En su Quinto informe Anual de Derechos, la Universidad Diego Portales advierte que algunas autoridades hacen uso ilegítimo de su poder para discriminar a las minorías sexuales. Denuncia desigualdades en salud, educación, trabajo y justicia, al tiempo que expresa una especial preocupación por la vulnerabilidad del mundo transexual y el Pacto de Unión Civil (PUC).
Por A.Z
30 de agosto, 2007 (OpusGay).- La Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), lanzó hoy su Quinto Informe Anual de Derechos Humanos, referente a los hechos del 2006, dando una mayor cobertura a la realidad de las minorías sexuales, pues de las 9 páginas dedicadas el año anterior se pasó a 30 en esta oportunidad.
Ello, explicaron sus redactores, por cuanto se buscó una mayor igualdad de análisis en relación a otros tópicos que trata el informe, como son las condiciones carcelarias, la libertad de expresión, la familia, el medioambiente, las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes y las personas con discapacidad.
Otra diferencia importante con los informes pasados, es que la UDP se pronunció esta vez de una manera más clara y crítica respecto a la vulneración de derechos de las minorías sexuales en Chile, existiendo más opinión y no sólo catastro o descripción de hechos, además de expresar una especifica sensibilidad por la población transexual.
En el Informe Anual, dirigido por el abogado Nicolás Espejo y apoyado por The John Merck Fund y la Fundación Ford, la UDP llama además a la pronta aprobación del Pacto de Unión Civil (PUC) y resalta la celebración el año pasado de la primera Gay Parade de Chile.
El estudio fue lanzado hoy un evento inaugurado por el rector de la UDP, Carlos Peña, y por la directora de la Escuela de Derecho, M. Ester Valenzuela, contando con los comentarios de la diputada Carolina Tohá y el periodista de Chilevisión, Matías del Río.
Junto al informe, la UDP presentó su nuevo Centro de Derechos Humanos, una instancia cuyo programa inició en 1996 y que tiene por fin asesorar y contribuir a la solución de diversos atropellos, como la discriminación padecida por las minorías.
POLITICAS PUBLICAS Y AUTORIDADES
Respaldada por los casos de discriminación ya denunciados por diversas organizaciones de minorías sexuales, en especial del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), la UDP sostiene que el principal problema que afecta a tal sector es “un contexto social donde existen diferencias en el tratamiento que se le da a los individuos con base a sus preferencias sexuales”.
Así se provocaron en el transcurso del 2006 atropellos a los derechos humanos de las minorías sexuales en los terrenos laborales, educacionales y de salud, entre otros planos. Con los casos, añade el informe, se violentó la “Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, la que es vinculante para el Estado de Chile”.
A juicio de la UDP, la vulnerabilidad de las minorías sexuales “se ha visto fomentada por la absoluta inexistencia de políticas gubernamentales eficaces que tengan como objetivo único remediar esta situación”.
El juicio fue compartido por el rector Peña, quien expresamente calificó en el lanzamiento del Informe de “absolutamente deficiente” las políticas públicas destinadas a garantizar la igualdad de derechos para las minorías sexuales.
Un ejemplo de ello, agrega el Informe, es que “el Estado de Chile no posee catastros fidedignos en torno a los principales problemas que experimentan” las minorías sexuales. Además “no existen instituciones (estatales) específicamente habilitadas para canalizar las denuncias efectuadas por estas personas, ni para representarlas judicialmente”, por lo cual la gran mayoría son cursadas por organizaciones de derechos humanos.
Como consecuencia de la falta de políticas públicas focalizadas, “muchas veces los tratos diferenciadores o perjudiciales no se denuncian” ante las autoridades, situación potenciada por la “vergüenza y miedo a represalias” de las víctimas , añade el estudio
Especial responsabilidad en este tipo de desigualdades, tienen las autoridades que en el transcurso del 2006 emitieron declaraciones o implementaron políticas homofóbicas o transfóbicas y que, de acuerdo al Quinto Informe Anual de Derechos Humanos elaborado por el Movilh, provinieron, entre otros, de los alcaldes de Las Condes, Vitacura y Peñaflor, Francisco de la Maza, Raúl Torrealba y Manuel Fuentes, en forma respectiva.
Al respecto, la UDP es enfática en señalar que “elcontexto de violencia se ve reforzado por vía de diversas declaraciones de autoridades municipales que pueden incitar -o a lo menos, facilitar- actos de violencia específicos en perjuicio de las minorías sexuales”.
“La gravedad que reviste este tipo de declaraciones se debe a que fomentan la perpetuación del trato desigual hacia las minorías sexuales, pues se enmarcan dentro de un determinado discurso ideológico, el que no sólo es escuchado sino, también, seguido por una cantidad considerable de personas”, afirma la investigación.
TRANSEXUALES, PUC Y GAY PARADE
Para la UDP, y en concordancia con los análisis de todos los grupos criollos de derechos humanos, ” la población transgénera en Chile resulta ser particularmente vulnerable al interior del grupo minoría sexual (…) Las personas transgéneras están socialmente marginadas en el ingreso al mercado laboral, ya que dadas sus características físicas, y producto de los prejuicios imperantes en la sociedad, no tienen oportunidades de trabajo ni de capacitación, con lo que sus posibilidades de ingresar al mercado competitivo y mejorar su calidad de vida resultan afectados sustancialmente”.
Esa situación se tradujo, en el transcurso del 2006, en ataques neonazis, negación a la salud y violación de los derechos a la vida y al trabajo, especifica la UDP, tras resaltar la creación de la Alianza Trans Nacional, que tiene entre sus fines el combatir este tipo de fenómenos.
En relación a aspectos positivos del 2006, la Universidad destaca que ese año se comenzó a gestar, “producto de esfuerzos de la sociedad civil, la idea de un PUC, con el objetivo de regular patrimonialmente uniones de parejas de hecho, dentro de las que se encuentran incorporadas parejas no heterosexuales”.
“Con todo, este pacto aún no se plasma en un proyecto de ley específico patrocinado por el gobierno, por lo que en sentido estricto, no es posible hablar de un avance formal en la materia”, considera la UPD, junto con llamar a las autoridades a implementar en breve la tramitación del PUC en el Congreso Nacional.
El año pasado, también se caracterizó por ” el aparente mejoramiento de la percepción social sobre las minorías sexuales. Manifestación clara de lo señalado es la realización de la Gay Parade, que se ha constituido como la mayor manifestación cultural, social y de difusión de la que han sido protagonistas las minorías sexuales en toda la historia nacional”, afirma la UDP.
La mayor apertura social trajo “como consecuencia que autoridades nacionales hayan hecho referencia a la problemática de estas minorías”, como fue el caso de Michelle Bachelet, quien en un hecho histórico se convirtió el 21 de mayo del 2006 en la primera presidenta de la República en nombrar a las minorías en la cuenta anual al Congreso.
RECOMENDACIONES
Junto con exhortar a las autoridades a la rápida aprobación del PUC, la UDP concluyó que “nuestro país tiene la obligación de encaminar sus políticas a la consecución de la igualdad tanto formal como material de todos sus habitante y eso incluye a aquellas personas que pertenecen a una determinada minoría sexual”.
El Estado, a juicio de la UDP, no sólo debe evitar en sus políticas públicas prácticas discriminatorias hacia las minorías sexuales, pues también tiene el deber de implementar planes para prevenirlas y sancionarlas.
“En otras palabras, el Estado se encuentra comprometido a organizar su aparato estatal con miras a la protección de todos los derechos sin ningún tipo de discriminación”, dice la UPD.
Precisa que para ello ” es imprescindible la creación de políticas eficaces cuyo objetivo final sea el respeto del derecho a la educación, de manera tal que la prohibición de la discriminación en esta materia tenga una aplicación real”.
Resulta además indispensable “la configuración de una fiscalización exegética del cumplimiento de las disposiciones gubernamentales pro minorías sexuales, ya que sin perjuicio del alcance que tenga una determinada política o legislación, si ésta no trae aparejada una fiscalización pertinente, en la práctica carecerá de importancia y, por ende, no será útil para proteger el derecho a la igualdad” , puntualizó el estudio de la UDP
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