UN 92 POR CIENTO DE LA POBLACION PIENSA QUE LOS CHILENOS “SOMOS DISCRIMINADORES”
Así lo arrojó el segundo estudio sobre derechos y ciudadanía elaborado por la corporación “Genera Ideas y Acciones Colectivas”. Los más afectados son las personas pobres o las con apariencia física distinta al modelo predominante. La orientación sexual sólo es mencionada por el 3 por ciento como la principal forma de discriminación, lo cual evidencia una vez más la baja en la homofobia.
Por Alberto Roa
22 de noviembre, 2006 (OpusGay).- Con el fin de identificar de que manera los ciudadanos chilenos viven y valoran la protección, el respeto y el ejercicio de sus propios derechos, la corporación Genera Ideas y Acciones Colectivas lanzó hoy en la Biblioteca de Santiago los resultados de su segundo estudio de opinión pública.
Comentado por el Premio Nacional de Historia 2006, Gabriel Salazar, y al vicerrector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, el estudio de carácter cualitativo y cuantitativo consultó a 517 hombres y mujeres residentes del Gran Santiago cuyas edades oscilan entre los 16 y 65 años.
Con un margen de error del 4.4 por ciento, la investigación consideró la realidad de la discriminación en Chile, aspecto de especial relevancia en un país que está a pasos de transformar en ley un proyecto que sanciona a los responsables de las exclusiones arbitrarias que afectan a las minorías y a diversos sectores sociales.
DISCRIMINACION Y MINORIAS SEXUALES
De acuerdo a la investigación, el 92 por ciento de la población estima que “los chilenos/as somos discriminadores/as” , cifra que asciende al 94.4 por ciento al considerar sólo a las mujeres y que merma al 89.4 por ciento en los hombres.
En tanto, “entre los 16 y 20 años la casi totalidad tiene esa percepción”, explicaron los sociólogos responsables del estudio, Francisco Carreras y Martín Tirón.
Dichos resultados son coherentes con que el 77 por ciento piense que los derechos de las personas son “poco y/o nada respetados en nuestro país“, mientras, como consecuencia, la mitad denuncia haber sufrido la vulneración de al menos uno de sus derechos en el último año.
Para Salazar estos datos demuestran la existencia de “una pobreza ciudadana” retroalimentada con una crisis de “eficiencia, legitimidad y representatividad” en el Estado y con la incapacidad de gran parte de la sociedad civil de ligar la exigencia de sus derechos a la lucha por accesos al poder.
En el plano específico de la discriminación, los chilenos creen que el sector más afectado por ese fenómeno son los pobres, mencionados por el 37 por ciento, seguido por los factores de “color de piel y apariencia física” (24 por ciento), “no tener suficiente educación” (9 por ciento), “ser viejo” (8 por ciento), “ser discapacitado” (5 por ciento) y “tener origen extranjero” (4 por ciento).
En tanto, sólo el 3 por ciento identificó a la orientación sexual como “una de las discriminaciones que más afecta a nuestro país”, lo cual es interpretado como una percepción generalizada y comprobada sobre bajas en la exclusión a las minorías sexuales en la última década.
Tal diagnóstico ya había sido advertido por el Estudio Mundial de Valores dado a conocer en septiembre pasado por la empresa Mori. Según esa investigación, en Chile hay una “aceptación progresiva de la homosexualidad que ha sido sorprendente” al compararse con cualquier pronóstico pasado.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), grupo parte de la “Red Ciudadana contra el Abuso de Poder” que lidera Genera, compartió “los avances significativos conseguidos gracias a la lucha de las minorías sexuales organizadas” , sin embargo, advirtió que estos datos son “un arma de doble filo” .
“Que la homofobia y transfobia ciudadana han mermado de una manera inimaginable años atrás es una realidad por donde se mire. Sin embargo, también las encuestas, como las de la Universidad de Chile y la Fundación Ideas, indican que en lo referente a la igualdad de derechos para nuestro sector más de la mitad de los chilenos se opone”, indicó la activista del Movilh, Mabel Larraín.
Añadió que “a ello se suma que los más violentos casos de discriminación afectan a las minorías sexuales. Vemos entonces, que baja la homofobia ciudadana, pero aumenta su virulencia en los casos puntuales. Vemos una mayor aceptación, pero a la hora de acceder a derechos concretos, casi la mitad del país se opone“.
Similares explicaciones puede darse en el caso de las mujeres, los pueblos originarios y el “lugar de proveniencia”, mencionados también por el 3 por ciento como los más afectados por la discriminación, y en relación a los jóvenes, identificados sólo por el uno por ciento como el sector más excluido.
¿QUIENES GARANTIZAN DERECHOS?
Denominado “Derechos y ciudadanía en el Chile de hoy”, el estudio de Genera es parte de la campaña nacional contra el abuso de poder que inició este organismo el 2005.
Dicha campaña contempla un Acta Compromiso por los Derechos Ciudadanos que fue redactada por la Red Ciudadana contra el Abuso de Poder e incluye como uno de sus temas centrales la lucha por la pronta aprobación de ley contra la discriminación.
Junto a los tópicos de las exclusiones sociales, la investigación también reveló paradojas entre quienes piensan los chilenos que “deben garantizar sus derechos” y quienes efectivamente están cumpliendo tal función.
Para la ciudadanía los principales responsables de garantizar sus derechos son el gobierno (77 por ciento), el poder judicial (44 por ciento), los servicios públicos (22 por ciento) y las policías (21 por ciento).
Siguen, las familias (18 por ciento), cada persona (17 por ciento), el municipio (17 por ciento), senadores y diputados (14 por ciento), establecimientos educacionales (13 por ciento), organizaciones sociales (11 por ciento), empresas privadas (11 por ciento), medios de comunicación (10 por ciento), partidos políticos (8 por ciento) y las iglesias (6 por ciento).
“Sin embargo, en cuanto a su contribución efectiva en garantizar los derechos, ninguno de estos organismos cuenta con un porcentaje mayor al 40 por ciento , advierte Genera.
En efecto, en relación a los “agentes que más contribuyen a garantizar los derechos de las personas”, el gobierno es el único mencionado en los primeros lugares con el 35 por ciento. Luego es seguido por actores no estatales como la familia (31 por ciento), los medios de comunicación (26 por ciento), cada persona (24 por ciento) y las organizaciones sociales (19 por ciento).
“El Parlamento (13 por ciento), las empresas privadas (9 por ciento) y los partidos políticos (8 por ciento) son los peores evaluados en cuanto a su contribución a garantizar los derechos en nuestro país“, añade el estudio.
Para la directora ejecutiva de Genera, María Eugenia Díaz, estos datos llevan a concluir que “el ejercicio social es el contrapoder ciudadano contra las situaciones de abuso”, en el entendido que se ve al Estado como responsable de reguardar derechos, pero se considera a agentes estatales como las mejores instancias que han cumplido dicho fin.
“LOS DERECHOS MAS IMPORTANTES”
La principal conclusión del estudio es que los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) son hoy considerados en el país como lo más importantes por los chilenos, pero al mismo tiempo es en esas áreas donde hay mayores deudas.
“Existe una comprensión amplia de lo que son los derechos ciudadanos. Se asocian fundamentalmente a los derechos económicos, sociales y culturales. La relevancia de los DESC es que una vez restablecidos los derechos civiles y políticos en nuestro país, se avanza hacia lo que se ha denominado ciudadanía social”, sostuvieron Carreras y Tirón.
Para la opinión pública consultada los derechos más importantes de proteger o garantizar son la educación (67 por ciento), la salud (56 por ciento), la vida (32 por ciento), la igualdad ante la ley (28 por ciento, la vivienda (28 por ciento), la integridad física y psíquica (24 por ciento), los derechos laborales (21 por ciento), la libertad de expresión (19 por ciento), la seguridad pública (13 por ciento), la libertad religiosa (6 por ciento), la libertad de asociación (dos por ciento), previsión (uno por ciento) y recreación (uno por ciento)
Dramáticamente el 60 por de la población considera que la educación no ha mejorado en los últimos 10 años, mientras un 56 por ciento se siente desprotegido respecto a la salud y un 70 por ciento se ve desvalido en previsión social.
Pese a ello, existen esperanzas para un Chile mejor, pues el 82 por ciento estima que es posible mejorar el respeto a los derechos de las personas. Existen, a juicio de Genera, “ indicios de un nuevo imaginario sociocultural más activo en el control social de las instituciones”, donde las nuevas generaciones tienen un rol fundamental.
Ello, porque la “comprensión de derechos que surge hoy en día es mucho más polifacética y compleja que la que teníamos a principios de la década de los 90′, y remite a un horizonte de valores ciudadanos que arraiga finalmente en la necesidad de asegurar una mayor integración social“, puntualizó la investigación.
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