La magistrada demandó al Estado Chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aduciendo que nuestro país violentó al menos ocho normas internacionales cuando la Corte Suprema le quitó la custodia de sus hijas debido a su orientación homosexual. Este es el segundo caso de minorías sexuales criollas que llega a instancias extranjeras.

El gobierno anunció importantes medidas para superar la discriminación en Chile, llegando incluso a hablar de “un nuevo contrato social”. En las inéditas propuestas, el Estado identifica por primera vez a las minorías sexuales como un “grupo vulnerable” que ve perjudicada su “autoestima, identidad y calidad de vida” en Chile.