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Preocupante: Gobierno retira de la Contraloría el Plan Nacional de DDHH

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Sin indicar las razones de su medida. El Movilh instó al Ejecutivo a trasparentar su decisión y aclarar como hará partícipe a la sociedad civil en los eventuales cambios que introduzca el Plan “pues garantizar ello es una obligación legal”. 

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expresó hoy su “máxima preocupación” porque el gobierno del presidente José Antonio Kast retirara de la Contraloría el proyecto del Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2026-2029, al tiempo que instó al Ejecutivo “a transparentar sus decisiones, aclarando las razones de su medida”.

La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, recordó que la generación e implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) es una obligación establecida en la Ley 20.885, que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos. En su artículo 14 bis, la ley es clara en indicar que, para la formulación del plan, “se deberá tener en consideración la opinión de la sociedad civil”.

En tal sentido, el Movilh consideró que “el Gobierno en primer lugar debiese transparentar por qué ha retirado el plan y cuáles de sus elementos no comparte, de manera de evitar especulaciones. Entre otros temas, el plan retirado contemplaba medidas por la igualdad y la no discriminación a las personas LGBTIQ+. Considerando que en el pasado Kast ha sido un abierto opositor a la implementación de leyes o políticas a favor del sector, la situación es muy preocupante”.

Finalmente, Zúñiga señaló que “el gobierno debiese aclarar cómo y cuándo considerará la opinión de la sociedad civil en los cambios que eventualmente introduzca al plan, por ser ello una obligación legal”.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, señaló hoy sobre el Plan que “se va a revisar como corresponde a una nueva administración, y una vez revisado, se reingresará con aquellas modificaciones que al Poder Ejecutivo le parezcan en cumplimiento de la ley”.

El plan en cuestión fue presentado el pasado 4 de diciembre por el entonces ministro de Justicia, Jaime Gajardo, en el marco de la XXIII Sesión del Comité Interministerial de Derechos Humanos. La iniciativa incluía 175 medidas comprometidas por organismos públicos y fue diseñada con la colaboración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la sociedad civil.

Entre otros tópicos, el plan abordaba medidas para la promoción de la igualdad y la no discriminación, con énfasis en grupos en situación de vulnerabilidad; de la justicia, seguridad y vida libre de violencia; de la memoria histórica y justicia transicional; del desarrollo sostenible; y de la educación en derechos humanos, que impulsa formación ciudadana y capacitación a funcionarios del Estado.