Este discurso fue emitido en la Plaza de la Constitución por la presidenta de la agrupación Las Otras Familias, Emma de Ramón, a tres años del fallo de la Corte Suprema que quitó la tuición de sus tres hijas a la jueza Karen Atala. La perspectiva del discurso es valiosa y digna de conocer.

*Por Emma De Ramón

Quisiera empezar este discurso pidiendo un aplauso para una mujer, a una trabajadora sexual que hace dos meses atrás murió a manos de un enfurecido cliente que la mató a golpes al darse cuenta que era una trans. Gustavo Carrasco, Chela, descansa en paz.

Chela, aunque tú no cuentas entre las víctimas de femicido, cuentas en nuestros corazones que no olvidaremos tu crimen; desde aquí exigimos que, así como se otorgó cadena perpetua al asesino de la pequeña Javiera Cabrera, tu asesino reciba el mismo trato.

Según la edición de un diario de circulación nacional aparecido el día de ayer, los vecinos del cerro Concepción de Valparaíso y los estudiantes y apoderados del colegio Windsor están indignados por un grafiti que apareció en uno de sus muros; la consigna dice: “la homosexualidad no es una moda: es que nos cansamos de estar escondidos”. Según la reportera, una de las madres de los niños que asisten al colegio encontró “desubicado” el rayado porque es un lugar donde circulan niños y le fue muy difícil explicarle la homosexualidad a su hijo. Mientras leía el artículo me pregunté cuál es la dificultad de decirle a un niño que algunas personas aman a personas de su mismo sexo. Pero donde quedé francamente sorprendida fue con las palabras de la directora; ella dijo: “nosotros respetamos la diversidad y eso es lo que enseñamos en la aulas pero también queremos que nos respeten”. Yo me pregunté ¿Qué hay de irrespetuoso en el texto de ese rayado? ¿Por qué no utilizan el grafiti para promover el respeto a la diversidad sexual en vez de escandalizarse y promover entre los estudiantes el repudio frente a la expresión de una orientación sexual diversa?

El mismo tema escandalizó a parte de la sociedad chilena hace tres años: durante algunos de meses se discutió ampliamente el fallo de la Corte Suprema que negó la tuición de sus hijas a una madre lesbiana por vivir con otra mujer. Entre otros puntos, el fallo reconoció que el “tomar la decisión de explicitar su condición homosexual& puede hacerlo libremente toda persona en el ámbito de sus derechos personalísimos en el género sexual, sin merecer por ello reprobación o reproche jurídico alguno”. Sin embargo a través de este hecho antepone “sus propios intereses, postergando los de sus hijas, especialmente al iniciar una convivencia con su pareja homosexual en el mismo hogar en que lleva a efecto la crianza y cuidado de sus hijas”

A nuestro juicio, este fallo significó una de las mayores vulneraciones de los derechos humanos de las minorías sexuales, por parte de uno de los poderes del Estado de Chile. ¿Por qué? Porque en este caso, el Estado se tomó para sí el derecho de controlar el cuerpo y la sexualidad de sus ciudadanos en miras a buscar la reproducción de la especie y la reproducción de patrones sociales y morales restrictivos de ciertos grupos de la sociedad y no de toda la sociedad. Estas normas de convivencia aplicadas a la fuerza sobre una sociedad moderna y democrática se inspiran en las categorías decimonónicas desarrolladas por Andrés Bello en el Código Civil de la República de Chile. Cualquier alternativa a esa conducta es repudiada por los órganos del Estado y por la ideología heterosexual que destruye, minusvalora, cercena, coerciona y recluye en ghettos a los miembros de la comunidad que no se adaptan a esos códigos.

Karen Atala, yo misma y la familia que hemos construido juntas fuimos expresamente recluidas a un ghetto donde no pudiéramos “escandalizar” a la “gente decente” a las “familias normales” con las que estas niñas se relacionarían, con el falso argumento de protegerlas para que no fueran discriminadas. El Estado de Chile a través de su tenaz silencio se hizo cómplice de la discriminación por cuanto, igual como la profesora y la madre del colegio Windsor de Valparaíso dicen respetar la diversidad, en realidad la repudian, la excluyen, la perpetúan. Yo te respeto pero no quiero verte cerca de mí porque, en el fondo, me das asco. A esa expresión es a la que ha adherido todo el Estado de Chile, su gobierno y sus parlamentarios al tolerar durante tres años un fallo como el que afectó a una familia de lesbianas y al guardar silencio frente a nuestras demandas, el mismo silencio que guardó la Sra. Presidenta durante el discurso del 21 de mayo a pesar de ser su propia familia afectada por este fallo y por la discriminación.

La exclusión ha sido la respuesta de este país ante el “otro” frente a los proyectos de leyes y políticas publicas. No sólo se nos ha excluido a las lesbianas, gay, trans y bisexuales. Se excluye a los discapacitados, a los pueblos originarios, a las mujeres y a toda la serie de personas “diferentes” que compartimos esta hermosa tierra.

Queremos dejar de vivir exiliados en nuestras propias casas y poder pasear libremente por las calles de Chile.

No queremos vivir desterrados a nuestra intimidad o espacios públicos “gay friendly”, que solo construyen un apartheid ciudadano. ¿Cuál es el temor de ver a dos mujeres tomadas de la mano y besándose en las calles? ¿Cuál es el temor de ver a dos hombres constituir familia y criando hijos? ¿Cuál es el temor de ver a una persona reasignar su cuerpo en busca de la identidad que la naturaleza no supo darle?

“Querer ignorar la realidad de la diversidad -o, peor aún, tratar de anularla- significa excluir la posibilidad de sondear las profundidades del misterio de la vida humana. La verdad sobre el ser humano es el criterio inmutable con el que todas las culturas son juzgadas, pero cada cultura tiene algo que enseñar acerca de una u otra dimensión de aquella compleja verdad. Por tanto la “diferencia”, que algunos consideran tan amenazadora, puede llegar a ser, mediante un diálogo respetuoso, la fuente de una comprensión más profunda del misterio de la existencia humana”. Estas son palabras de Juan Pablo II.

Privarle a una persona el derecho de criar a sus propios hijos por el sólo hecho de ser lesbiana constituye un atropello a uno de los principios básicos de los derechos humanos: de la igualdad ante la ley y el de la dignidad de la persona humana. La concepción anquilosada de familia que inspiró ese fallo, nos aleja no sólo a lesbianas, gays, trans y bisexuales a formar familias y a criar a nuestros propios hijos, sino que sanciona a más de la mitad de las familias chilenas, las margina y las excluye.

La sistemática exclusión y llamado a que se guarde el decoro moralista de una moral decimónica, ajena a nuestra realidad social, es la que está inspirando las políticas públicas, los fallos judiciales y las ordenes policiales, bajo el eufemismo de “ofensas al pudor, a la moral y las buenas costumbres”

En una sociedad democrática es esencial el debate público escuchando a todos los sectores involucrados en el tema debatido. Sin embargo, nuestras organizaciones no han sido siquiera invitadas a participar en estas discusiones. Por eso nos enfrentamos a proyectos de ley ajenos y desvinculados a la realidad que vivimos. Al igual que las clases de tolerancia y respeto a la diversidad que imparten en el colegio Windsor de Valparaíso, los proyectos de ley deben ser elaborados oyendo a los involucrados en ellos.

Por eso exigimos que en la Ley Marco Antidiscriminatoria que actualmente se discute en el Parlamento se reconozca la diversidad familiar constituida por la lesbo-maternidad y gay-parentalidad.

Que el ejecutivo patrocine la iniciativa de la institucionalidad para la aplicación práctica de esta ley, a través de la figura del “Defensor del Pueblo”.

Que se establezca un recurso de protección especial de acción colectiva, aparte del individual, de manera que nuestras organizaciones sociales puedan denunciar y seguir las denuncias por discriminación, porque como nuestras autoridades han sostenido muchas veces, “el gobierno ciudadano es la base del Estado democrático”.

El proyecto que actualmente se apronta a ser aprobado es absolutamente ineficiente para dar resguardo a las violaciones de los derechos humanos de las minorías sexuales en su real dimensión, y constituye simplemente una declaración de principios.

Si fuésemos incluidas en las discusiones de proyectos de leyes, en las discusiones de políticas públicas, en las gestiones que nos atañen como grupo L.G.T.B., ya no seríamos una minoría excluida y dejaríamos de decir -parafraseando aquella célebre frase del Poema del Mío Cid Campeador-; “Que buenas y buenos ciudadanos seríamos si tuviéramos a un buen Estado que beneficiar desde nuestra identidad”.