En medio del debate nacional provocado en Chile por el emblemático triunfo de un padre homosexual que ganó la tuición de sus dos hijos, otra persona gay que se traviste como medio de subsistencia económica está recién partiendo un juicio similar en Valparaíso. El caso es complejo y ya está recibiendo la asesoría del movimiento de minorías sexuales.Por D.U

19 de marzo, 2009 (OpusGay.cl).- Yonathan Maximiliano Cárdenas Opazo tiene 22 años y en la actualidad convive con la madre de su hijo en una pieza de la calle Uruguay de Valparaíso.

El problema por el cual atraviesa Yonathan es particularmente difícil, por cuanto no sólo padece discriminación en razón de su orientación sexual, sino también por el trabajo que ejerce esporádicamente como medio de subsistencia económica: en las noches se traviste para ejercer el comercio sexual y/o para hacer espectáculos de transformismo en locales nocturnos.

Su orientación sexual y fuente laboral, según denuncia, se perfilaron en las principales razones para que la asistente social del consultorio Jean y Marie Thierry, Lorena Elgueta, emitiera el 29 de diciembre pasado un informe donde pidió una medida cautelar que busca despojar al padre de su hijo, Y.M.C.A, nacido el 10 diciembre del 2007.

En el escrito entregado a la magistrada del Juzgado de Familia de Valparaíso, María Angélica Detaille Olivares, la asistente social concluyó que la situación del menor ” es de alto riesgo, ya que los padres no ejercen en forma adecuada su rol parental”.

Horas más tarde, la Policía de Investigaciones retiró al niño de la casa de su familia, derivándolo al Hogar Niño Amor de Viña del Mar, donde permanece en la actualidad.

Sin mayor impacto, una parte del caso fue conocida el pasado 24 de febrero en una publicación de La Estrella de Valparaíso, donde Cárdenas Opazo denunció que tras asistir el 8 de julio del 2008 al consultorio para tratar a su hijo, el médico de turno, Felix Granda, optó por derivar su caso a la asistente social, sólo en razón de su orientación sexual.

“Íbamos al consultorio Jean y Marie Thierry, donde había gente homofóbica que no nos trató bien, por lo cual tuvimos problemas. Entonces me dijeron que me tenía que separar del niño por mi condición y ahí nos derivaron a la asistente social”, denunció.

Según consta en un informe preparado por la asistente social, al cual tuvo acceso OpusGay.cl, los estudios del caso tuvieron lugar entre julio y diciembre pasado, terminando la investigación de la profesional con la solicitud de una medida cautelar.

Sin embargo, la asistente social entregó antecedentes falsos y omitió un documento de un jardín infantil que rescata la idoneidad de Cárdenas Opazo como padre.

“Hasta el momento, todo indica que acá, al menos inicialmente, operó la homofobia y el prejuicio, pues no hay ninguna denuncia de algún abuso psíquico o psicológico en contra del menor, todo lo contrario”, señala al Movilh.

“Los únicos argumentos que aportó esta asistente social, fueron la orientación sexual del padre y su desempeño en el comercio sexual, elementos que en nada se relacionan con la condición de buen o mal progenitor de Cárdenas Opazo”, añade el Movilh, que asesora desde febrero pasado a la familia afectada, en el marco de apoyos legales a transexuales y travestis que inició el 2008 con el respaldo de la Fundación Triángulo y el Ayuntamiento de Coslada.

“HA ENTREGADO AMOR Y CARIÑO”

 

Justamente un día antes de que explotara públicamente el miércoles 11 de marzo el emblemático caso de C.P.W (35), quien ganó la tuición de sus dos hijos en un proceso seguido por el Juzgado de Familia de Puente Alto, Cárdenas Opazo formalizó su denuncia de discriminación en contra de la asistente social ante el Secretario Regional de Ministerial de Salud, Fernando Olmedo.

A la cita, coordinada en reserva por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Cárdenas Opazo llevó como principal prueba de su idoneidad como padre un informe emitido por la directora del Jardín Infantil Little People, Bárbara Barlari.

En primer lugar, Barlari sostiene que el menor de un año y dos meses “presenta un comportamiento propio de su edad. El es tranquilo y se motiva fácilmente, siente adoración por sus padres y su hermana, la cual también es alumna del jardín”.

En relación al padre sostuvo que él “es parte activa de algunas de las actividades del jardín, confeccionando disfraces, afiches y tenidas espectaculares para la presentación de los niños (…) Ha sido un apoderado ejemplar, le ha entregado mucho amor y cariño al pequeño y este lo adora”.

Por último, y sobre la condición de travesti del progenitor, la directora reconoce que tenía conocimiento de ello, “pero no es tarea mía juzgar las actividades que una persona tenga fuera del establecimiento. El es un excelente padre y muy dedicado en la crianza de sus hijos”.

Cárdenas Opazo no sólo denunció a la asistente social del consultorio por esta situación, sino también porque en su informe a la justicia señaló que el padre no había llevado a control médico a su hijo en varias oportunidades, sin embargo, en las fechas que la profesional dice que ocurrió ello, el menor estaba hospitalizado o el recinto estaba en paro.

En efecto, fue el 13 de mayo del 2008 cuando al menor se le diagnóstico síndrome bronquial obstructivo, situación que lo obliga a asistir a variados controles y que el 22 de octubre del mismo año derivó en su ingreso al Hospital Carlos Van Buren, donde permaneció seis días, según consta en el estado de cuenta de Fonasa.

Sin embargo la asistente indicó en su informe al Juzgado; en un acto hasta ahora no explicado por ella, pese a la insistencia del Movilh al respecto; que el menor se ausentó de los controles el 23 de septiembre y el 6 y 22 de octubre.

“La razón es lógica. Los dos primeros días el consultorio estaba en paro, mientras que el 22 de octubre mi hijo estaba hospitalizado”, se queja el padre.

Con todo, el caso es más que complejo aún, pues la madre tiene otros tres niños nacidos en relaciones pasadas. Dos son mujeres, de 6 y 12 años, y el otro un menor de 9 años. Mientras la primera vive con su abuela materna, la segunda está al cuidado de la abuela paterna, en tanto el chico está bajo la tutela de un madrina en Mendoza.

“Es cierto que la madre ha tenido problemas legales de tuición, y los sigue teniendo, pero la verdad es que la responsabilidad de cuidar el menor de dos años no es sólo de ella, sino también de su padre, cuya labor como tal es elogiada por el Jardín Infantil del niño”, señalan en el Movilh en relación al primer caso de tuición peleado por una persona travesti en Chile.

Agregan que “si se llegara a demostrar que Cárdenas Opazo es un mal padre, por supuesto que le restaríamos todo apoyo, pero mientras todo indica que el despojo de sus hijos se inicio a raíz de un informe que hace hincapié en su orientación sexual, en su trabajo en el comercio sexual y que además omite antecedentes y falsea otros, no podemos sino aseverar que el proceso se inicio por prejuicio y ello es inaceptable”.

En otras palabras, “si la madre está inhabilitada, ello no tiene relación con el padre. El reciente fallo del Juzgado de Puente Alto que entregó la tuición a un padre gay en medio de denuncias contra la progenitora, a quien se acusó de maltratos contra sus hijos, demuestran que la eventual irresponsabilidad de uno de los dos, no es extensiva al otro y eso es lo que buscamos garantizar, que el caso se analice sin que interfiera la orientación sexual o el trabajo en el comercio sexual”, puntualiza el Movilh.

MAL CONTEXTO

La situación vivida por Cárdenas Opazo se da en un mal contexto público, pues luego de conocerse el fallo que entregó la tuición a C.P.W las opiniones públicas de autoridades contrarias a esta determinación fue mayor a las de las favorables, mientras que el gobierno una vez más, optó por guardar silencio respecto a casos que involucran a las minorías sexuales, pese a haber sido consultado por la prensa.

La declaración más catastrófica provino del Cardenal Jorge Medina quien señaló que los homosexuales “no están capacitados para formar a otros, ni siquiera a sus hijos”, pues “están contra la moral” y son “un mal ejemplo de la naturaleza”.

Los dichos fueron repudiados por el Movilh, y también por el Movimiento de Unificado de Minorías Sexuales, por considerarlas “una invitación al odio tal cual lo hizo la Iglesia en tiempos de la Inquisición y durante muchos años cuando quemaban a mujeres y homosexuales por atreverse a ser diferentes”.

Igual de virulenta fue la diputada María Angélica Cristi (UDI) luego de sostener que “aunque parezca muy discriminatorio no es lógico que un niño tenga por papá o mamá a dos hombres o dos mujeres. Eso los distorsiona en su formación”.

La guinda de la torta la puso el diputado Marcelo Forni, quien luego de tratar de anormal a los homosexuales fue increpado respecto a si daría igual calificativo a un hijo suyo que fuera gay. “Por supuesto”, respondió.

En tanto, el Servicio Nacional de Menores (Sename) nada dijo, aspecto que fue rechazado particularmente por el Movilh.

“Si bien no puede referirse a casos puntuales que no conocen, si pueden fijar postura respecto a las familias homoparentales a objeto de educar a la población, pero acá la homofobia, o quizás la cobardía, se imponen en el Sename”, sentenció la activista Sofía Velásquez.

Sea como sea, el debate sobre las familias homoparentales volvió a instalarse en Chile luego de que la jueza Karen Atala fuera despojada de sus tres hijas en el 2004 por la Corte Suprema, violento acto que en la actualidad es analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sobre la materia Atala señaló a El Mercurio el domingo pasado que el “fallo, que me privó de la tuición de mis hijas, deja en evidencia que en este país las personas no somos consideradas iguales y que se hacen distinciones en torno a prejuicios, lo que evita la consolidación de una verdadera democracia”,

Sin duda, que los resultados de la investigación de la CIDH en tormo al caso Atala serán más que importante para las actuales y futuras luchas que madres y padres homosexuales están dando en Chile y que pronto se traducirán en la presentación de un proyecto de ley que busca impedir el despojo de hijos o hijas en razón de la orientación o la identidad de género.

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