El recurso de protección es patrocinado por el abogado Alfredo Morgado y respaldado por el Colegio de Profesores y la Internacional de Educación. El vicario de San Bernardo, René Aguilera Colinier, es acusado de quebrantar la Constitución y violentar tratados internacionales al impedir a la profesora ejercer su oficio sólo por ser lesbiana.Por Daniel Ulloa

20 de agosto, 2007 (OpusGay).- Durante varias semanas la profesora de religión S.C.P.P estuvo pensando si iniciaba o no acciones legales en contra del vicario para la Educación de San Bernardo, René Aguilera Colinier, quien le denegó el certificado de idoneidad que por ley necesita para ejercer su profesión.
La mujer; con 25 años de ejercicio profesional, incluido un noviciado de ocho años; conversó durante largas jornadas con su familia y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) para tomar una determinación.
Su primera opción, comenta a OpusGay, fue dialogar de manera “sincera y transparente” con altos representantes de la Iglesia Católica para buscar una solución. La idea era demostrar a la Iglesia que denegar el ejercicio profesional en razón de la orientación sexual iba en contra de todo principio de la no discriminación.
Fue así que el Movilh se reunió el pasado 18 de mayo con el Obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, “pero éste no sólo avaló impedir a la profesora hacer clases, sino que en forma petulante nos desafió a iniciar las acciones legales que quisiéramos“, recuerda el presidente del movimiento, Rolando Jiménez.
El Movilh se jugó una segunda carta. Esta vez ante el presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, el mismo que dio una histórica muestra de apertura al reunirse con las minorías sexuales organizadas el 16 de enero del 2006.
Tras cartas enviadas al religioso el 29 de mayo y el 6 de agosto pasado, Goic contestó el 10 de agosto que “en conformidad con las disposiciones del Código de Derecho Canónico, no corresponde que, ni como Obispo de Rancagua ni como Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, intervenga en asuntos que caen dentro de la jurisdicción propia de los Obispos Diocesanos, en este caso el Obispo de San Bernardo”.
Luego de ello, el único camino que quedaba eran las acciones legales. “Nosotros tenemos una muy buena impresión del obispo Goic, tanto por su amabilidad, como por su respeto a los derechos humanos. El ha sido el único alto representante de la Iglesia que responde a nuestras inquietudes. Pero no podemos decir lo mismo del vicario Aguilera, ni del obispo González Errazúriz, quienes han violentado los derechos humanos más básicos de una persona“, sostiene la activista del Movilh, Mabel Larraín.
Fue así como hoy, con el patrocinio del abogado de derechos humanos Alfredo Morgado y el trascendental respaldo del presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pavez, y de la Internacional de Educación, la afectada y el Movilh presentaron hoy ante la Corte de Apelaciones de San Miguel un recurso de protección contra Aguilera. La primera acción legal en contra de un representante de la Iglesia Católica por discriminación hacia las minorías sexuales.
“Con este caso se han afectado derechos de rango fundamental de nuestra Constitución y de tratados internacionales ratificados por Chile. Se ha vulnerado la igualdad ante ley, el derecho a la privacidad y a la libertad de trabajo” , enfatizó Morgado.
“ME HE DEDICADO A LA VIDA RELIGIOSA”

S.C.P.P está pasando por un delicado momento y las licencias médicas por depresión que viene teniendo desde abril anterior son una prueba de ello.
Y es que la docente con nueve años de preparación académica; avalados por sus títulos de catequista y profesora de religión de Educación Básica, obtenidos en la Universidad Católica con distinciones en 1982 y 1988, en forma respectiva; no entiende porque está siendo discriminada.
“Me he dedicado a la vida religiosa. Ellos jamás han averiguado nada. Sólo me discriminan por ser lesbiana. Mis colegas, profesores y la dirección del trabajo tampoco entienden porque no puedo ser profesora si he dado testimonio de una conducta intachable”, dice la profesional que además obtuvo con distinción máxima en 1994 el título de docente de profesora de Religión Católica y Moral ante la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
Añade que “mi vida privada está detrás de mi puerta. Nunca di un mal ejemplo a nadie, ni a mis colegas, ni a los apoderados, ni a mis alumnos”.
Fue precisamente la defensa de la vida privada uno de los argumentos del recurso de protección. En el texto se sostiene que la acción de Aguilera es inconstitucional por cuanto violenta diversos artículos de la Carta Magna, además de constituir negación de derechos como el Trabajo, tan bien garantizado en diversas leyes internas y variadas declaraciones internacionales.
“La revocación del Certificado de Idoneidad de S.C.P.P no ha sido determinada por su falta de capacidad, talento o aptitud para ejercer la docencia religiosa, ni por faltas a sus deberes funcionarios, sino por consideraciones ajenas a la órbita de atribuciones de la autoridad religiosa, la que ha pretendido someter la vida privada de la recurrente a sus designios”, sostiene el recurso.
Agrega que “sin lugar a dudas, el Vicario (Aguilera) incurrió en una injerencia arbitraria en la vida privada de la profesora al reprocharle aspectos exclusivamente relacionados con su vida íntima y al exhortarla, expresamente, a modificar su comportamiento sexual, como condición para mantener la vigencia del Certificado de Idoneidad que requiere para trabajar”.
FUTURAS ACCIONES
El vicario Aguilera se valió del Decreto Ley 924 que Reglamenta las Clases de Religión en Establecimientos Educacionales y Norma la Docencia, para derogar desde el 13 de agosto pasado el certificado de idoneidad que la profesora tenía vigente hasta abril del 2008.
De acuerdo al artículo 9 de esa norma, aprobada en Dictadura, el profesor de religión sólo puede ejercer si está “en posesión de un certificado de idoneidad otorgado por la autoridad religiosa que corresponda”.
Para el presidente del Colegio Profesores, Jorge Pavez, la norma violenta derechos básicos y es por eso que junto a él respaldó la presentación del recurso de protección la Internacional de Educación (IE)
“Como Internacional de la Educación nos hacemos parte y demandados que el gobierno se pronuncie, pues esto sienta un precedente inexplicable en la comunidad internacional”, sostuvo la representante de IE, María Loreto Muñoz.
Agregó que “el derecho al trabajo no se puede violar por conductas privadas. Bajo este criterio para hacer clases de marxismo tendríamos que pedir permiso al partido comunista”.
El Movilh puntualizó que estudiará a fondo el caso para la elaboración de un proyecto de ley que derogue la norma, así como para denunciar el hecho ante instancias extranjeras como Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En tanto, el destino laboral de S.C.P.P aún está en jaque.
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