Con el fallo que quitó la tuición de sus hijas a la jueza Atala, la Corte Suprema actuó como juez, médico, guía espiritual y Dios. Como efecto, se vulneraron los derechos del niño, de las mujeres y de los homosexuales. Los magistrados responsables se perfilaron como un triunvirato déspota y autoritario de fuerza insuperable en Chile, al menos hasta ahora.

1.- Matilde, Victoria y Regina están viendo como sus derechos son vulnerados por tres “verdugos” de la Corte Suprema que jamás las han visto, ni escuchado y, sin pudor, se atreven a interpretar arbitrariamente sus deseos y decidir cuál es el camino para su felicidad.

Aún conociendo que en un fallo de primera instancia las hijas de la jueza Karen Atala explicitaron su preferencia de vivir con la madre, los magistrados José Luis Pérez, Urbano Marín y Jorge Medina no sólo pasaron por alto tan humano deseo, sino que además en el dictamen donde dieron la tuición al padre, ni siquiera se hicieron cargo de tan brutal anomalía.

Primera Verdad: Pérez Marín y Medina violentaron la Convención de Derechos del Niño.

2.- Los magistrados tampoco otorgaron veracidad a diversos estudios nacionales e internacionales que demuestran la inexistencia de incompatibilidades entre ser madre y lesbiana.

Más todavía, y en una conducta claramente arrogante, afirmaron que los estudios “son sólo elementos de la convicción que deben formarse personalmente los jueces, al ponderar en conjunto los medios de prueba”, lo cual es igual a decir que de nada valen las investigaciones científicas, si esas no están acordes con los valores e interpretaciones íntimas de los jueces.

Segunda Verdad: La Cuarta Sala de la Corte Suprema actuó como médico, psicólogo y psiquiátra, convirtiendo a los aportes científicos en innecesarios para la definición de los fallos y, en consecuencia, en absurdo el considerarlos como medios de prueba.

3.- Según alega el voto minoritario, en el Caso Atala “no existen antecedentes de los que pudiera especularse que la madre (de profesión abogado y que se desempeña como jueza) hubiese maltratado o descuidado a sus hijas”.

Sin pruebas, en cambio, el triunvirato afirmó que la explicitación de la jueza sobre su lesbianismo sumado a que convive con su pareja mujer, implicaron que la madre “interpuso sus propios intereses, postergando el de sus hijas”, lo cual “configura una situación de riesgo para su desarrollo integral”.

Tercera Verdad: El inédito dictamen basó su resolución en suposiciones y especulaciones sobre la calidad de vida de las niñas, sin contar con pruebas que avalaran sus dichos.

4.- Ligado al punto anterior, los magistrados sostuvieron que la explicitación de la orientación sexual de la madre no “merece reprobación o reproche jurídico alguno”, pero a la par se utiliza en un mismo párrafo ese motivo como uno de los argumentos para despojar a la jueza de sus hijas.

Lo expuesto, sumado a dichos del mismo presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, para quien un juez puede ser homosexual “mientras no lo pillen porque le cortamos la cabeza” , deja claro que el espíritu de los máximos representantes del Poder Judicial es relegar a las orientaciones sexuales minoritarias a la clandestinidad. Caso contrario, son sancionadas.

Cuarta y Quinta Verdad: Las argumentaciones de los jueces sobre sus fallos se arrogan la facultad de contradecirse sin ahondar en fundamentos racionales y lógicos. En casos específicos referidos a las minorías sexuales, en tanto, expresan sin remordimiento una enfermiza homofobia que pretende regular la vida privada de los homosexuales, violentando con ello derechos humanos y constitucionales.

5.-Como bien lo argumentan los votos contrarios de los magistrados José Benquis y Orlando Alvarez, la Cuarta Sala de la Corte Suprema sólo debía resolver si los jueces de la Corte de Apelaciones de Temuco que habían otorgado la tuición a la madre incurrieron en una “falta grave” y, bajo ningún punto de vista (“por imperativo legal”) transformase en una tercera instancia que dictara sentencia definitiva sobre quién era la persona idónea para el cuidado de las menores.

Sexta Verdad: Los responsables de quitar la tuición a la jueza Atala, se hicieron de un poder mayor al que corresponde a la Corte Suprema. Atendiendo a que el Ejecutivo y el Legislativo son poderes independientes y que, al mismo tiempo, por razones políticas, legales y/o estratégicas su intervención práctica en el caso es nulo, Pérez, Marín y Medina formaron un triángulo que los convierte en un Dios de fuerza insuperable, al menos en Chile.

Son entonces las movilizaciones sociales y las denuncias contra los jueces a nivel internacional las únicas armas con la que cuentan la jueza Atala, las minorías sexuales en general y sus defensores locales, para sancionar a esta contemporánea Santísima Trinidad.

Las “cruzadas” por el perfeccionamiento de la democracia y el respeto real a los derechos humanos deben avanzar con responsabilidad y verdad y aunque eventualmente los frutos no sean conocidos por las actuales generaciones, la historia no olvidara una de las más graves opresiones e injusticias contra la diferencia originadas precisamente por quienes debieron aniquilarlas.