Por L.P

3 de febrero, 2004 (OpusGay).- Cuando los directivos del Liceo Metropolitano expulsaron el 9 septiembre pasado a dos alumnos gays, durante dos semanas su explicación fue una sola: la sanción obedecía al hecho que los estudiantes habían practicado sexo oral en los baños.

Al instante los compañeros de los afectados y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunciaron que la sanción era homofóbica. En repuesta, la dirección del establecimiento señaló en una misiva al Ministerio de Educación (Mineduc) y a través de declaraciones a la prensa la versión sobre el sexo oral, llegando a provocar un debate a nivel nacional.

“ Se hizo una investigación producto de sorprender a estos alumnos en prácticas inmorales en los baños. Se informó de esto al Ministerio de Educación. Una situación de esa naturaleza es inaceptable desde todo punto de vista moral, por lo tanto a estos alumnos en esa circunstancia se le canceló la matrícula”, señaló a la prensa en distintas oportunidades el director del Liceo, José Molina, respaldo por el inspector general, Julio Duarte.

Mientras los directivos aseguraban tener pruebas sobre sus acusaciones, los estudiantes, apoderados y el Movilh denunciaron el caso al Mineduc, efectuando marchas y manifestaciones y protestas y llamando al Liceo a demostrar sus dichos. Para ellos, tras “la falsa acusación” se escondía el ánimo de marginar a dos menores por el solo hecho de que su orientación homosexual era pública.

A medida que pasaban los días, los menores alegaron efectos psicológicos, y una de las madres llegó a perder su trabajo debido a la exposición pública del caso. Sólo tras eso, el Liceo debió reconocer que no tenía pruebas y reincorporó a los alumnos el 21 de septiembre.

Hoy la lucha de los menores Danilo Fica (17) y F.G (16) continuó, pues representados por sus madres y respaldados por el Movilh, interpusieron en el 14 Juzgado del Crimen una querella criminal por delito de injurias graves con publicidad contra Molina, Duarte y el sostenedor del Liceo, Víctor Aguilera.

Patrocinada por el abogado Pablo Casanueva, la querella sostiene que lo sufrido por los dos estudiantes sólo es posible de remediar “mediante la sanción que nuestra legislación establece para estas conductas. Y es que los querellados difundieron públicamente un hecho falso y no acreditado”.

“La honra y la integridad moral de nuestros hijos fue dañada. Hasta hoy no recibimos disculpas públicas por las acusaciones infundadas“, señalan las madres de los menores, Noly Bahamondes y W.A.

“El ánimo de los querellados fue injuriar, produciendo un perjuicio irreparable en la fama, afectando inclusive el sustento económico de su familia y poniendo en duda su prestigio entre su círculo social y inmediato y familiar”, indican.

Junto con anunciar la próxima presentación de una demanda civil, las madres puntualizaron que el objetivo de la demanda es someter a proceso, acusar y condenar con la pena máxima a los responsables de los atropellos, siguiendo lo estipulado en el artículo 416 del Código Penal sobre injurias con publicidad.

Sobre la materia la activista del Movilh, Sofía Velásquez, valoró “profundamente que esta lucha la estemos dando con familiares de los afectados, quienes aceptaron sin pensarlo dos veces nuestra propuesta de una querella. Esto es bastante inusual, desde nuestra organización hemos tenido la suerte de trabajar en varias ocasiones junto a las madres o padres de las víctimas. Nosotros aplaudimos la valentía de estas madres, pues se transforman en un ejemplo para casos similares, que generalmente jamás son denunciados”