El pasado 12 agosto el presidente Ricardo Lagos dio a conocer la tan esperada propuesta de Derechos Humanos cuyo fin es continuar y afianzar el camino iniciado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la cuestionada Mesa de Diálogo.

El texto “No hay mañana sin ayer”, como bien se sabe, tiene por principal objetivo “sanar las heridas” de las violaciones producidas por razones políticas bajo la Dictadura, pero a diferencia de sus antecesoras incluyó un tópico sobre el diseño de estrategias y acciones para garantizar en el presente y el futuro “la promoción del pleno respeto a los derechos humanos fundamentales”.

Dado que la iniciativa no se limita sólo a reparar los daños pasados, en el movimiento homosexual hubo cierta esperanza de que el texto de Lagos se hiciera cargo de las transformaciones culturales experimentadas por Chile desde comienzos de la década del 90, ampliando la concepción tradicional de los derechos humanos. Sin embargo, no fue así.

Retomando la interpretación clásica de los derechos humanos, en ninguna de sus propuestas el Presidente mencionó a los “temas emergentes” o “derechos humanos de tercera generación” los cuales involucran a la libertad individual y la no discriminación y pueden expresarse en tópicos como la homosexualidad, el divorcio, el aborto, la ecología, la eutanasia, el servicio militar obligatorio, la pena de muerte, la discapacidad física o psíquica, las etnias, el Sida, el medioambiente, el género, el consumo de drogas, el sistema carcelario, la infancia, la tercera edad y los derechos del consumidor.

Esta grave omisión demuestra cuatro realidades: 1) la falta de interés real por parte del Ejecutivo en el diseño de estrategias promotoras de la diversidad sociocultural, 2) una incoherencia con los discursos antidiscriminatorios de la División de Organizaciones Sociales del Gobierno (jamás llevados a la praxis en forma integral), 3) una nula estrategia política-comunicacional que pasa por alto discusiones que cada vez ocupan más titulares en los medios y son astutamente aprovechados por la oposición derechista y 4) una analogía con la visión irreal y añeja de los derechos humanos históricamente enarbolada por los movimientos anti-dictadura y los partidos políticos.

Ese último punto es el cual ha producido un distanciamiento evidente entre algunos dirigentes de las agrupaciones de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos con el movimiento homosexual, toda vez que los primeros han considerado el concepto de los derechos humanos casi como exclusivos de las violaciones producidas por razones políticas y/o bajo regímenes dictatoriales.

Un ejemplo emblemático data de 1993, cuando el Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) decidió adherir a la marcha que conmemoró el segundo año de la entrega del Informe Rettig. Ante la eminencia de la sumatoria de los gays, la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Sola Sierra, se preguntó que “¿qué tenían que hacer los homosexuales en una expresión de derechos humanos?”. Los gays finalmente marcharon, pero Sierra no participó de la manifestación.

HOMOSEXUALIDAD Y DICTADURA

La visión excluyente de los derechos humanos en el caso chileno tiene como una de sus causas al régimen dictatorial y al tipo de sociedad que generó el mismo. Como bien lo indica el sociólogo Adolfo Castillo, la extrema preocupación por los temas políticos imposibilitó críticas o análisis “que se extendieran a otras esferas”. En ese sentido, la aspiración democrática tenía una sola lectura: terminar con el Régimen Militar.

La homosexualidad y los otros temas emergentes no fueron, como efecto, un interés del gobierno dictatorial, ni de sus adherentes, ni de sus opositores, ni tampoco de la prensa de la época. Tampoco motivó a aquellos homosexuales más politizados y con sentido social y que luego en democracia iniciaron la defensa de su orientación sexual.

Aunque durante la Dictadura hubo intentos de organización de minorías sexuales, los mismos fallaron y fueron extremadamente intimistas. Al respecto un texto del Comité de Servicio Chileno-Cuáquero señala al referirse a ese período que “los homosexuales y lesbianas se mueven en espacios que son guettos, invisibles y anónimos. En Chile es imposible hablar de movimiento homosexual. Es una fantasía”.

Tal situación, que se extendió sin cambios de trascendencia hasta comienzos de década del 90, derivó en concepciones erradas sobre la homosexualidad y, como corolario, restó toda visibilidad acerca de la relevancia o categoría social, política y/o cultural de las minorías sexuales.

Mientras en los países desarrollados los movimientos homosexuales alcanzaban importantes grados de consolidación en la década de los 80, aunque con retrocesos debido a la aparición del virus VIH, el régimen dictatorial chileno, con sus limitantes conceptuales y prácticas respecto a los derechos humanos, derivó en que las minorías sexuales ni siquiera cuenten con un registro sobre discriminaciones concretas que hubieran padecido.

Por lógica, sin embargo, se supone que los atropellos homofóbicos fueron graves y constantes, pues sólo en democracia se han denunciado centenas que van desde el asesinato hasta las detenciones arbitrarias amparadas en el artículo 373 del Código Penal que sanciona las ofensas al pudor, la moral y las buenas costumbres.

CHILE HOY

Nuestro país está experimentando en la actualidad importantes cambios culturales, valóricos y morales, los cuales sólo en el caso de la homosexualidad se han traducido en una importante baja en los niveles de homofobia. Así, mientras en 1997 el 70.6 por ciento de los chilenos consideraba que ” se deben investigar más las causas de la homosexualidad para evitar que sigan naciendo “, en el 2003 esa cifra mermó al 50 por ciento .

Esta transición se explica, en palabras de Ignacio Ramonet, por la continua sustitución de los paradigmas de la “cohesión social” y el “progreso” por los del “mercado” y la “comunicación”, en forma respectiva.

Mientras en el pasado se pensó que el progreso “pacificaba las sociedades y excluía la violencia”, hoy es la comunicación entre los seres humanos el método que más se aconseja para tales fines. El mercado, por su parte, ha reemplazado a la cohesión social, toda vez que se impone “como un orden de la sociedad desde el punto de vista ideológico y filosófico”.

En el plano específico de las minorías sexuales, fue precisamente el alto nivel de propuestas, demandas y alianzas con líderes públicos efectuadas por el movimiento homosexual (lo cual es comunicación pura), lo cual desencadenó la apertura de la sociedad y la prensa en el tema.

Pese a estos cambios la concepción tradicional de los derechos humanos sigue siendo predominante, tanto a nivel estatal, como en el plano de los partidos políticos y las organizaciones y/o movimientos clásicos que se generaron en respuesta a la Dictadura implantada el 11 de septiembre de 1973. Ello ha contribuido y explica, en parte, como es posible que a 10 años del incendio de la discoteca Divine; ocurrido el 4 de septiembre de 1993 y que dejó una veintena de muertos; todavía nadie sea sido sancionado, aún cuando el movimiento homosexual ha sacado a luz diversas y contundentes pruebas que demuestran la negligencia de las autoridades en el caso.

Siendo justos, una excepción a la definición parcializada de los derechos humanos manejada por grupos ajenos al movimiento homosexual, la marcó Amnistía Internacional en 1991 cuando llegó a un consenso respecto a la realidad de esa minoría. “AI considera ahora como prisioneros de conciencia a personas que están encarceladas solamente por su identidad sexual”, indicó el Mandato del organismo, cuya Sección Chilena viene trabajando con el movimiento gay nacional en forma sistemática desde el año pasado.

Para que el avance dado por Amnistía se extienda a otros planos de nuestra sociedad es preciso que todos los ciudadanos reconozcamos la categoría de humanos de las minorías y comprendamos que los derechos no sólo son violados por torturas, asesinatos o desaparecimientos por causas políticas, sino que involucran a muchas más situaciones, las cuales amplían la noción de exclusión y ciudadanía y, como resultado, contribuyen al perfeccionamiento de nuestra democracia tan poco coherente a 30 años del Golpe de Estado.