Cuando el año 2000 un grupo neonazi aglutinado en el Movimiento Patria Nueva Sociedad anunció la realización en Chile de un Congreso internacional sobre ese sector ideológico, diversas voces se opusieron en forma acelerada a la iniciativa por considerarla promotora del odio racial y la xenofobia.

En ese momento una parte del movimiento homosexual chileno calificó de inapropiado oponerse a priori a la celebración del Congreso, por cuanto se desconocían sus reales objetivos, identificación y adhesión con el nazismo puro. Se estimó en esa línea, y se sigue sosteniendo, que ninguna opinión e ideología debe ser prohibida toda vez que no constituye ni promueve algún tipo de delito o discriminación, pues el libre pensamiento de las personas, por crítico y ácido que sea, es uno de los pilares básicos de la democracia.

Rechazar además la celebración del Encuentro Neonazi sin conocer a cabalidad sus intenciones no sólo significaba estigmatizar y prejuiciar a un sector de la ciudadanía, sino también era reproducir y apelar precisamente a la democracia protegida, cuyos principales soportes fueron ideados por el Movimiento Gremialista (influenciado por el corporativismo), institucionalizado por el Régimen Militar y “validados” en el espacio públicos por los adherentes totales o parciales de la Dictadura.

En el transcurso del 2001, diversos sectores fueron sin embargo conociendo en mayor detalle las acciones y opiniones de Patria Nueva Sociedad y de una decena de grupos neonazis criollos que han surgido públicamente tras ese movimiento. Muchas de los “postulados” de esos grupos se han basado en el último año en fuertes críticas contra las minorías sexuales, las cuales han sido calificadas de antinaturales y enfermas, y también contra los judíos y las personas de raza negra.

Tras un enfrentamiento en el Paseo Ahumada entre el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y Patria Nueva Sociedad, a raíz de fuertes dichos homofóbicos emitidos por el líder de ese grupo, comenzaron además a llegar correos con amenazas de muertes a diversas organizaciones de las minorías sexuales. A ello se sumó la promoción a través de internet de una campaña que desacreditaba a diversos dirigentes de la población homosexual, dando sus nombres y direcciones, y se incitaba a sus lectores a manifestarse con violencia en actos donde estuvieran involucrados gays, judíos o personas de raza negra.

Son las amenazas, la incitación a la violencia y la discriminación contra las minorías, cuyas consecuencias son difíciles de ponderar en una sociedad de corte conservador, lo que finalmente determinó que el Movilh, y también nuestra línea editorial, se oponga a la rearticulación de los movimientos neonazis conocidos hasta ahora. Ello, porque al margen de la promoción de una ideología, cualquiera sea esa, y de la libertad de pensamiento que a todo grupo debe garantizársele en igualdad de condiciones, las opiniones y acciones de los neonazis chilenos pasaron a constituirse en un delito toda vez que violentan diversas normas fundamentales, cuales son: el artículo 296 del Código Penal, que sanciona las amenazas, el artículo 31 de la ley de prensa, que prohíbe la incitación al odio u hostilidad en razón de sexo, raza, nacionalidad o religión, y el artículo 19 de la Constitución que garantiza a todas las personas los derechos a la “integridad física y psíquica” y a la protección de la honra y la vida privada y pública.

En este marco de la articulación neonazi es indispensable que todos los ciudadanos estén alertas y se comprometan con las causas que efectivamente favorecen a la democracia, mientras las autoridades tienen el deber de velar porque las amenazas y opiniones de los grupos neonazis, que ya por sí solas constituyen un delito, sean sancionadas antes que se transformen en acción.