Sandra Pavez está pasando por el momento más difícil su vida luego que la Iglesia Católica le impidiera hacer clases de religión sólo por ser lesbiana. El drama es mayúsculo, pues la maestra ha pensado hasta en el suicidio. Con los ojos llorosos apeló a la Corte Suprema para que revierta un fallo que le fue desfavorable, mientras que el Movilh anunció un proyecto de ley que busca quitar el amplio poder de la Iglesia en la educación.Por Catalina Herrera

1 de diciembre, 2007 (Opusgay.cl).- En las últimas 48 horas la profesora de religión, Sandra Pavez, ha dormido poco y nada. El cansancio y la pena se nota en su rostro y el nerviosismo es la tónica de sus movimientos.

Y no es para menos, pues desde el pasado 13 de agosto, y tras más de 20 años de intachable trayectoria, la docente se ha visto impedida de hacer lo que más ama en el mundo: clases de religión a estudiantes de enseñanza básica.

Tenía esperanza de que la Corte de Apelaciones de San Miguel, donde presentó un recurso de protección el pasado 23 de agosto, fallara a su favor, revirtiendo la decisión de la Iglesia Católica de revocarle el certificado de idoneidad que la faculta para hacer clases.

Pero el fallo de la corte fue lapidario. Por unanimidad las juezas Rosa Egnem Saldías, María Teresa Diaz Zamora y la abogada integrantes Tita Aránguiz Zúñiga, rechazaron el recurso de protección presentando con el aval del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), aduciendo que la Iglesia Católica puede determinar, al margen de la postura del Estado, quienes pueden o no hacer clases de religión.

Más aún, y en lo que fue considerado por el Movilh como una “violento atropellos a los derechos humanos que pasa por el alto la separación entre la Iglesia y el Estado”, la Corte de Apelaciones de San Miguel se valió del Derecho Canónico para argumentar su oposición al fallo.

Así, los derechos al respeto a la vida privada, al trabajo y a la no discriminación, garantizados en la Constitución y en diversos tratados internacionales, no fueron razones suficientes para la Corte de Apelaciones de San Miguel. Por el contrario, dio paso para que la Iglesia aplique el Decreto 924, promulgado bajo la Dictadura, de acuerdo a sus propios valores y moral y sin importar si los mismos violan la legislación chilena o internacional.

El Decreto 924 sólo faculta a la Iglesia para decidir quienes pueden o no ejercer religión, pero en ningún caso se señala que los homosexuales no pueden desempañar ese oficio. Más aún la Iglesia ha llegado a utilizar ese misma norma para impedir la docencia a mujeres separadas y divorciadas.

El tema es tremendamente sensible, en especial cuando el gobierno ha acaparado portadas al pronunciarse en contra de la violencia a la mujer y el femicidio. En este caso, sin embargo, nada ha hecho.

A juicio del Movilh, la principal responsable de “esta insensibilidad e inoperancia” es la ministra de Educación Yasna Provoste, pues ella tiene conocimiento del tema y “jamás intervino como interlocutora, pese a la investidura de su cargo y pese a que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados le expresó su preocupación por el problema que afecta a la profesora Pavez”.

La docente no se quedará con las manos cruzadas, por eso hoy, con el respaldo del Movilh y el patrocinio del abogado Alfredo Morgado, apeló a la Corte Suprema, pidiendo dos elementos que son básicos para todo ser humano: el respeto a la vida privada y al derecho al trabajo.

APOYOS A SANDRA

Desde agosto pasado que Sandra sigue asistiendo al colegio donde ha servido gran parte de su vida, pero no está haciendo clases. Sólo se dedica a labores administrativas, mientras profesores, alumnos y apoderados le expresan en todo momento su apoyo y la instan a seguir son su lucha.

Diversas cartas han llegado al establecimiento en contra del vicario para la Educación de San Bernardo, René Aguilera Colinier, y del obispo Juan Ignacio González Errázuriz, los responsables de quitar su derecho al trabajo a Pavez.

Esos religiosos son mismos que presionaron a la maestra con llamadas telefónicas y visitas a su casa a altas horas de la noche para que desistiera de acciones legales, según se confirma con pruebas a las que accedió OpusGay.

En contra de estas prácticas, y en solidaridad con la maestra, cerca de 50 ex estudiantes de Pavez señalaron en un misiva que “la actitud que mantenía la profesora con nosotros siempre fue intachable, muy correcta, dedicada a sus labores, guiando a los alumnos a seguir e inculcar su amor a Dios, por lo que siempre mantenía la conexión con los seres humanos orientados a la religión”.

Agregan que los “conocimientos y aprendizajes que recibimos de parte de la profesora fueron los mejores. Ella se entregó por completo a su labor y es una excelente persona que dentro de la sala de clases mantenía un ambiente cálido y agradable”.

Muy en contraposición al sentir mayoritario de la comunidad educativa, el Obispado de San Bernardo, como era lógico, aplaudió el fallo de la Corte de Apelaciones señalando que “seguiremos procediendo con delicadeza y respeto en un materia en que la enseñanza de la Iglesia es clara perfectamente conocida y por tanto vinculante para todos los hijos de la Iglesia”.

Añadió que “en este delicado tema no nos ha movido otro fin que buscar la verdad y ser fieles a las enseñanzas de la Iglesia, con pleno respeto a todas las personas”.

” La paradoja es que Sandra no ha recibido ni respeto, ni delicadeza de parte de la Iglesia Ella está destruida. Le han hecho un daño enorme. La Iglesia, como en el pasado, deberá en algún momento pedir perdón por el daño causado a los homosexuales, al igual como los hizo con los judíos y los pueblos autóctonos”, sentenció la activista del Movilh, Sofía Velásquez.

En efecto, el impacto en Sandra ha sido tan grave que “incluso pensé en el suicidio y en dejar una carta explicando todo para que se haga justicia, aunque yo no esté”.

Sin embargo, el ánimo que le han dado muchas personas la ha mantenido en pie y si la Corte Suprema le cierra la puerta, lo claro es que la maestra llegará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde demandará al Estado de Chile.

PROYECTO DE LEY

La existencia del Decreto 924 era desconocida hasta que el Movilh lo hizo pública. Fuentes del gobierno indicaron a OpusGay que la norma efectivamente se presta para el abuso y que están, por principio, en contra de ella.

El temor sin embargo a una pugna con la Iglesia Católica es mayúsculo, y eso es lo que el Movilh considera “inaceptable”. “Acá se debe gobernar con justicia social para todos. Nada justifica que por razones política o ideológicas se violen los derechos humanos. Estamos sinceramente molestos por la actitud del gobierno en este tema. Literalmente se están lavando las manos”, sostuvo el presidente del Movilh, Rolando Jiménez.

Añadió que si “las autoridades piensan que esta norma es arbitraria, pues entonces lo mínimo es que ellos defiendan y hagan valer sus propios principios. Si hasta la presidenta Michelel Bachelet se ha pronunciado en contra de la discriminación por orientación sexual. ¿Qué están esperando entonces?”

Para cambiar el oscuro panorama, el Movilh ya se contactó con diversos diputados de manera de elaborar un proyecto de ley, o avanzar en una modificación administrativa, que derogue el Decreto 924.

Y no sólo eso, dependiendo de la evolución que tenga el caso en la Corte Suprema, la organización ya está pensando en severas manifestaciones contra el Ejecutivo, la Iglesia y el Poder Judicial. “Esto no se puede quedar así. Es inhumano”, puntualizaron.

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