A la ignorancia de la Cancillería en algunos temas y a la falta de coordinación interna del gobierno, se suma un aspecto que pone en jaque precisamente la democracia por la cual los partidos de la Concertación, entre otros grupos, lucharon durante la dictadura liderada por Augusto Pinochet.

La denuncia efectuada públicamente por el movimiento homosexual chileno respecto a que la Cancillería jamás consultó ni informó a las minorías sexuales sobre una votación en la ONU referida a los derechos humanos de ese sector dejó al descubierto graves particularidades de la política exterior chilena.

En primer lugar es evidente que los representantes chilenos ante las instancias internacionales no tienen conocimiento sobre temas a los cuales deben hacer referencias o votaciones en el exterior, situación que deja mucho que desear en torno a la seriedad de los trabajos efectuados.

En el caso de la resolución pro-gay en la ONU, el desconocimiento sobre la realidad de las minorías sexuales en Chile es claro porque la Cancillería por decisión propia jamás, hasta las presiones del Movilh, se contactó con un grupo homosexual o con cualquier otro organismo de derechos humanos que pudiera darle luces sobre la materia.

Tampoco el Ministerio de Relaciones Exteriores manejaba antecedentes sobre el plan elaborado por la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Gobierno y que promueve, entre otros elementos, la no discriminación por orientación sexual, lo mismo que se sancionará en las Naciones Unidas. No en vano una representante de la DOS debió, recién este mes, informar a la Cancillería sobre la existencia del denominado Programa Tolerancia y No Discriminación del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

A la ignorancia de la Cancillería y falta de coordinación interna del gobierno, se suma un aspecto que pone en jaque precisamente la democracia por la cual los partidos de la Concertación, entre otros grupos, lucharon durante la dictadura liderada por Augusto Pinochet.

Y es que es repudiable que temas tan importantes para un sector de la sociedad (las minorías sexuales, también chilenas y también ciudadanas) no se consulten a los mismos sobre una votación que incide directamente en su calidad de vida y en el respeto a sus derechos humanos.

El caso particular que nos convoca fue conocido gracias a los anuncios a través de la prensa efectuados por el movimiento homosexual, que dicho sea de paso se enteró de la resolución a votar por la ONU gracias a contactos internacionales.

El daño concreto del silenciamiento irresponsable de la Cancillería en torno a este tema derivó en que el año pasado, cuando se discutió por primera vez en las Naciones Unidas la resolución que protege los derechos de los homosexuales, el debate ni siquiera fue conocido en Chile, siendo sólo cubierto por este medio de comunicación.

Expuesto lo anterior, las graves preguntas de fondo son: ¿en cuántas materias más los representantes chilenos han votado en el exterior sin consultar a los principales involucrados?, ¿será posible que una instancia del gobierno tenga la facultad de apartarse de los principios fundamentales de la democracia? ¿O será que el Ministerio de Relaciones Exteriores es una instancia que da prioridad a materias exclusivamente económicas?

No debemos olvidar que a finales de los 80, y bajo Dictadura, el país alcanzó importantes niveles de estabilidad económica y que gran parte de quienes ahora gobiernan nuestro país criticaron que el Régimen Militar había alcanzado tal nivel de crecimiento mediante un altísimo costo social, político y humano que había puesto a la macroeconomía como el “determinante indeterminado” del desarrollo.

Si el gobierno no lleva a la praxis lo que sus representantes en sus discursos promovieron en los oscuros días de la Dictadura y siguen promulgando en la actualidad, el país jamás alcanzará el desarrollo, concepto amplio que va más allá de las buenas cifras económicas, pues otorga predominancia al respeto a los derechos humanos y a una democracia verdaderamente representativa.