La triple discriminación, dada por la vulnerabilidad socieconómica, la lesbofobia y censura mediática, afecta claramente a quienes más necesitan ayuda y asistencia, y, paradojalmente, estas personas son las menos apoyadas por organizaciones que dicen defender los derechos humanos y promover la no discriminación.

Por Sofía Velásquez*

La semana anterior diversas organizaciones sociales se manifestaron en el frontis de la Corte Suprema por un fallo que impide a la profesora Sandra Pavez, y a todas las docentes lesbianas de Chile, hacer clases de religión en colegios laicos sólo porque aman a otras mujeres, aspecto que ha sido rechazado por unos 50 grupos de diversas partes del mundo.

Dejando al margen los graves alcances que tiene este atropello para las minorías sexuales de Chile a raíz de la discriminación predominante contra gays, lesbianas y transexuales en las iglesias y en nuestro sistema judicial, igual de dramático y desalentador es el compromiso real de organizaciones de derechos humanos por combatir la injusticias de una forma que trascienda a la mera sumatoria de una firma de apoyo.

Con la protesta en el frontis de la Corte Suprema, donde había representantes de cuatro organizaciones, resultó explícito que no sólo los poderes del Estado están pauteados por aquellas noticias a las que los medios de comunicación dan mayor cobertura, pues muchos colectivos sociales se rigen por las misma regla, lo cual ya había observado tiempo atrás OpusGay.cl en una de sus editoriales.

En efecto, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) algunas de las cuales critican ácidamente los contenidos “funcionalistas” de la prensa masiva y/o consideran un mal el éxito de otros grupos en cuanto a inserción mediática se refiere, también adolecen de lo que ellas han considerado un daño para el pluralismo informativo. Más cuestionable aún es la situación cuando las víctimas de la discriminación son personas que carecen de todo tipo de poder y se ubican en la escala socieconómica media-baja, como es el caso de la profesora Pavez, pues ahí los apoyos también son vergonzosamente menores por parte de la sociedad civil organizada.

En la mayoría de las protestas o manifestaciones por vulneración a los derechos humanos que cuentan con difusión mediática masiva, se puede contar con un público que puede ir desde las 300 o las 10 mil personas como promedio. Sino se tiene difusión mediática masiva, la asistencia puede disminuir a cifras escalofriantes de 30 o menos personas y lo repudiable es que ello pasa aún cuando las OSC tienen conocimiento de las manifestaciones gracias a las redes de contactos y medios propios con que cuentan, sin estar condicionada el saber de una protesta a lo que la prensa pueda o no informar.

Cuando los medios tradicionales no dan la suficiente tribuna; por censura, discriminación o lo que sea; a un hecho que violenta el derecho al trabajo, a la vida privada y a la igualdad ante la justicia de una persona en particular y, peor aún, de todo el colectivo que representa, las OSC brillan por su ausencia. En definitiva, el hecho no les resulta importante por principio, ideología o compromiso genuino con los derechos humanos, sino simplemente porque su impacto mediático es menor. ¿O alguien duda de que si la prensa masiva hubiese difundido la fecha y hora de la manifestación a favor de Sandra Pavez de la misma forma como lo hizo con la píldora del día después, el resultado de la protesta sería muy superior?

Del ciudadano común y corriente, entendiendo por éste a aquel que no está organizado en algún grupo o movimiento de derechos humanos, se puede entender y comprender que no participe en actividades a favor de la no discriminación o en contra del abuso de poder. Al no estar en redes, además, difícilmente podrá enterarse de que se está preparando tal o cual protesta. Pero de los movimientos, fundaciones o corporaciones que tienen entre sus fines la defensa de los derechos humanos y la promoción de la no discriminación, la falta de colaboración con temas que son parte de sus objetivos es bochornosa y escándalosa, más aún al recordar que ello en buena parte está pauteado por la importancia que da la prensa a un hecho.

Por supuesto que esta situación no es novedad. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha advertido con alarma en varias ocasiones que el compromiso de los ciudadanos, e incluso de las organizaciones sociales, por hacer valer sus derechos o por solidarizar con los derecho de otros es débil, sino nulo en muchas ocasiones, habiendo unas cuantas excepciones de las más de 80 mil OSC existentes en Chile.

Pero aún así molesta y en el caso de la profesora Sandra Pavez el malestar se multiplica, pues el fallo que la perjudica a ella también daña a madres solteras y mujeres que conviven con hombres en proceso de divorcio, a todas las cuales se les está impidiendo hacer clases por esas razones y no por su calidad académica. A profesoras de religión de colegios laicos, que no son parte de la iglesia y que incluso no están de acuerdo con sus doctrinas, se le están haciendo las mismas exigencias que a las monjas y a miembros de la Iglesia, a vista y paciencia de gran parte de los chilenos(as).

Al reprochable pauteo mediático, se suma el elitismo. Cuando jueces homosexuales, o de quien se sospecha homosexualidad, han sido violentamente perjudicados por la lesbofobia o la transfobia, no sólo se han registrados discursos de repudio, sino que también acciones concretas de rechazo. Pero en el caso de esta profesora de clase media baja, y de las cerca de 20 escolares lesbianas de extrema pobreza que han sido expulsadas de sus colegios desde el 2002 a la fecha sólo por su orientación sexual, sólo una organización ha hecho algo más que discurso.

La triple discriminación, en este caso vulnerabilidad socieconómica, censura mediática, y lesbofobia, afecta claramente a quienes más necesitan ayuda y asistencia y que son invisibles en el debate público. Paradojalmente, estas personas son las menos apoyadas por organizaciones que dicen defender los derechos humanos y promover la no discriminación. Inmoralmente asombroso es que una buena parte de los grupos de minorías sexuales condicionan su lucha a favor de los derechos humanos a la predominancia de los hechos en los medios o de a quiénes afectan los atropellos y claramente la defensa de una profesora lesbiana es, para, muchos, menos importante que la de una ministra, una senadora o una jueza que pase por igual problema.

El sin sentido de la defensa de los derechos humanos pareciera ser lo que predomina en varias OSC (por supuesto que no en todas), que actúan sin auto-cuestionamientos o autocríticas y van por la vida pregonando a los cuatro vientos que rechazan la discriminación. Pero cuando se enfrentan y conocen de uno de los casos más brutales, el apoyo de trascendencia brilla por su ausencia. Mientras tanto, quienes más necesitan del apoyo de la mayor cantidad de organizaciones, son quienes menos lo tienen… ¡Vergüenza Nacional!

Directora Área Académica y Cultural Movilh