El gobierno anunció importantes medidas para superar la discriminación en Chile, llegando incluso a hablar de “un nuevo contrato social”. En las inéditas propuestas, el Estado identifica por primera vez a las minorías sexuales como un “grupo vulnerable” que ve perjudicada su “autoestima, identidad y calidad de vida” en Chile.
16 de noviembre, 2004 (OpusGay).- Minorías étnicas, sexuales y religiosas, personas con discapacidad, adultos mayores y niños, son parte de los grupos que enfrentan a diario la discriminación en nuestro país, realidad que se agudiza con la carencia de instrumentos legales y políticas públicas coherentes para resolver en forma apropiada y oportuna los diversos casos de segregación.
Desde el retorno a la democracia una de las deudas pendientes de los gobiernos concertacionistas era precisamente la elaboración y ejecución de herramientas antidiscriminatorias destinadas a respetar y amparar a las minorías de los atropellos.
Consciente de tal deficiencia el gobierno de Ricardo Lagos, tras variadas demandas y propuestas de la sociedad civil, dio hoy sus primeros e importantes pasos para educar en la diversidad a sus funcionarios públicos y a la ciudadanía en general.
Las medidas, analizadas por el Comité Político del Ejecutivo y, en especial, por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, son esencialmente tres: una reforma a la Constitución Política, una Ley Orgánica Constitucional y la implementación del “Plan por la Igualdad y la No Discriminación”, iniciativa que hace referencia explícita a las minorías sexuales, entre otros grupos sociales.
El reconocimiento de la necesidad de superar las marginaciones llegó a tal nivel que el Ejecutivo en su “Plan por la Igualdad” redefinió al Estado como “promotor de la tolerancia y la no discriminación” y reconoció, al mismo tiempo, que las “medidas gubernamentales (para enfrentar la marginación) no han sido suficientes”.
LA ANHELADA REFORMA
Una de las deficiencias más evidentes de la Constitución chilena es la inexistencia de alguna disposición tendiente a aminorar la discriminación, aún cuando la gravedad de tal fenómeno en el país ha quedado registrada en estudios y encuestas desarrollados por diversos organismos, tanto nacionales como internacionales.
Desde el mundo de las minorías sexuales, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) venía efectuando desde 1997 diversas actividades políticas, culturales y académicas con el objeto de modificar el artículo 19 de la Constitución Política.
El paso más importante lo dio en junio anterior, cuando en una entrevista con el subsecretario General de la Presidencia, Rodrigo Egaña Barahona, se acordó que el Comité Político del Gobierno evaluaría la enmienda para dar una respuesta en el transcurso del presente año.
Este martes se conoció la decisión y propuestadel gobierno, mediante un anuncio dado por el ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal, en compañía de los diputados Carolina Tohá (PPD), Fulvio Rossi (PS), Alberto Robles (PRSD) y Arturo Longton (RN), todos los cuales, junto al Movilh, se reunieron en variadas ocasiones con el Ejecutivo para hacer realidad la enmienda.
Al explicar su decisión, Vidal reconoció que “en Chile se discrimina por distintas razones, por color, sexo, ideas, origen étnico, y el país tiene que avanzar en todos los ámbitos, no sólo en los políticos, institucionales y comerciales”
Atendiendo a esa realidad la reforma legal, que entrará a más tardar el 31 de enero del 2005 a tramitación en el Congreso, estipula en el artículo 19 de la Constitución que “en Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley, ni autoridad, ni persona o grupo de personas alguno , podrá establecer diferencias o discriminaciones arbitrarias”.
La enmienda posibilitará y facilitará por primera vez a las personas afectadas por la discriminación presentar recursos de protección en virtud de lo ya estipulado en el artículo 20 de la Constitución Política. Según esa norma ” el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de sus derechos” podrá denunciar el caso ante la Corte de Apelaciones respectiva, la cual ” adoptará de inmediato” las medidas necesarias para, ahora de acuerdo a la enmienda, terminar con la discriminación.
El vocero de La Moneda anunció además que en marzo del 2005 presentará una Ley Orgánica con el objeto de tipificar y especificar las formas de segregación (xenonofobia, homofobia, etc) “precisamente para combatirlos, porque un país civilizado no debe ni puede discriminar por ninguna razón”.
La medida fue aplaudida por los parlamentarios que apresuraron su creación (Tohá, Longton y Rossi, entre otros), y en especial por el Movilh, el único organismo de la sociedad civil que desarrolló desde 1997 una sistemática campaña por reformar el artículo 19.
“Tras siete años de lucha, valoramos y aplaudimos el anuncio del gobierno, el cual comienza a ubicar a nuestro país en la lista de los países que aspiran a un verdadero desarrollo humano, garantizando una verdadera igualdad ante la ley “, indicó la organización.
El mundo parlamentario, en tanto, se mostró confiado en que la reforma sea aprobada sin problemas, pues cuenta con un amplio y transversal respaldo en todo el espectro político.
“NUEVO CONTRATO SOCIAL”
Las buenas noticias para las minorías y grupos marginados no terminaron con el anuncio de Vidal, pues en paralelo el subsecretario general de Gobierno, Patricio Santamaría, presentó el “Plan Nacional por la Igualdad y la No Discriminación”, iniciativa que de aquí al 2006 pretende sentar las bases de una cultura más respetuosa de la diversidad.
La estrategia central del Plan es educar y orientar a todos los funcionarios e instituciones públicas, de manera que reconceptualicen su visión de las minorías y, al mismo tiempo, sepan atender y resolver los casos de discriminación que lleguen a sus manos.
La ambiciosa iniciativa busca con ello “establecer un nuevo contrato social” que garantice “el desarrollo humano del país y contribuya a que a que las personas, grupos y comunidades sean reconocidas en su diversidad e incorporadas en las distintas iniciativas gubernamentales, de manera que éstas mejoren su calidad de vida, en concordancia con la democracia y sus valores fundamentales: la libertad y la igualdad”.
Respaldado por una fuerte argumentación teórica, que tiene entre sus bases a los tratados internacionales, el novedoso plan contempla una serie de acciones y compromisos que los funcionarios públicos deberán concretar y perfeccionar a medida que el proceso es sometido a rigurosos monitoreos.
Los instrumentos, herramientas y medios considerados para “educar en la diversidad”, van desde campañas comunicacionales hasta fondos concursables, investigaciones, foros, seminarios y reformas o recomendaciones antidiscriminatorias en el ámbito jurídico.
Los encargados de formular los compromisos más específicos del Plan son los directivos de los ministerios y servicios, siendo los beneficiados todos sus trabajadores y los integrantes de la sociedad civil que requieren algún tipo de asesoría o ayuda de alguna instancia del gobierno.
El plan gubernamental fue elaborado con el aporte de la denominada Red Multicultural, ente compuesto por diversas organizaciones representantes de las minorías sociales de Chile que se reunieron en los últimos años bajo el alero de la Organización de Divisiones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaria General de Gobierno.
UN PLAN CONTRA LA HOMOFOBIA
Junto con reconocer la existencia de la xenofobia, el racismo, el clasismo y el sexismo, así como la necesidad de combatir esos fenómenos, el texto del gobierno se refiere también en forma específica a la homofobia y hace referencias a las minorías sexuales en todas aquellas partes donde enumera a los grupos discriminados.
Más aún, el gobierno llegó a definir la homofobia como “una ideología que discrimina a las personas basada en un rechazo al modo en que los ciudadanos experimentan su sexualidad y constituyen sus identidades sexuales”.
A juicio del Plan, la homofobia ” se basa en la creencia de que la heterosexualidad es, o debería ser, la única orientación sexual aceptable. El asumir esta creencia, sin ningún cuestionamiento, como aquello que es normal y natural para todos los seres humanos, genera visiones estereotipadas, rechazo, malestar y discriminación. En definitiva es el odio hacia los homosexuales, bisexuales, lesbianas y travestis”.
El texto reconoce que la homofobia es una cruda realidad del país y tipifica a los homosexuales como un “grupo vulnerable” toda vez que en razón de su orientación sexual “se ven enfrentados a situaciones de subvaloración y menosprecio, perjudicando su autoestima, identidad y calidad de vida”.
Para el Movilh el texto constituye “una importante herramienta de visibilización no sólo sobre la existencia de nuestro sector, sino sobre la vulnerabilidad en la cual nos ubicamos”.
El organismo consideró que “este reconocimiento, por parte del Estado, es sin duda histórico y lo entendemos como el resultado del importante trabajo que las minorías sexuales hemos desarrollado con el apoyo de diversas personas e instituciones que se aliaron a nuestra lucha. Nos referimos especialmente a quienes lo hicieron comienzos de los 90, cuando pocos se atrevían a relacionarse con las minorías sexuales”.
Ahora sólo queda esperar, puntualiza el Movilh, que “este beneficioso discurso público se traduzca en acciones lo antes posible para que la alegría democrática sea real y las promesas no queden en el papel, que por cierto resiste mucho”.