La UDI se opuso en bloque a la propuesta que sanciona con multas de hasta tres millones 700 mil pesos y reclusión de hasta tres años a quienes cometan actos discriminatorios, lo cual llevó a enfrentamientos entre el Movilh y diputados de ese partido. Además un importante artículo del proyecto fue rechazado por ausencia de parlamentarios de la Concertación, lo que generó otra disputa.

Por Catalina Herrera

 

5 de octubre, 2005 (OpusGay).- Anoche la ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Cecilia Pérez, se presentó en la Cámara de Diputados para defender y apoyar el “Proyecto que Establece Medidas Contra la Discriminación”, iniciativa que previene y sanciona las marginaciones arbitrarias que padecen diversos sectores sociales, como las minorías sexuales.

El discurso de Pérez, sin embargo, fue apenas conocido por los diputados, pues en la sala no había más de 10 parlamentarios. Debido a la alta ausencia, la votación del proyecto se postergó hasta hoy, y aunque durante esta tarde la asistencia de los honorables fue mayor, lo cierto es que no fue la suficiente para que el proyecto fuera aprobado en su totalidad debido al alto quórum (66 votos) que requerían algunos artículos.

Así fue como quedó marginado de la aprobación un artículo que buscaba modificar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, de manera que esta definiera como un deber del Estado fomentar la no discriminación en todo el sistema educacional.

Agrio y dulce fue entonces la aprobación de la norma para Pérez y para el Movimiento de integración y Liberación Homosexual (Movilh), el actor de la sociedad civil que ha liderado las campañas y acciones para conseguir que el proyecto se transforme lo antes posible en ley.

Las críticas por la ausencia de parlamentarios no se hicieron esperar. Pérez y el presidente del Movilh, Rolando Jiménez, quienes anoche y hoy “cazaron” votos favorables al proyecto en los pasillos y la cafetería del Congreso, expresaron al instante su molestia.

Mientras Pérez llamó a los diputados a desarrollar con responsabilidad el trabajo para el cual fueron electos, pues caso contrario “esto les puede costar votos“, Jiménez repudió que “varios parlamentarios de la Concertación que han ganado cámaras con el tema de la no discriminación hoy no estén presentes”.

Más allá fue en todo caso la bancada del Partido por la Democracia (PPD), la cual anunció que multará con hasta cien mil pesos a sus parlamentarios por faltar a la sesión, aún cuando algunos de sus diputados se encontraban en las oficinas del Congreso.

El balance general fue de todas maneras positivo para el Sernam y el Movilh, pues el proyecto logró pasar su tramitación en la Cámara de Diputados en un tiempo breve (el Ejecutivo lo ingresó al Congreso en marzo pasado), iniciando ahora su discusión en el Senado, e incluyó como categorías protegidas a la “orientación sexual” y al “género”, pese a la contundente oposición manifestada por la Unión Demócrata Independiente (UDI).

“El proyecto es un salto cualitativo como país”, en especial porque vivimos en una “sociedad que se autodefine como moderna en su desarrollo económico, pero que contiene gravísimos grados de exclusión de diversos sectores de la sociedad”, dijo Pérez.

Jiménez redondeó, en tanto, que “nuestra alegría por este avance es obvia, pues llevamos ocho años luchando por una norma de este tipo, contando desde el Ejecutivo primero con el respaldo del Ministerio Secretaría General de Gobierno y ahora también del Serman”.

 MULTAS Y PRISION

 

Tras pasar por diversos cambios en las comisiones de Derechos Humanos Nacionalidad y Ciudadanía y de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, el proyecto finalmente estipuló que impedirá y sancionará cualquier tipo de discriminación arbitraria basada en “raza, xenofobia, religión o creencias, origen nacional, cultural o socio económico, la verdadera o supuesta pertenencia o no pertenencia a una etnia o raza determinada, en una enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia, por el sexo, género u orientación sexual , descendencia, edad, opinión política o cualquiera otra condición social o individual y cuyo fin o efecto sea la abolición o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos esenciales a toda persona humana”.
Quienes violenten esa norma serán sancionados con penas de reclusión que van desde los 61 días a los tres años. En el caso de los fundadores o directivos de asociaciones que promuevan la discriminación la prisión mínima será de 541 días y máximas también de tres años.

Ese aspecto es una de las disposiciones más importantes, pues en el último tiempo se han intensificado los grupos que llaman a rechazar a las minorías, siendo ejemplos los neonazis y movimientos católicos ultraconservadores como Acción Familia.

El proyecto establece también que el funcionario público que en el ejercicio de su cargo cometa un acto discriminatorio será sancionado con multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales (un millón 555 mil 150 pesos a tres millones 110 mil 300 pesos). En el caso que acto tenga lugar en el marco de actividades profesionales o empresariales privadas, la multa va desde las cinco a 120 unidades tributarias mensuales (115 mil 515 pesos a tres millones 732 mil 360 pesos).

Para que los afectados hagan efectivo sus derechos, se creó una acción especial de discriminación, mediante el cual se podrá denunciar los atropellos un plazo inferior a seis meses de cometido el acto discriminatorio. Tras la sentencia, la víctima podrá demandar indemnizaciones morales y materiales.

En el proyecto votado hoy estaba estipulado que la acción especial se interpusiera ante la Corte de Apelaciones, pero debido a la falta de quórum la norma fue rechazada. Se acordó, en ese sentido, que sea en el Senado donde se defina a que instancia deberán dirigirse los afectados.

La norma contempla, por último, agregar la categoría de no discriminación en la Ley sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

CONFLICTOS CON LA UDI

Al igual como ocurrió el pasado 21 de junio, cuando el proyecto fue aprobado en términos generales por la Cámara de Diputados, la UDI se opuso nuevamente en bloque a la propuesta, convirtiéndose en el único partido que la rechaza.

A juicio de los diputados de esa colectividad, como Felipe Salaberry y Gonzalo Ibáñez, su oposición se debe a que el proyecto tiene deficiencias técnicas y jurídicas, además de ser innecesario porque en la actualidad las personas discriminadas puede hacer uso del recurso de protección para su defensa.

Tal postura fue rechazada por el Movilh, grupo para el cual “la UDI ya se manifestó en contra de un proyecto de acuerdo que condena los crímenes por homofobia y que logramos se aprobará en la Cámara este año. Ello demuestra que sus actuales argumentos para oponerse a este proyecto son solo artimañas para ocultar el trasfondo del asunto, cual es su homofobia“.

El desencuentro entre la UDI y el Movilh se hizo carne esta mañana cuando Ibáñez explicaba a los periodistas que el proyecto difícilmente podría cumplir con su objetivo de eliminar la discriminación, preguntándose como entonces sería posible cumplir con tal fin. Esta versión fue interpelada al instante por Jiménez, que también estaba allí presente, señalando que “que vamos a eliminar la discriminación con educación diputado”.

Y las disputas no terminaron ahí, pues cuando Jiménez se encontró en el Congreso con el parlamentario UDI Patricio Melero, le expresó también su molestia por la postura del partido. “Vamos a preocuparnos de decirle a todos los ciudadanos que la UDI vota en contra de los derechos de los personas”, le dijo el líder del Movilh. “Dígaselo a quien quiera”, fue la respuesta del honorable.

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