Comisión Interamericana de DDHH declara admisible demanda contra Chile por homofobia
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La docente Sandra Pavez está desde el 2007 impedida de hacer clases en Chile sólo por ser lesbiana. La CIDH constató que ello se debió a una decisión de la Iglesia Católica amparada por facultades cedidas por el propio Estado. Un poderoso grupo ultraconservador, Alliance Defending Freedom, ya se opuso a la demanda ante la CIDH.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) declaró admisible una demanda internacional interpuesta contra el Estado de Chile por prohibir a una profesora, Sandra Pavez, hacer clases en razón de su orientación sexual.
Fue el 2007 cuando la Iglesia Católica negó a Sandra un certificado de idoneidad que la autorizaba a hacer clases de religión, a menos que fuera a un psiquiátra para revertir su homosexualidad, siendo dicha medida luego refrendada por un fallo de la Corte Suprema.
Para su cometido, el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, se valió del Decreto 924, el cual fue creado en 1984 por la dictadura de Augusto Pinochet. El Decreto no habla de homosexualidad, pero sí faculta a las iglesias a decidir quiénes son “idóneos” para dictar clases de religión, incluso en colegios laicos.
Tras demanda presentada por Pavez y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), la CIDH concluyó que Chile es presuntamente responsable de violar la Convención Americana de Derechos Humanos, en el marco de una acción emprendida por la Iglesia Católica gracias a facultades otorgadas por el propio Estado.
“La CIDH considera que los alegatos de los peticionarios relacionados con el alegado retiro del certificado de idoneidad con base a la orientación sexual de la presunta víctima, efectuado por las autoridades religiosas en uso de las facultades delegadas por el Estado mediante un decreto, requieren de un análisis en la etapa de fondo para evaluar su compatibilidad” con la Convención Americana de Derechos Humanos, dijo la instancia la declarar la admisibilidad.
Añadió que Chile sería responsable de violar 4 artículos de la Convención: el número 8 sobre el debido proceso; el 11 sobre la no injerencia en la vida privada; el 24, referente a la igualdad ante ley y la no discriminación y el 25, que garantiza un recurso sencillo y rápido frente a la violación de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.
La determinación fue firmada en Washington por la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine; por el primer vicepresidente, James L. Cavallaro; por el segundo vicepresidente, José de Jesús Orozco y por los miembros de la comisión Rosa María Ortiz, Tracy Robinson y Paulo Vannuchi. La notificación a las partes fue suscrita por el Secretario ejecutivo de la Comisión, Mario López-Garelli,
Junto con anunciar que la admisibilidad del caso será incluida en el Informe Anual de la Asamblea General de la OEA, la CIIDH dio un plazo de cuatro meses para que el Estado y el Movilh presenten argumentos de fondos o expresen alguna intención de solución amistosa.
Sandra Pavez
La docente se declaró“emocionada por la determinación de la CIDH, recorndando que han sido 8 años de espera y tristeza porque no ha vuelto a hacer clases.
Añadió que nunca pensó que sus capacidades profesionales; las cuales jamás fueron puestas en jaque por ningún colega, alumno o apoderado; serían menospreciadas por un aspecto de su vida privada, que no tiene relación alguna con la docencia.
Pavez dijo esta consciente de que la admisibilidad de la CIDH es solo un paso más en esta larga lucha que es bien difícil, pues no sólo se tarta de la homofobia del Estado. Se trata de una lucha contra la homofobia de la Iglesia y el Estado donde Sandra espera que triunfe la no discriminación.
Junto con valorar la “valentía y perseverancia de Sandra”, el director del Área de Derechos Humanos del Movilh, Rolando Jiménez, comentó que “quien nos representará en la CIDH será el abogado Ciro Colombora, a quien agradezco su apoyo profesional gratuito”.
Oposición homófoba
Comprendiendo que un eventual triunfo de Sandra Pavez no será sólo una derrota para el Estado, sino que también para la Iglesia, la organización Alliance Defending Freedom, vinculada al catolicismo, ya presentó ante la CIDH un “amicus curie” para argumentar que no se vulneraron los derechos de la profesora.
El grupo cuenta con 2.700 abogado, con 200 organizaciones aliadas en todo el mundo y con oficinas en México, Nueva York, Ginebra, Bruselas, Nueva Delhi, Viena y Washington. Al mismo tiempo, Alliance Defending Freedom está acreditado en la OEA, en el Parlamento Europeo, en la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, además de contar con el estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
El grupo argumentó que “muchas de las calificaciones que se requieren para ejercer una profesión, tiene que ver con la vida privada. En este sentido, la vida privada, toca el ámbito de la público y por ende no se está trastocando la esencia de la privacidad, sino únicamente el punto en donde convergen”.
A su juicio en el caso de Sandra “su vida privada estaba estrechamente relacionada con su profesión (…) En otras palabras, el obispado de San Bernardo no intervino en la esencia de la vida privada de la demandante, sino únicamente en la parte de la vida privada que se relacionaba directamente con su trabajo”.
En uno de los párrafos el grupo llega hasta a calificar de “buena fe” la exigencia de la Iglesia para que Sandra fuese un psiquiátra.
A la profesora le indicaron que “con su conducta estaba poniendo en peligro su idoneidad (yendo en contra de lo que establece el canon, norma pre-establecida), e incluso se le ofreció ayuda. Una ayuda que era de buena fe y de acuerdo a las creencias” de la iglesia, dijo el movimiento dando señales de los futuros argumentos que en este caso se irán poniendo sobre la mesa para negar el derecho de Sandra a ejercer la profesión que ama.
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