado prohibido; y para que en la reforma a la ley de adopciones se privilegiara a parejas heterosexuales, en desmedro de las homosexuales, un peligro aún latente en el proyecto que discute el Congreso Nacional. Como si poco fuera, la cartera eliminó del Plan Nacional de Derechos Humanos el compromiso de “impulsar” el matrimonio igualitario.

Paradoja:  solo por  una decisión de Piñera; no comunicada previamente  a Larraín, finalmente fue el mismo Ministerio de Justicia el que desde junio del 2021 debió gestionar el avance del matrimonio igualitario. Solo desde ese momento, la subsecretaria de DDHH, Lorena Recabarren,   comenzó a promocionar una ley que antes de asumir en el cargo siempre había apoyado, mientras Larraín simplemente aceptó una orden presidencial que nunca ha compartido.

¿Qué sucedió?, ¿qué estaba pasando? Piñera, cuyo primer mandato (2010-2014) había sido fructífero para la causa LGBTIQA+, llegó a su segundo período decidido a caminar de la mano de corrientes ultra-discriminadoras y fundamentalistas que poco y nada cuestionó, privilegiando un diagnóstico totalmente alejado de la realidad del país y realizando cálculos electorales tan  errados como la visión que tenía de Chile. Y ello perduró  hasta el cable a tierra del Estallido Social de octubre del 2019, cuando se explicitó que las políticas gubernamentales no eran para nada representativas del país, tampoco de la causa LGBTIQA+.

En otras palabras, y felizmente, la fuerza que la ultra-derecha venía tomando en distintos  países y que el Gobierno en versión sui géneris buscaba imprimir a su gestión, no sería tolerada en Chile y, por el contrario, fue rechazada con tal fuerza que sobre el Ejecutivo de turno caería buena parte de la responsabilidad de los 30 largos años de desigualdad estructural del país.

En este transitar, al interior del Gobierno desde el inicio hubo fuerzas favorables a los derechos LGBTIQA+, ninguna las cuales tenían relación con Evópoli. Pese a que este partido pretendió vestirse con ropajes liberales, resultó ser el que más hilos movió a favor de las corrientes más homo/transfóbicas del Ejecutivo encabezadas históricamente por buena parte de la UDI.

Los respaldos más bien provinieron de independientes de Derecha,  de las corrientes más liberales de RN o de personas que habían militado en ese partido. Sin embargo, ninguna de esos sectores tenía el control sobre la agenda LGBTIQA+ más significativa y acorde a los nuevos tiempos, en tanto la conducción del ASA fue entregada al Ministerio de Justicia o, si se quiere, fue negociada con la UDI y, de pasada, secuestrada por Larraín.

El balance final sobre el quehacer del Gobierno en temas LGBTIQA+ es de luces y sombras.

Las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en el marco del Estallido Social y que cobraron vidas y dejaron brutales secuelas, son hechos que toda persona e institución; sea o no LGBTIQA+; debe repudiar y contribuir desde sus frentes a alcanzar justicia, sancionar responsables y reparar a las víctimas.

Doble es el dolor al recordar que los abusos contra las personas LGBTIQA+; y frente a los cuales muchos agentes gubernamentales o fueron responsables o guardaron silencio; también vinieron de la mano de torturas policiales contra activistas de la diversidad sexual y de género, sin que hasta ahora exista justicia o  reparación.

Al mismo tiempo, empero, bajo la segunda administración de Piñera la lucha por la igualdad y la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTIQA+ cumplió un ciclo, al conseguirse logros históricos que marcan un antes y un después, dejando en el pasado desigualdades que a comienzos de los 90 solo en sueños se creía desaparecerían.

Los avances

En el ámbito legislativo, bajo la administración de Piñera se aprobaron y promulgaron 8 nuevas leyes que entre sus contenidos protegen a las personas LGBTIQA+ y sancionan la homo/trans/les/bifobia: la Ley 21.120 de Identidad de Género (2018), la Ley 21.212 que Modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley 18.216 en Materia de Femicidio (2020),  la Ley 21.325 de Migración y Extranjería (2020), la Ley 21.400 de Matrimonio Igualitario (2021), la Ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior (2021), la  Ley 21.367, que suprime la causal  de divorcio culposo por homosexualidad (2021), la Ley  21331 de Salud Mental (2021) y  la Ley del Sistema de Garantías de la Niñez (2022)

En términos más simples, en cuatro años fueron aprobadas más leyes que en los 8 años previos a la segunda administración de Piñera y, de paso, más legislaciones que en toda la historia de lucha por los derechos LGBTIQA+- A esto se añade la ley 21.150 que crea el Ministerio de Desarrollo Social y la Familia, que si bien no menciona explícitamente a las personas LGBTIQA+, tiene un impacto positivo en las mismas; en especial en las parejas del mismo sexo y sus hijos/as, pues reconoce que las relaciones parentales no se dan solo por la sangre o lazos legales, sino también por los afectos.

Por cierto que la incorporación de las temáticas LGBTIQA+ en todas las normas fue impulsada e ideada desde los movimientos de la diversidad sexual y de género, mientras algunas leyes, como ocurre con el matrimonio igualitario, no nacieron desde el Gobierno de Piñera. También es verdad, y el matrimonio igualitario es la prueba más concreta de ello,  que el Congreso Nacional de mayoría opositora por múltiples razones decidió con sus votos que el momento para aprobar tales leyes era bajo el Gobierno de Piñera, aún cuando pudo hacerlo en el pasado, pues contaba con las mayorías para ello. Sin duda, el Estallido Social también golpeó al indiferente Congreso Nacional y a sectores que, autodefinidos como progresistas,  no usaron el poder democrático cedido por los pueblos para cumplir con sus promesas.

A los cambios legislativos se suman las políticas públicas, todas importantes, en especial las surgidas en aquel período gubernamental cuando las fuerzas más reacias a la igualdad tenían el control y obstaculizaban toda señal pro-LGBTIQA, contribuyendo a ser caldo de cultivo de una ola de violencia y discriminación que fue en ascenso.

Si en 2018 nada hubo a favor de los derechos LGBTIQA+ de parte del Gobierno, en 2019, la Subsecretaría de Prevención del Delito, con Katherine Martorell a la cabeza, se perfiló como la única entidad gubernamental que contribuyó con los movimientos LGBTIQA+ a dar asistencia jurídica y psicológica gratuita a las víctimas de la homo/lesbo/bi/transfobia, junto con impulsar en 2021 el primer estudio estatal y nacional sobre la violencia o delitos que pesan sobre las personas en razón de su orientación sexual, identidad  o expresión de género.

A su vez el  Departamento de Extranjería y Migración, dirigido por Álvaro Bellolio,  lanzó el primer instructivo sobre los derechos de las personas trans extranjeras (2020);  el Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia, con Sebastián Sichel a la cabeza, implementó un protocolo que garantiza la no discriminación por orientación sexual o identidad de género en los programas dirigidos a las personas sin casa (2019); la Superintendencia de Salud, coordinada por el  Intendente de Fondos y Seguros Previsionales, Manuel Rivera, dio vida a a una circular que impide a las isapres patologizar a las personas trans (2019) y el Sename, cuya directora es Rosario Martínez Marín, publicó su primera “Política para el abordaje de la diversidad sexual y de género en niñas, niños y adolescentes” (2021).

Por su lado, y desde junio del 2021 en adelante, la subsecretaria Recabarren jugó en el Congreso Nacional un rol gravitante para mejorar el proyecto de ley de matrimonio igualitario, mientras el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) produjo una encuesta nacional que indagó sobre el número de personas LGBTI menores de 29 años existentes en Chile, además de colaborar, al igual que el Minsal, en políticas de prevención del VIH en población con orientaciones sexuales o identidades de género diversas, jugando en este plano un trabajo muy importante de coordinación con la sociedad civil el Centro Regional de Información y Apoyo para la Prevención del VIH (Criaps).

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, liderado por Consuelo Valdés,  apoyó durante todo su período la exposición y el acceso ciudadano a expresiones artísticas con temáticas LGBTIQA+, mientras que la Ministra del Deporte, Pauline Kantor, respaldó públicamente la inclusión de atletas trans en clubes federados en un período donde había altas resistencia al tema (2019).

El Ministerio Secretaría General de Gobierno, en tanto, publicó en 2021  la Segunda Encuesta Estatal sobre Discriminación, incorporando la realidad LGBTIQA+. Resalta en este plano que el jefe de la cartera, Jaime Bellolio, desempeñó un rol político gravitante para mover la brújula del Ejecutivo a favor de los derechos de la diversidad sexual y de género, al igual que lo hizo la Ministra de Desarrollo y la Familia, Karla Rubilar.

Las acciones del director del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, Camilo Cayuqueo, también contribuyeron a los cambios, pese a lo debilitada de la institucionalidad que debió encabezar, toda vez que desde su creación ha carecido de los medios económicos y técnicos necesarios para cumplir su labor.

Otras iniciativas del Ejecutivo si bien no innovaron, ni crearon nuevas políticas, si fueron actualizándose o cumpliendo con las leyes y  normas que iban aprobándose. Son los casos de  un protocolo de la Superintendencia de Educación que garantizó la autonomía de estudiantes trans a partir de los 14 años (2021) y  la posibilidad de registrar el nombre social de las personas trans en el sitio de Fonasa (2021). En 2020, en tanto, nació una circular de la Dirección del Trabajo sobre derechos trans; las plataformas electrónicas del Minvu  fueron corregidas para que las parejas del mismo sexo pudiesen postular a subsidios habitacionales; el Minsal lanzó recomendaciones para acompañar a niños/as, niñas y adolescentes trans (NNA) en su proceso de transición, mientras Gendarmería estrenó un protocolo sobre derechos trans, que más bien respondió a las exigencias de al menos 9 fallos de tribunales que sancionaron a la entidad pro brutales casos de homo/transfobia en las cárceles. En 2022, en tanto, un nuevo dictamen de la Dirección del Trabajo garantizó a los hombres trans embarazados los mismos derechos que a las mujeres gestantes

Por último, y durante todo el período, el Estado apoyó tanto en la OEA como en la ONU resoluciones o declaraciones favorables a los derechos LGBTIQA+ a un punto que en 2021 Chile fue uno de los países que lideró la creación del denominado Grupo de Estados Amigos del Mandato del Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género (OSIG) de Naciones, siguiendo así con la línea que desde el 2003 impera en la Cancillería.

Las deficiencias

Los mayores problemas de la administración de Piñera se relacionaron con la  persistencia en  desatender acuerdos, exigencias o recomendaciones internacionales en materia LGBTIQA+, en especial las contempladas en el ASA:  no derogó los artículos 365, ni 373 del Código Penal, ni menos respaldó la creación de una institucionalidad antidiscriminatoria, negándose a patrocinarla en la reforma a la Ley Zamudio que tramita el Congreso Nacional. Tampoco en nada avanzó para la derogación del Decreto 924 del Mineduc o para la implementación de políticas a favor de mujeres lesbianas, bisexuales o trans, todos compromisos asumidos por el Estado en el ASA.

Además, el Gobierno nunca implementó políticas públicas focalizadas en identidad de género y orientación sexual en el contexto del Covid-19, como fue recomendado por la CIDH o la ONU.

En este plano, resalta el funesto desempeño del Ministerio de Relaciones Exteriores que, con Andrés Allamand a la cabeza, nada le importó al ASA, además de llegar al extremo de justificar hasta el último momento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que Chile tuviese el “derecho” de impedir a una docente, Sandra Pavez, dictar clases  solo por ser lesbiana.

A la par el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) rechazó sistemáticamente otorgar códigos a las prestaciones de cambio corporal de las personas trans, pese a compromisos que desde el 2013 han asumido todos/as los/as ministros/as de Salud en este campo, siendo más dramático el hecho de que  el Gobierno nada  hizo para enfrentar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometida por Gendarmería contra internos/as LGBTIQA+,  y que el 2021 derivaron en el suicidio de una persona, o por Carabineros, cuyos abusos además de sistemáticos, no derivan en sanciones contra los responsables, ni menos en reparaciones para las víctimas, aún cuando cada atropello fue informado a tiempo al Alto Mando.

Lo mismo ocurrió con la Armada que en 2020 legitimó las torturas contra un estudiante de la Escuela Naval Playa Ancha de Valparaíso, sin que el Ministerio de Defensa nada hiciera al respecto, a diferencia de lo ocurrido en 2021 cuando la cartera sí salió públicamente a criticar a la rama por impartir contenidos homo/transfóbicos entre los uniformados/as, pero sin conocerse hasta ahora sanciones al respecto.

Finalmente, el Registro Civil mostró una insensibilidad e inoperancia brutal al negarse a reconocer durante años la doble maternidad y paternidad, pese a que desde el 2017 había al menos un fallo de tribunales que lo obligaba en tal sentido.

Notas relacionadas:

• Balance: el segundo Gobierno de Bachelet y los derechos LGBTI
• Balance: el primer Gobierno de Piñera y los derechos de la diversidad sexual
• Más antecedentes sobre otros mandatos se encuentran en los Informes Anuales de DDHH de la Diversidad Sexual y de Género.