El estudio, elaborado por la Universidad Diego Portales, es el primero ajeno al movimiento homosexual en dar una cuenta anual sobre la realidad de las minorías sexuales chilenas. El texto, que denuncia graves ineficiencias del sistema judicial, también se refirió a las mujeres, los indígenas, los inmigrantes y las personas con discapacidad.

Por Alberto Roa

12 de mayo, 2004 (OpusGay).- Un crudo análisis sobre el sistema judicial chileno efectuó el “Segundo Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile”, texto referido a los principales hechos del 2003 y que en forma inédita otorgó un capítulo especial de 10 carillas a la realidad de las minorías sexuales criollas.

Elaborado por el Programa de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), el documento hace referencia al sistema judicial local, los órganos internacionales, los abusos policiales, las condiciones carcelarias, los derechos a salud, educación y trabajo y la situación sociocultural y legal de diversos sectores discriminados.

Según el estudio, que tuvo como investigadores principales a Jorge Contesse, Alejandra Mera y Felipe González, el sistema judicial chileno es ” en diversos aspectos un obstáculo para una protección eficaz de los derechos humanos”.

Lo anterior, agrega la investigación, se explica por diversos motivos, como son la “disparidad” en los tribunales para resolver violaciones a los derechos humanos, la predominancia de “criterios formalistas e interpretaciones restrictivas” al momento de resolver los atropellos y la “escasa referencia” en los fallos o sentencias a los tratados internacionales “que forman parte del sistema jurídico interno de Chile desde hace ya 15 años”.

“En relación al uso de los recursos de protección consagrados en la Constitución Política, existe una fuerte burocratización, lo que obstaculiza el debido proceso al cual tienen derechos las personas”, señaló Contesse al momento de lanzar ayer el estudio en compañía del ex presidente de la Corte Suprema, Mario Garrido Montt.

Aunque Garrido Montt valoró la existencia de este tipo de investigaciones, consideró que las críticas en el texto fueron “parciales y restrictivas”, pues, según su parecer, se centraron en la labor de los jueces y la Corte Suprema, dejando al margen el accionar de los abogados que, en muchos casos, pasa por alto los derechos de sus clientes.

Junto con reconocer variadas ineficiencias en el mundo judicial, Garrido Montt estimó que los variados errores son en forma principal “responsabilidad del sistema” y no de un determinado juez.

DDHH Y HOMOSEXUALES

A diferencia del año anterior, el Informe la UDP consideró en un capítulo especial los principales hechos que involucraron a las minorías sexuales en el transcurso del año pasado.

Aunque el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) elabora desde el 2002 estudios anuales sobre los derechos humanos de su sector, la inclusión de esta minoría en el informe de la UPD es inédito, pues fue el primero ajeno al grupo que consideró tal realidad.

“Valoramos profundamente este avance y esperamos que informes de derechos humanos elaborados por otras organizaciones también comiencen a dar cuenta sobre las minorías sexuales chilenas” , señaló el activista del Movilh, Juan Hernández.

En su análisis el estudio de la UDP sostiene que “el retorno a la democracia no trajo consigo una apertura significativa para los problemas de las minorías sexuales. Por lo mismo (…) las personas que forman parte de este colectivo han debido soportar no sólo la discriminación que suele acompañarlos, sino además una permanente situación de marginación e invisibilidad”.

Debido a que las minorías sexuales “viven situaciones a diario que son atentatorias a sus derechos fundamentales”, estas “deberían ser confrontadas por el Estado para darles solución”, indicó el estudio.

El texto de 320 carillas destacó además tres hechos que marcaron hitos en el 2003 en la historia del movimiento homosexual chileno: la reapertura del caso sobre incendio de la discoteca gay Divine, donde murió una veintena de personas; el ingreso al Parlamento del Proyecto de Fomento por la no Discriminación y Contrato de Unión Civil entre Personas del Mismo Sexo y el juicio iniciado por el abogado Jaime López por la tuición de sus tres hijas contra su ex esposa, la jueza lesbiana Karen Atala.

El caso del juez Daniel Calvo, quien recibió sanciones tras conocerse públicamente que era cliente de un sauna gay, también fue parte de los análisis de la UPD, instancia que destacó dos efectos provocados por ese hecho.

Uno fue la consideración de la Corte Suprema como la institución más homofóbica del 2003 en el Informe de Derechos Humanos del Movilh y la otra, el retroceso que el Caso Calvo provocó en la libertad de expresión, toda vez que los responsables de Chilevisión de dar a conocer la denuncia sobre las visitas al sauna gay fueron procesados mediante una norma considerada como una grave atentado para el ejercicio libre del periodismo.

OTROS GRUPOS DISCRIMINADOS

En una muestra de una visión integral sobre los derechos humanos, y en consecuencia no restrictiva a los atropellos padecidos bajo la Dictadura, el informe de la UDP otorgó por segundo año especial consideración a la realidad de las mujeres, los indígenas, los inmigrantes y las personas con discapacidad.

En referencia a las mujeres los análisis centraron los derechos humanos en su vinculación con la Ley de Divorcio, la salud sexual y reproductiva, el aborto, la violencia intrafamiliar y las licencias por descanso maternal, temas que intensificaron sus debates el año pasado entre opiniones conservadoras, lideradas por la Iglesia Católica, y progresistas, encabezadas por algunos parlamentarios y el movimiento social.

Sobre los derecho humanos de los indígenas, el texto concluyó que Chile ” tiene un importante déficit. (..) A un marco normativo débil, que no les reconoce a nivel constitucional una categoría especial, se une (…) una voluntad política de poco compromiso”.

Las críticas respecto a los derechos de los inmigrantes fueron similares. Aunque el Ejecutivo asegura estar trabajando en una política migratoria, “por lo que existe bastante legislación” lo concreto es que todavía “no se da adecuada respuesta a las demandas de estas personas”, sentenció la investigación.

En relación a las personas con discapacidad, el estudio denunció “la falta de accesibilidad” a los edificios públicos y los medios el transporte, situación particularmente grave por cuanto para este sector la ” permanente invisibilidad y automarginación se debe, en gran medida, a la imposibilidad de desplazarse por sus propios medios”.

Los investigadores de la UPD puntualizaron que en el transcurso del presente año continuarán debatiendo sobre los derechos humanos con la ciudadanía mediante la implementación de variados seminarios que analizarán en detalle los temas del Informe.

Los diálogos entre la UDP y la ciudadanía están bastante avanzados con el Foro por la no Discriminación, instancia que reúne a representantes de esa universidad y dirigentes sociales. El resultado más concreto de esta alianza ha sido el proyecto Ley Marco Antidiscriminatorio, el cual desde un aporte amplio e integral pretende aminorar los atropellos contra las minorías sociales.

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