Las mujeres están cada vez más dispuestas a denunciar la discriminación ante el movimiento homosexual. Sin embargo, el temor a sanciones sociales, familiares o legales las obliga a luchar desde el anonimato. Es el caso de una joven madre que ganó la crianza de su hija y la de una estudiante que fue echada de su casa, luego de confesar su lesbianismo.Por Catalina Herrera

4 de julio, 2005 (OpusGay).- Cuando Pablo falleció asfixiado por sumersión en un accidente, su esposa, Carla, tenía dos meses de embarazo. Tras la muerte, la futura madre, de apenas 21 años, debió asumir lo que ya no podía ocultar: su amor por otra joven.

Acompañada de su nueva pareja, Carla dio a luz en enero pasado a una niña y, en pocas semanas, comenzaron los problemas familiares con el abuelo paterno de la menor, un ex carabinero.

“Necesitamos ayuda urgente. Estamos súper asustadas. Mi pareja tiene una bebé de dos meses y su ex suegro quiere obtener la tuición de la niña, alegando que mi pareja es lesbiana”, fue el desesperado llamado que Andrea hizo en marzo pasado al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

El organismo se puso en campaña inmediata para revertir la situación, recopiló todos los antecedentes legales y humanos sobre el caso y los puso a disposición de las autoridades del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam).

El hecho era particularmente delicado porque “el abuelo paterno se inscribió como padre de la beba” en momentos cuando la madre pasaba por un período de desconsuelo total, recuerdan las afectadas.

La lucha, se determinó desde un comienzo, se daría en absoluta reserva, pues tanto Carla como Andrea temían, y temen, que la exposición pública del caso las afectara, tal y cual como ocurrió con la jueza Karen Atala, quien el 31 de mayo del 2004 perdió la tuición de sus tres hijas en un fallo de la Corte Suprema.

El precedente de la Corte provoca tal desconfianza, que tanto Carla como Andrea no sólo mantienen en silencio sus verdaderas identidades, sino que además exigen que no se haga público ningún detalle sobre ellas.

La estrategia de la “lucha en reserva” tuvo éxito. Luego que el Movilh consiguiera asesoría legal y social por parte del Sernam para la madre, esta pudo llegar a un acuerdo con el abuelo paterno que le permite desarrollar su orientación sexual sin temor a ser despojada de su hija.

Hoy la madre vive con el abuelo paterno y “nos estamos desenvolviendo sin problemas en el terreno familiar”, comenta Andrea, sin los miedos de cuatro meses atrás.

Igual suerte no está corriendo, sin embargo, Pamela, otra madre lesbiana que lucha por la tuición de su hijo junto a su pareja.

El padre de la menor, comentan las afectadas, “es un personaje influyente de un partido político, quien aduciendo la orientación sexual de la madre y al hecho de que esta conviva con una mujer, quiere obtener la tuición del menor”.

Acusado de ser un consumidor abusivo de drogas y de “llevar una vida bastante desordenada”, el padre está dispuesto a hacer todo lo humano por obtener la tuición del menor, mientras la madre se mantiene absolutamente desorientada sobre qué hacer debido a las “influencias políticas” de su ex.

“La desprotección legal y social es tan alarmante que este caso poco ha avanzado, pese a que hablamos directamente con las afectadas. Esta pareja lésbica, a diferencia de lo sucedido con Andrea y Carla, tenía tanto miedo que jamás fuimos autorizados para denunciar el caso ante las instancias competentes. Es lamentable lo que sucede en este país”, comenta la activista del Movilh, Sofía Velásquez.

La dirigente responsabiliza directamente de “este siniestro anonimato obligado” al fallo de la Corte Suprema contra Atala. “La discriminación cultural es algo que ha existido siempre. Si a eso le sumamos la legalización de la discriminación en este horrible fallo de la Corte Suprema, no es muy difícil comprender el temor de las madres lesbianas aser despojadas de sus hijas”, apunta Velásquez.

AUMENTO DE DENUNCIAS

A juicio del Movilh las denuncias por parte de lesbianas han incrementado significativamente este año. El organismo aclara que todas las semanas recibe en su correo electrónico al menos una.

“Sin embargo consideramos para el catastro de nuestros informes sólo aquellos hechos que corroboramos con contacto directo con las fuentes y pruebas, pues nada garantiza que una denuncia recibida por e-mail es lo suficientemente seria o verídica. En estos casos debe actuarse con absoluta responsabilidad para enfrentar los problemas en sus justa medida y no sobredimensionarlos”, indica Velásquez

La activista explica que aún cuando varias luchas deben darse en absoluta reserva debido el temor “el sólo hecho de que las denuncias de lesbianas estén aumentando es un gran avance que demuestra una merma en los miedos”.

Junto a los casos de las madres homosexuales, uno particularmente dramático es el que viven Marcela (18) y Leyla (20), ambas amenazadas por el padre de la primera cuando conoció sobre la orientación sexual de su hija.

Fue hace dos meses cuando los padres de Marcela le preguntaron directamente su vida sexual. En un acto de honestidad “les confesé que soy lesbiana y me rechazaron, con llantos y retos incluidos”, comenta.

La joven esperó algunos días para ver si las relaciones familiares mejoraban, pero nada de eso ocurrió. Los hechos se pusieron color de hormiga. “Mi padre ha amenazado con golpear a mi pareja, que vive cerca de mío, y me ha tironeado. Luego me llevaron al psicólogo y un sacerdote visitó mi casa y la de mi pareja para pedirnos que cambiáramos nuestra conducta”, se lamenta Marcela.

Por consejos del Movilh, la joven y su madre estamparon una denuncia ante Carabineros contra el padre por violencia intrafamiliar.

El drama, lamentablemente, no llegó hasta ahí. La madre terminó por alinearse al padre y Marcela fue expulsada de la casa. “Mis últimas noches las he pasado en distintos lugares. Además tuve que retirarme de la Universidad porque mi padre me canceló la matrícula y no seguirá pagando mis estudios de enfermería porque soy lesbiana”, dice.

La joven, asesorada por el Movilh, estudia presentar en las próximas semanas una demanda ante los tribunales correspondientes, de manera de ratificar también la denuncia por violencia intrafamiliar ya expuesta ante Carabineros.

Distinto, pero igual teniendo como génesis la discriminación, fue lo padecido por Francisca, quien junto a su polola y otra pareja lésbica fueron expulsadas de la discoteca Escalibur de San Felipe por expresar su afecto en público.

“En este caso no contactamos con los propietarios de la Escalibur y desconocieron, con evidentes incoherencias, que hubiera discriminación. Sin embargo, nos garantizaron que en el futuro se tendrá mayor cuidado en torno a hechos de este tipo. Si la situación volviera a repetirse, iniciaremos acciones legales”, puntualizó el Movilh

INFORME DE DERECHOS HUMANOS

Todos los casos de homofobia descritos, así como también los que han vivido gays, bisexuales, transgéneros y transexuales este año, serán incluidos en el IV Informe Anual de los Derechos Humanos de las Minorías Sexuales Chilenas, que produce el Movilh con el respaldo de Amnistía Internacional.

De acuerdo al III Informe Anual, en el transcurso del 2004 se registraron 46 denuncias de discriminación por orientación sexual en Chile. Del total, el 59 por ciento afectó a la totalidad de las minorías sexuales, mientras el 17 por ciento sólo a lesbianas, el 13 por ciento exclusivamente a tansgéneros y el 11 por ciento a gays.

El año pasado, la mayor cantidad de casos que afectó a mujeres tuvo lugar en liceos y colegios, lo cual dio origen a la Brigada Escolar Gay y Lésbica del Movilh, compuesta por estudiantes de enseñanza media.

“Para este año no creemos que existan mayores diferencias cuantitativas entre los casos que dañan a gay, lesbianas o transgéneros, sin embargo, estimamos que de todas formas las denuncias de las mujeres serán mayores, a diferencia de lo que pasaba antes del 2002”, indica Velázquez.

El Informe Anual de Derechos Humanos es entregado a autoridades de todos los poderes del Estado y a variadas instancias internacionales, como la ONU, de manera de mantener la voz de alerta y mejorar las políticas públicas, en especial en el terreno jurídico.

“La valentía de los denunciantes es lo que permite cambiar y eliminar los atropellos en Chile contra un amplio sector de la población que es homosexual o ha tenido conductas homosexuales. El esfuerzo es tanto de ellos como de nosotros”, puntualizó Velásquez.