Al Parlamento chileno

8 de junio, 2005 (OpusGay).- Un proyecto de acuerdo para que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados investigue la violencia de los grupos neonazis en Chile presentaron ayer al Congreso los parlamentarios Juan Bustos (PS) y Antonio Leal (PPD).

La iniciativa busca terminar con las amenazas, golpizas y asesinatos que grupos autoidentificados como neonazis han propinado a personas de raza negra, jóvenes punk y minorías sexuales, en especial a las transgéneros.

“Hemos presentado este proyecto de acuerdo en razón de todos los hechos ocurridos especialmente en la V región con el asesinato de un joven punk en Quillota por parte de grupos neonazis, con el objeto que la comisión de Derechos Humanos se transforme en investigadora sobre esta materia”, indicó Bustos.

A juicio del parlamentario el Congreso ya ha investigado a otros sectores promotores de la violencia, como las sectas religiosas, por lo que “creemos que en esta materia sobre los grupos neonazis es fundamental que la comisión de Derechos Humanos de la Cámara se instale para indagar sobre cuántos grupos neonazis existen en el país, cuáles son sus actividades, cuáles son los hechos en qué han participado, como por ejemplo en Valparaíso que ya sabemos persiguen a gays, pordioseros, travestis y a grupos punk”.

El proyecto de acuerdo se suma a una petición que el pasado 1 de junio hicieron Bustos y Leal al Ministro del Interior, Francisco Vidal, para empadronar a los neonazis y brindar protección a las víctimas.

“Esperamos que la comisión de Derechos Humanos realice una profunda investigación porque si bien los grupos nazis no son un fenómeno organizado, con un cerebro nacional, no hay duda que en la Quinta Región, en el sur de la RM, en el sur de Chile (Osorno, Temuco y Valdivia) se encuentran ramificados diversos grupos operativos que operan en los gimnasios, en los lugares donde se instruye karate“, apuntó Leal.

Uno de las últimas campañas neoenazis públicas contra las minorías sexuales ocurrió el año pasado cuando se programó una marcha contra los dirigentes del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), pero la actividad fue impedida gracias a la intervención de la Intendencia Metropolitana que brindó durante semanas protección policial a los activistas de esa organización.

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