Los Principios de Yogyakarta denuncian que en diversos países se imponen leyes, costumbres y violencia para controlar la sexualidad y atropellar derechos básicos de las minorías sexuales. Por eso hicieron diversas recomendaciones a los Estados para superar la discriminación. En Chile, el Movilh pidió a la presidenta Bachelet aplicar los principios.Por Catalina Herrera
27 de marzo, 2007 (OpusGay).- Jueces, académicos, relatores de las Naciones Unidas y defensores de derechos humanos de 25 países de todos los continentes marcaron un hito en la historia mundial de las minorías sexuales al lanzar ayer en Ginebra los denominados “Principios de Yogyakarta”, el primer documento mundial de expertos en derechos humanos que hace una extensiva y exclusiva referencia a las discriminaciones por orientación sexual e identidad de género
El inédito texto resume de manera integral la vulnerabilidad de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales en el mundo y llama a garantizar la integridad de este sector mediante el respeto a 29 principios fundamentales, que van desde el derecho a la privacidad hasta el derecho a la vida.
Con un lenguaje simple y directo, los principios advierten que en ” n umerosos Estados y sociedades se imponen normas de género y de orientación sexual a las personas a través de las costumbres, las leyes y la violencia”, existiendo un afán por “controlar” las “relaciones personales”.
Para el documento; donde jugó como relator el integrante del Comité de Derechos Humanos de la ONU, Michael O’Flaherty, “ la vigilancia sobre la sexualidad continúa siendo una fuerza principal detrás de la perpetuación de la violencia basada en género y la desigualdad de género“, al tiempo que la respuesta internacional para combatir este fenómeno ha sido “históricamente” “fragmentada e inconsistente”.
Por eso el documento no se queda sólo en la enumeración de los principios básicos para las minorías sexuales, ya que también hace importantes recomendaciones a los Estados y a los organismos internacionales para que de una vez por todas los derechos humanos sean aplicados en igualdad de condiciones.
“Acabar con la violencia y los abusos contra las personas por su orientación sexual e identidad de género debe convertirse en una prioridad para los gobiernos de todo el mundo. Los Estados tienen la obligación primordial de respetar, proteger y promover los derechos humanos”, dijo O`Flaherty, quien además es profesor de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido.
En tanto, para la integrante del grupo de expertos, la brasileña Sonia Onufer Corrêa, los Principios de Yogyakarta “ratifican que los derechos humanos no admiten excepciones” por lo que las “violaciones sexuales, torturas, asesinatos y abusos debidos a la orientación sexual o la identidad de género” deben ser combatidos.
LOS PRINCIPIOS
Denominados “Principios de Yogyakarta” porque fueron acordados en una cita que se dieron entre el 6 y el 9 de noviembre del año pasado 29 expertos en la Universidad de Gadjah Mada de esa ciudad indonesa, el documento fue lanzado ayer en Ginebra en forma paralela al cuarta período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se extenderá hasta el 5 de abril próximo.
Los principios han sido calificados de “revolucionarios y históricos “, por el movimiento mundial de minorías sexuales, pues engloban una amplia gama de derechos que, desde la mirada de sus redactores, ya están garantizados en el mundo internacional humanitario, pese a no ser respetados.
Concebidos como una respuesta a los casos de atropellos a las minorías sexuales que han sido reportados desde diversos países por las organizaciones de gays, lesbianas, transgéneros, transexuales y bisexuales (GLTTB), los principios sostienen que la discriminación por orientación sexual o identidad de género “ menoscaba la integridad y dignidad de las personas (…) debilitando su sentido de estima personal y de pertenencia a su comunidad” lo cual conduce a muchas personas “a ocultar o suprimir su identidad y a vivir en el temor y la invisibilidad”.
Por eso llaman a los países y a sus autoridades a garantizar el respeto a los derechos a la vida, al trabajo, la salud, la educación, la igualdad y la no discriminación, la privacidad, la libertad de expresión, de religión, de asociación, de reunión, de pensamiento y conciencia, el reconocimiento de personalidad jurídica, la seguridad, la no detención arbitraria, la no tortura, la libertad, el juicio justo, la protección social, el nivel de vida adecuado, la protección de los abusos médicos, el asilo, la formación de familia, la responsabilidad penal y la participación política, cultural y pública.
En ese sentido, agrega el texto, “los Principios de Yogyakarta afirman las normas legales internacionales vinculantes que todos los Estados deben cumplir y prometen un futuro diferente en el que todas las personas, habiendo nacido libres e iguales en dignidad y derechos, puedan realizar ese preciado derecho”.
En relación a la uniones civiles para las minorías sexuales, debate que en Chile se ha dado a raíz del Pacto de Unión Civil (PUC), los principios sostienen que los Estados deben ” ad optar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de garantizar que cualquier obligación, derecho, privilegio o beneficio que se otorga a parejas de sexo diferente no casadas esté disponible en igualdad de condiciones para parejas del mismo sexo no casadas”.
Sobre la obligación para la población transexual que existe en algunos Estados, como el chileno, que condiciona el reconocimiento de la identidad de género a una cirugía de reasignación sexual, el documento es más tajante. “ Ninguna persona será obligada a someterse a procedimientos médicos, incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, la esterilización o la terapia hormonal, como requisito para el reconocimiento legal de su identidad de género”, dice.
Ello, por cuanto la “orientación sexual o la identidad de género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de la autodeterminación, la dignidad y la libertad (…) Ninguna persona será sometida a presiones para ocultar, suprimir o negar su orientación sexual o identidad de género” , apunta el revolucionario documento.
El texto finaliza con una serie de específicas demandas a variados órganos de las Naciones Unidas, donde se pide incorporar en los debates internos de esa instancia lo propuesto en los “Principios de Yogyakarta”
CARTA A BACHELET
Para el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), los “Principios de Yogyakarta” destacan porque sus diagnósticos y recomendaciones son “perfectamente aplicables a cualquier país del mundo, incluido Chile donde cada uno de los derechos enunciados en este histórico documento han sido vulnerados en nuestro país”.
Y es que de acuerdo a los informes de Derechos Humanos del Movilh, desde el 2002 a la fecha se han registrado en Chile 270 episodios de discriminación a las minorías sexuales chilenas, que van desde una simple agresión verbal, hasta expulsiones de colegios, despidos de trabajos y asesinatos. Estos últimos suman 11, dos de ellos ocurridos en el presente mes,
Con el objeto de informar al Estado chileno sobre el contenido de estos principios, el Movilh envió ayer a la presidenta Michelle Bachelet y al canciller Alejandro Foxley una misiva, donde además se demandó la “progresiva aplicación de estos principios en el mediano, largo y corto plazo”.
“Pedimos al gobierno chileno que adopte para sí los Principios de Yogyakata de manera de dar respuesta moral y humana a un sector de la población que históricamente ha sido vulnerable” sostuvo la activista del Movilh, Sofía Velásquez.
Agregó que “un gobierno, que tiene como presidenta a una mujer, debe ponerse a la altura de los cambios culturales que vive la sociedad y, por ello, estimamos que la desconsideración de los principios de Yogyakata, evidenciará una contradicción vital con un real respeto a los derechos humanos”.
El organismo se mostró, por último, particularmente satisfecho porque los redactores de los “Principios de Yogyakarta” consideraron un informe del relator de educación ante las Naciones Unidas, Vernor Muñoz, el cual incluyó inéditamente las denuncias del Movilh sobre atropellos a escolares lesbianas en Chile
Pero las minorías sexuales no sólo tuvieron participación “indirecta” en la redacción de los principios, pues entre su lista de redactores figura el activista argentino Mauro Cabral, integrante de la Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas (IGLHRC) que en los últimos meses desempeñó una activa labor tendiente a dotar al mundo de unos principios que hasta ahora eran inexistentes.
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