Segunda Parte

En el expediente del Caso Ortega Julio queda claro que la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) intentó obtener un medio de prueba sin autorización del tribunal. Más aún, se corrobora que esa instancia impide la presencia de homosexuales en sus filas. Carabineros entregó además al juzgado datos contradictorios en torno al caso.

Por Alberto Roa

 

27 de mayo, 2004 (OpusGay).- Desde hace dos años que la familia Ortega Julio y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) vienen denunciando “irregularidades y negligencias” de las policías, principalmente de Carabineros, en torno a las investigaciones que se cursan para aclarar las causas de muerte de Mauricio, joven gay basquetbolista.

Manifestaciones, “inútiles entrevistas” con la ministra de Defensa Michelle Bachelet y los altos mandos de Investigaciones y Carabineros han sido parte de las estrategias cursadas por la Familia Ortega Julio y el Movilh con el objeto de conocer que realmente pasó con Mauricio Ortega Julio, cuyo cuerpo fue encontrado el 29 de mayo del 2002.

A pesar de la paralela insistencia de la defensa ante el Segundo Juzgado del Crimen de Puente Alto para dar respuesta a presuntas irregularidades que estarían obstaculizando las investigaciones, Carabineros se ha mantenido firme en su decisión de no aclarar variadas dudas o de dar respuestas tardías que han impedido el curso regular y eficiente del caso.

Las denuncias se relacionan con eventuales negligentes inspecciones en el sitio del crimen, interferencias de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) no autorizadas por el tribunal, y aporte de datos contradictorios por parte de la Tenencia Rivera López respecto al turno que correspondía en ese lugar al ex cabo Víctor Hugo Pérez Soto, principal inculpado en el caso.

LA MANO DE LA DIPOLCAR

Hasta el momento de su fallecimiento, Mauricio Ortega Julio mantuvo una tensa relación amorosa con Pérez Soto, lo cual se agudizó luego que este se enterará que su pareja había filmado sin su consentimiento una relación sexual entre ambos y entregara copias de la misma a dos amigos.

Tras la muerte de Mauricio, su familia comenzó a responsabilizar a Pérez Soto del deceso, lo cual llevó al ex cabo a pedir su traslado a la 18 Comisaría de Ñuñoa y luego, en julio del 2002, a solicitar la baja voluntaria de la institución, previo interrogatorio de la Dipolcar no informado al tribunal respectivo.

Sin tener en conocimiento ese último antecedente, la Familia Ortega Julio y el Movilh denunciaron el año pasado que el cabo primero de la Dipolcar, Jorge Luis Valencia Pizarro, había iniciado trámites para obtener, sin orden del Segundo Juzgado del Crimen de Puente Alto, la cinta filmada por Mauricio.

El hermano de la víctima, Richard Ortega, precisó ante el tribunal que Valencia dio en junio del 2002 con el teléfono de uno de los amigos de Mauricio, S.S.P, tras lo cual lo citó a la Plaza de Puente Alto para pedirle el video.

S.S.P no tenía en su poder la cinta y recomendó a Valencia llamar a Richard Ortega para obtenerla. El hermano de Mauricio no la entregó y acusó que en respuesta el funcionario de la Dicolpar le habría señalado que “sálvate solo, porque no voy a hacer nada por ti ni por tu hermano”.

Sólo después de ello la Dilpolcar solicitó el 15 de julio al tribunal una copia, la cual fue entregada al día siguiente por el Juzgado del Crimen.

Cuando se conoció que la pesquisa del video se había iniciado antes de ser entregada por el tribunal, tal instancia comenzó la presentación de diversas solicitudes a la Dipolcar para que le remitiera el sumario administrativo que estaba cursando a Pérez Soto, sin obtener hasta ahora respuesta.

El 31 de octubre del 2002 el jefe del Departamento II de Seguridad Institucional de la Dipolcar, Jorge Ceroni Boetto, señaló en un oficio al tribunal que su repartición “tomo conocimiento de la existencia de un video que comprometía la conducta moral” de Pérez Soto, por lo cual inició las investigaciones respectivas.

“Por lo anterior esta sección se limitó sólo a entrevistar a Pérez Soto, quien reconoció su condición homosexual, solicitando este a su mando respectivo la baja voluntaria de las filas de la institución, no realizando un sumario administrativo”, agregó.

Con la convicción de que en ese tipo de procedimientos lo regular es contar con un sumario administrativo, el tribunal insistió en solicitarlo a la Dipolcar.

Sin embargo, el 4 de diciembre del 2002 el director de Inteligencia de la Dipolcar, Walton Castro Cuevas, en oficio número 9141 señaló que en un reporte pasado ya había informado a la justicia sobre “la participación que le cupo a personal de esta dotación en los hechos investigados que afectan al ex cabo segundo Pérez Soto”.

Disconforme con la respuesta, el Segundo Juzgado del Crimen volvió a cursar la petición, esta vez ante la Dirección General de Carabineros, la cual a través del jefe de gabinete suplente, Ricardo Saldoval Quappe, responde el 21 de enero del 2003, que “cabe manifestar que no existen antecedentes sobre la materia consultada”.

¿HOMOFOBIA EN LA DIPOLCAR?

Ante la permanente negativa para acceder al sumario, el tribunal optó por citar a declarar a Jorge Valencia el 21 de abril del 2003, quien se contradice en las explicaciones dadas. Primero señala que el procedimiento de la Dipolcar se inició porque había rumores de que en la muerte de un joven estaría involucrado Pérez Soto y luego agrega que tal investigación no era competencia de la Dipolcar, pues esa instancia sólo estaba averiguado si el funcionario efectivamente tenía una orientación homosexual.

Tras aclarar que la orden para investigar “conductas personales de Pérez Soto fue dada por el mayor Claudio Castillo Zúñiga”, Jorge Valencia precisa que “las investigaciones se iniciaron por comentarios en la calle y avisos en los diarios” que ligaban a la muerte del joven basquetbolista con el ex cabo segundo.

Junto con reconocer sus entrevistas con un amigo de Mauricio y con Richard Ortega, señala que dijo a esos que la Dipolcar “no podía investigar la muerte (del joven gay), sino solamente la conducta del funcionario”.

Sostiene además que Richard Ortega estuvo dispuesto a entregarle el video siempre y cuando fuera en presencia de la Policía Civil y de un medio de comunicación, “a lo cual le manifesté que no porque era una investigación seria”.

Agrega que “efectivamente se entrevistó a Víctor Pérez Soto, quien en primera instancia negó su conducta sexual, pero al indicarle que había pruebas él reconoció espontáneamente su homosexualidad y en el acto solicitó la baja voluntaria.“

A diferencia de lo planteado antes por sus superiores al tribunal señala que “de todo esto se confeccionó un oficio , que no recuerdo el número dirigido a nuestro mando o Dirección General”.

Hasta ahora, sin embargo no se tiene conocimiento de que el sumario u oficio hubiera sido entregado al tribunal, y aún cuando ello llegue a ocurrir, la tardanza levanta sospechas sobre el accionar de la Dipolcar.

Valencia puntualizó que ante las publicaciones “en medios de prensa e internet donde aparece mi nombre y apellido en relación a presión que habría ejercido para obtener el video, la institución tomará acciones en contra de los responsables”.

Para el presidente del Movilh, Rolando Jiménez, “sea cual sea la verdad aquí se vulneran derechos y existen irregularidades. El sumario se ha demorado mucho en entregarse, Valencia actuó sin autorización del tribunal y, como si fuera poco, la Dipolcar reconoce que dio de baja a un carabinero por el sólo hecho de ser homosexual y no por estar involucrado en la muerte de una persona”.

El activista gay puntualizó que “exigiremos en el momento apropiado explicaciones al Alto Mando sobre todo lo descubierto”.

EL HORARIO DE VICTOR PEREZ SOTO

Una de las primeras diligencias que efectuó el Segundo Juzgado del Crimen de Puente Alto para determinar la responsabilidad de Víctor Pérez Soto en la muerte de Ortega Julio, fue solicitar a la Tenencia Mauricio Rivera López (La Granja) los horarios que cumplió en ese recinto el ex cabo segundo el 27, 28 y 29 de mayo del 2002.

La investigación fue cursada el 7 de octubre del 2002 por la Brigada de Homicidios de la Policía Civil, la cual fue informada por la Tenencia que Víctor Pérez Soto tuvo los turnos de 8:00 a 20:00 horas, el 27 de mayo; de 20 a 8:00 horas el 28 de mayo, mientras el día 29 fue libre.

Ninguna de las fechas coincidía con lo dicho en las declaraciones por Víctor Pérez Soto, pues según indicó el 27 de mayo se había visto por última vez con Mauricio Ortega a las 17:00 horas, mientras el 28 de mayo estuvo en la discoteca Naxos desde las 12:00 hasta las 5:00 horas, y el 29 de mayo realizó llamados telefónicos desde la Tenencia.

De todos los días, el más relevante para las investigaciones es el 28 de mayo, pues esa tarde desapareció Mauricio Ortega, encontrándose su cadáver al mediodía siguiente.

En dos reportes más la Tenencia insistió con todo o parte de los horarios entregados en primera instancia, continuando la contradicción con otras pruebas recopiladas por el tribunal.

A casi un año de la muerte de Mauricio, la Policía Civil volvió a pedir que se aclarara el punto, demandado esta vez “fotocopias debidamente certificadas de los libros de Primera y Segunda Guardia”.

La respuesta definitiva la dio el 25 de julio del 2003 el jefe de la Tenencia Mauricio Rivera López, Alejandro Villablanca Barrios, señalando que desde las 8:00 horas Pérez Soto tuvo libre el 27 de mayo. El día siguiente estuvo de turno entre las 8:00 y las 20:00 horas, mientras el 29 debía ingresar a las 7:30 horas “para cumplir servicio de tránsito”.

Villablanca certifica que de todos los turnos descritos, Pérez Soto sólo no cumplió el del 29 correspondiente al servicio de tránsito.

La Tenencia explicó que los errores en las informaciones previas se produjeron porque no se había consultado en un comienzo el libro de registro de guardia, sino que la tabla de servicio, la cual está sujeta a modificaciones.

De ser cierta esa versión, interrogantes lógicas aún sin aclarar son ¿cómo fue posible que Pérez Soto estuviera en la discoteca Naxos hasta las 5.00 horas si debía entrar ese mismo día a las 7:30 horas? y ¿por qué la Tenencia Mauricio López fue tan ineficiente y demoró más de un año en aclarar un punto de fácil comprobación pero que involucraba un aspecto tan serio como la muerte no resuelta de una persona?.

PRENDAS DE MAURICIO ORTEGA

El cuerpo de Mauricio Ortega fue encontrado por un arriero cerca del mediodía del 29 de mayo en la ribera del Río El Volcán, Ruta G-25, a la altura del kilómetro 70, sector de Chacritas, Comuna de San José de Maipo.

El cuerpo presentaba diversas lesiones y estaba ubicado de rodillas, con la cabeza hundida en el barro. La vestimenta sólo se componía de una polera amarilla (propiedad de un amigo de Mauricio) y un slip negro.

En el lugar se apersonó carabineros del Retén San Gabriel cerca de las 15:00 horas y sólo al anochecer llegó la Brigada de Homicidios.

Tras una inspección el policía Víctor Abraham Ibáñez Vallejos encontró a unos dos metros de una casa de madera (cercana al sitio del cuerpo), un consolador. Más tarde, y también en las inmediaciones de ese inmueble, Investigaciones ubicó una gorra de Carabineros, con etiqueta interna de Copercarab y que en su borde interior presentaba la leyenda manuscrita “Abarca”.

Hasta el momento la propiedad de la gorra, como la pertinencia del consolador con el Caso Ortega Julio no es clarificada por el tribunal.

Los aspectos más llamativos de las inspecciones realizadas es que no ubicaron huellas de ningún tipo en el lugar, como tampoco el resto de la ropa de Mauricio, quien había sido visto la noche anterior con prendas completas por un transportista (P.T.G.A) que pasaba por la zona, según su propio testimonio.

En un hecho sorprendente, un matrimonio encontró en un paseo por la zona dos meses después en la loma de un cerro cercano al lugar donde se encontró Mauricio “unas ropas ordenadas”. La familia afirma que al acercarse se percató que “se trataba de un polar color oscuro, unas zapatillas deportivas negras. Una tenía en su interior una linterna amarilla y en la otra había un equipo de celular marca Nokia”, aparato que estaba en perfectas condiciones.

Los testigos agregaron que las zapatillas “tenían un poco de barro en uno de sus bordes, situación que contrastaba con el lugar del hallazgo (..) Luego encontramos en uno de los bolsillos del polar un lápiz pasta y una hoja de papel que contenía números telefónicos”.

Ninguno de los números correspondía a algún familiar de Mauricio, sino que sólo a sus amigos, situación que permitió al matrimonio entregar las prendas a las autoridades pertinentes.

Como si fuera poco, y a unos 20 o 25 metros del suceso, Richard Ortega encontró la prenda faltante el 4 de agosto del 2002. “Ubiqué enterrado en el barro el pantalón de buzo de Mauricio. Sólo se apreciaba la pretina y al extraerlo constaté que en uno de sus bolsillos había tres papeles doblados, más un billete de mil pesos”.

Los papeles correspondían a cartas escritas por Mauricio a tres amigos, siendo sólo dos identificados, pues el tercero tenía no tenía nombre.

En relación a las prendas el informe pericial químico de Investigaciones concluyó en septiembre del 2002 que “no se detectó la presencia de sangre en las especies”. En referencia a las cartas se determinó que fueron “escritas en un momento de tranquilidad” y corresponderían a una “conducta pre-suicida”.

A juicio de la familia Ortega Julio y del Movilh, respecto al hallazgo de las prendas existen sólo dos posibilidades. Una es que Carabineros e Investigaciones han efectuado inspecciones negligentes y la otra es que alguien dejó posteriormente a la muerte la vestimenta en la zona, lo cual demostraría indiscutiblemente la intervención de terceros.

Es precisamente respecto a ese último punto donde cada vez se acercan más los estudios, aún cuando la causa biológica de la muerte (golpes, ahogo) ha evidenciado diversas contradicciones entre un peritaje y otro. Ello, más los pasos que dio Mauricio en los últimos días de su vida, serán la parte final de este reportaje.

Nota relacionada:

PRIMERA PARTE: GRAVES CONTRADICCIONES EN VERSION DE EX CARABINERO SOSPECHOSO DE ASESINATO