Los parlamentarios fueron elegidos para legislar y representar a la ciudadanía. Para eso se les paga y como cualquier funcionario deben cumplir su misión. Caso contrario, simplemente no están a la altura del cargo que les tocó desempeñar. Es un desperdicio inmoral que teniendo el poder para realizar cambios, poder delegado por los ciudadanos, este no sea utilizado cuando y donde corresponde.

6 de Octubre, 2005 (OpusGay).- Vergonzoso, repudiable e irresponsable es el mínimo de calificativos que pueden achacarse a los parlamentarios de la Concertación que nuevamente estacaron el total éxito de un proyecto de ley debido a su alta ausencia en el Congreso.

Cerca del 25 por ciento de los diputados permitieron con su indiferencia, y escaso compromiso con las funciones para los cuales fueron electos, que importantes artículos de la “Ley que Establece Medidas contra la Discriminación” resultaran ayer rechazados, pese a saber que desde la opositora Unión Demócrata Independiente (UDI) se haría todo lo posible por hacer fracasar la propuesta.

Han sido los diputados de la Concertación quienes más han tomado en sus discursos públicos la importancia de la no discriminación en el país, obteniendo a cambio una importante cobertura mediática que les trae decisivas ganancias electorales.

Personajes como los diputados Víctor Barrueto y Guido Girardi han sido los hombres del parlamento que han liderado estas luchas en términos históricos, pero fueron ellos mismos, junto a otros, quienes ayer brillaron por su ausencia en el Congreso.

Valorable es que otros, que también han hecho propia la defensa de la igualdad y el rechazo a todo tipo de discriminación, estuvieran presentes, siendo ejemplos las diputadas María Antonieta Saa y Carolina Tohá. Sin embargo, resulta incomprensible para la ciudadanía interesada en estos temas que los parlamentarios de un mismo partido den señales tan disímiles que, quizás injustamente, derivan en un cuestionamiento a todo el espectro político concertacionista.

Doblemente vergonzosa es la situación al considerar que sino fuera por la existencia de votos favorables de la otra fuerza opositora, (Renovación Nacional, RN, que poco y nada ha utilizado electoralmente el tema de la segregación arbitraria), el resultado de ayer hubiera sido totalmente desastroso y perjudicial para grupos humanos que día a día se ven afectados por la discriminación, sin contar hasta ahora con herramientas jurídicas eficientes destinadas a su defensa.

No tiene nombre el hecho que desde la sociedad civil, liderada en este caso por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), y desde el gobierno, en la persona de la ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Cecilia Pérez, se hubiera tenido que literalmente recordar a los honorables que asistieran a la polémica sesión que ayer hubo en la Cámara de Diputados y, al mismo tiempo, ponerlos al día sobre los contenidos de un proyecto que ni siquiera conocían con exactitud.

Los parlamentarios fueron elegidos para legislar y representar a la ciudadanía. Para eso se les paga y como cualquier funcionario deben cumplir su misión. Caso contrario, simplemente no están a la altura del cargo que les tocó desempeñar.

En otras palabras, es un desperdicio inmoral que teniendo el poder para realizar cambios, poder delegado por los ciudadanos, este no sea utilizado cuando y donde corresponde. Aquí es donde surge la pregunta de para qué un político se transforma en parlamentario. ¿Para sus mezquinos intereses personales o para hacer buen uso del poder que les fue delegado?

Los efectos concretos de la irresponsabilidad parlamentaria son muchos. Primero, el proyecto contra la discriminación que fue enviado al Senado ya no contiene una norma que pretendía legislar en contra de las arbitrariedades e injusticias padecidas por la diversidad en el sistema educacional. Segundo, posibilita que un partido que aborrece del progresismo y recurre a cualquier artimaña para desplazar la importancia de ahondar sobre el fenómeno de la discriminación, como es la UDI, termine sacando cuentas alegres, sin que esa inconsistencia con el respeto integral a los derechos humanos sea develada, pues públicamente resalta la irresponsabilidad concertacionista.

Así es como El Mercurio, el diario más influyente del país, señaló hoy en su titular que la ley contra la discriminación no fue aprobada por la falta de quórum que ocasionó la ausencia de parlamentarios de la alianza oficialista. Esta tendenciosa publicación que literalmente mintió sobre el resultado de la votación; porque en la praxis el proyecto si fue aprobado, siendo rechazados solo algunos de sus artículos; contribuye a develar la ineficiencia, en todo caso real, de un sector político que ha pretendido perfilarse como el paladín de la no discriminación.

El odioso y perjudicial rechazo de la UDI a la norma fue, en cambio, casi invisible y menos relevante de analizar por la prensa, aún cuando este partido es el principal responsable de que en el Congreso toda norma referida a la no discriminación sea estancada, desplazada o eliminada.

Y en este lamentable panorama no sólo son responsables los partidos políticos, sino también una sociedad civil apática que no ha sabido movilizarse en torno a la ley contra la discriminación, dejando toda la carga de trabajo en un solo grupo, el Movilh.

Tan desalentadora es esta situación que en el mismo momento que se votaba en la Cámara de Diputados el proyecto, en el edificio había un seminario sobre personas con discapacidad, las cuales en ningún momento se mostraron interesadas en colaborar con la causa. Más aún, quizás jamás supieron que en ese instante se votaba un proyecto que incide indiscutiblemente en su calidad de vida.

Otros sectores, también beneficiados con el proyecto; como las minorías étnicas, religiosas las personas viviendo con VIH/SIDA, los inmigrantes, los adultos mayores e incluso la casi totalidad del movimiento de la diversidad sexual; se han mantenido al margen de una lucha que fue iniciada en 1997 por un sector minúsculo de la sociedad civil. Por supuesto que en algunos momentos ha habido excepciones, pero estas no han pasado de ser coyunturales, jamás persistentes, y en la praxis poco y nada han contribuido a que el proyecto contra la discriminación se transforme en ley.

Aún así se ha visto como diversos sectores sociales aprovechan manifestaciones de corte corporativista para demandar, nótese este verbo, una ley antidiscriminatoria en Chile, sin jamás haber propuesto nada para su concreción, pero utilizando inmoralmente el tema para fines de figuración pública. También es conocido el hecho de que la movilización social aumenta cuando ya el mayor y más difícil camino respecto a un tema ya está casi por llegar a su fin, pero ello no solo está lejos de una contribución, sino que solo es oportunismo y aprovechamiento de quienes verdaderamente han hecho la pega. No será raro entonces que ahora, cuando el proyecto contra la discriminación entró a su recta final al pasar al Senado, sean muchas más las voces que vayan sumándose con un interés para nada genuino en esta cruzada.

Se ha llegado a un momento donde gran parte de la sociedad civil duerme en los laureles, contentándose con “aportes” discursivos esporádicos, y nunca prácticos, como si ello contribuyera de alguna manera a ampliar los derechos ciudadanos a los cuales todos aspiran.

Quizá por ello es que tenemos parlamentarios ineficientes y una dirigencia político/partidista que refleja precisamente a los ciudadanos que los eligen. O quizás la sociedad civil indiferente es el resultado de la irresponsabilidad de los legisladores. Pero sea cual sea el caso, lo concreto es que el deber de todos es romper con estos límites de apatía que a nada conducen y que tanto retrasan la construcción de sociedades más justas.

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