La iniciativa genera una Comisión Nacional por la Igualdad y órganos judiciales especiales. Sanciona con presidio y multas de hasta 60 millones de pesos a quienes discriminen a los sectores minoritarios de Chile, incluidos los homosexuales.
Por Alberto Roa.
10 de mayo, 2003 (OpusGay).- Desde hace dos años que la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales venía elaborando, en conjunto con la sociedad civil, un proyecto de ley que crea una potente institucionalidad antidiscriminatoria y sanciona con fuertes penas a quienes vulneren los derechos humanos de los sectores minoritarios.
Esta semana el proyecto, cuyo título es “normas destinadas a fortalecer el derecho a la igualdad y la erradicación de toda forma de discriminación contra las personas “, pasó a una segunda fase, pues terminó su redacción. La tarea ahora es definir las mejores estrategias para conseguir que la propuesta ingrese al Congreso, trabajo que desde ayer iniciaron la Facultad de Derecho y diversas organizaciones sociales representativas de minorías étnicas, religiosas, sexuales, personas con discapacidad, jóvenes, mujeres y extranjeros residentes en Chile.
El proyecto “es bastante ambicioso porque implica y busca un cambio cultural”, señala la abogada Lidia Casas, quien en conjunto con los juristas María Soledad Cisternas y Hugo Ocampo son los creadores del texto que se gestó bajo el alero del denominado “ Foro por la no Discriminación “ de la Diego Portales.
Pero la propuesta no es solo ambiciosa por sus objetivos, sino también por su estructura y composición, la cual involucra a la casi totalidad de los ministerios, los municipios y los grupos discriminados. Como si fuera poco, crea órganos judiciales especializados y con poder de sancionar con fuertes penas a quienes vulneren la norma.
LA COMISION NACIONAL ANTIDISCRIMINATORIA
En términos específicos el proyecto prohíbe y sanciona quienes discriminen en razón de “color, origen étnico, cultural, nacional o socioeconómico, sexo, género, orientación o preferencia sexual, religión, creencia, opinión política, discapacidad, enfermedad, estructura genética, idioma, nacimiento, estado civil, edad, actividad laboral, imagen personal o cualesquiera otra condición social o individual”.
“En el proyecto se establecen políticas de Estado, porque ese ente carece de una estrategia al respecto. La gravedad de la intolerancia y la discriminación justifican la intervención en el tema en su más amplia expresión” , señaló el abogado Hugo Ocampo al explicar ayer los alcances de la iniciativa a la sociedad civil.
Basados en la estructuras de las gubernamentales Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y de la Comisión Nacional del Medioambiente (Conama), el proyecto crea la “Comisión Nacional por la Igualdad y la Integración Social” , la cual es definida como “un servicio público de patrimonio público” que depende directamente del Presidente de la República y tiene como fin velar por el cumplimiento de las normas antidiscriminatorias y elaborar políticas públicas para tal fin.
La Comisión, de alcance nacional y regional, es integrada por un Consejo de 11 ministros, por un Fondo Nacional y también por el Consejo Nacional por la Diversidad y la Integración Social compuesto, entre otros, por personas representativas de los grupos discriminados: a) uno por cada pueblo originario del país; b) dos de las organizaciones de mujeres; c) dos de las organizaciones defensoras de los derechos del niño; d) dos de las organizaciones juveniles; e) cinco de las iglesias evangélicas y otras organizaciones religiosas legalmente constituidas como tales; f) dos de grupos de inmigrantes; g) dos de organizaciones de las minorías sexuales; h) dos de las organizaciones de trabajadores; i) dos de las organizaciones de personas con discapacidad.
ORGANOS JUDICIALES ESPECIALES
Más ambiciosa es, sin embargo, la creación de órganos judiciales especiales que estudia y determina las sanciones de las conductas intolerantes. Ocampo justifica desde un punto de vista moral y ético la necesidad de crear esa estructura. ” Así como se creó una judicatura especial para la libre competencia, encontramos que no se puede negar la cautela de este valor social” que es la lucha contra la discriminación, indica.
Teniendo como modelo a la ” judicatura nacional de lucha contra el monopolio y a la Fiscalía Económica Nacional” , los órganos judiciales se dividen en la Comisión Preventiva Antidiscriminatoria Regional, la Comisión Resolutiva Antidiscriminatoria y la Fiscalía Antidiscriminatoria, instancias que tienen como integrantes a funcionarios de la Corte Suprema, del Ministerio de Justicia, profesores y decanos de universidades y representantes de la sociedad civil.
“Cualquier particular que sufra un acto discriminatorio previsto en la presente ley podrá recurrir ante el Fiscal Regional respectivo, a fin que éste si lo estima procedente solicite a la Comisión Preventiva Antidiscriminatoria Regional o a la Comisión Resolutoria las medidas que estime pertinentes, o ante el Juzgado de Policía Local respectivo correspondiente al territorio en que se cometió el acto o al de su domicilio. En este último caso, el procedimiento se regirá por el contemplado en la Ley de Juzgados de Policía Local” , señala el proyecto en su artículo 38.
Tal disposición faculta, en esa línea, a nuevas instancias (la Comisión Preventiva Antidiscriminatoria Regional y la Comisión Resolutoria, según sea el caso) a absolver, sancionar, requerir investigaciones, dictar instrucciones y prevenir cualquier asunto relacionado con prácticas discriminatorias
Aún cuando la propuesta antidiscriminatoria es a todas luces la más avanzada, integral y multidisciplinaria conocida hasta ahora en Chile, la abogada Casas aclaró que “nosotros no estamos pensando en que vamos a ser la vanguardia de algo. Nuestro trabajo se ha efectuado con las organizaciones que actúan en la calle, exigen sus derechos en los tribunales y dialogan con sus congresistas y con el Ejecutivo. Nuestra ideas es ser un puente de un diagnóstico, el cual ya tenemos”.
LAS SANCIONES
La norma garantiza a toda persona afectada por la discriminación el derecho de exigir “reparación de los daños materiales y morales sufridos”. ” Para el establecimiento del carácter discriminatorio de un hecho, así como de sus efectos y daños, los tribunales ordenarán los estudios y peritajes sociológicos y psicológicos que estimen y les prestarán debida ponderación” , dice el proyecto antes de detallar sanciones y prohibiciones y entre las cuales se cuentan:
1.- Anulación de todo contrato o acto jurídico que tenga una motivación discriminatoria
2.- Las empresas u otras instancias deben incrementar en un 50 por ciento la indemnización de un trabajador afectado por la discriminación
3.- “ Los incitadores o ejecutores intencionales de prácticas discriminatorias” estarán inhabilitados ” para ejercer tareas de dirección de establecimientos universitarios o educacionales de cualesquiera clase, la función docente en cualquiera de sus niveles, así como para ser controlador, propietario o director de cualquier medio de comunicación social, o para desempeñar funciones de periodista en ninguno de éstos”.
4.- Quienes se asocien con fines discriminatorios son sancionados con pena de presidio menor en su grado mínimo.
5.- Los funcionarios públicos que impidan el acceso igualitario a servicios o bienes por razones discriminatorias sufrirán la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo.
6.- Quien por palabra o por escrito exprese discriminación será castigado con multas de 100 (casi tres millones de pesos) a 1000 UTM (casi 30 millones de pesos) . “La reincidencia en esa conducta será penada con reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa de 500 (casi 15 millones de pesos) a 2000 UTM (casi 60 millones de pesos) “.
7.- Los responsables de publicaciones discriminatorias son penados con reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa de 500 a 2000 UTM.
8.- Constituye una agravante de todo crimen, simple delito o falta, la existencia de una motivación discriminatoria, puntualiza el texto.
EL AGRADECIMIENTO
La totalidad de las organizaciones sociales que han asistido a las sesiones del Foro por la No Discriminación de la Diego Portales, consideran al proyecto como el más importante sobre la materia y, en consecuencia, agradecen la sensibilidad práctica y teórica de esa Casa de Estudios en los temas de derechos humanos.
“El proyecto es de toda mi complacencia. Es de vital importancia que se transforme en ley, pues apela a un cambio de relevancia en la conducta de los chilenos”, señaló en representación del pueblo mapuche el abogado Pedro Canihuante.
Para el presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), en tanto, ” la iniciativa de la Facultad de Derecho constituye uno de los avances más significativos para los derechos humanos de los grupos minoritarios. Quizá muchas de sus disposiciones serán rechazadas por los congresistas, sin embargo la base otorgada por esta propuesta es invaluable y, posiblemente, insuperable”.
Apreciaciones similares tienen la Fundación Ideas, el Instituto de la Mujer, la Corporación de Morada y el Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, la Unión Nacional de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Mental, (Unpade) y los peruanos residentes en Chile, los cuales en conjunto con muchos otros grupos formarán parte de dos comisiones de trabajo para avanzar en el pronto ingreso de la propuesta al Congreso.
Una de las comisiones tiene por fin la socialización o masificación del proyecto ante la ciudadanía y la otra se centrará en el aspecto político, de modo de conseguir la mayor adherencia a nivel Ejecutivo y Legislativo. Hasta ahora sólo hay metas y no plazos, los cuales serán especificados en las próximas semanas en las salas de la Universidad Diego Portales.
Desde hace varios años que diversos profesionales de Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales realizan trabajos a favor de los derechos humanos y la no discriminación. Un ejemplo de este mes lo constituyó el lanzamiento del primer ” Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile”, elaborado por la Clínica de Interés Público de esa Casa de Estudios.
“Nuestra Universidad entiende el término de los derechos humanos desde una mirada bastante amplia y concreta en la vida de las personas y no solamente desde el estudio teórico y abstracto de lo que podría ser el Derecho Internacional “, indica la abogada Lidia Casas.
“En la medida que instituciones académicas como la Diego Portales tengan también una vinculación directa con organizaciones de la sociedad civil, se puede incidir en la formación e interpretación de la ley y también ayudar en el proceso de exigibilidad de derechos “, puntualizó la jurista.