Aún cuando este año el Caso Divine ha experimentado sus más importantes logros, el Movilh recopilará más antecedentes para garantizar la reapertura jurídica de uno de los hechos más dramáticos del país.
Por Gemán Cañón
Luego de los importantes avances jurídicos experimentados desde septiembre anterior en torno al esclarecimiento de las causas del incendio de la discoteca gay Divine de Valparaíso, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) iniciará desde diciembre nuevas investigaciones sobre la materia, a fin de asegurar la reapertura del caso.
“Aún cuando el informe que presentamos en septiembre anterior sobre la Divine derivó en el principal aporte en la materia, pues por primera vez en nueve años la Corte Suprema intervino en el caso, decidimos iniciar un nuevo estudio con el objeto de que ningún antecedente quede en el aire “, señaló el presidente del Movilh, Rolando Jiménez.
El dirigente aclaró que la recolección de más antecedentes probablemente no aportarán datos inéditos, como ocurrió con el informe “Movilh-Divine: la justicia que merecen las víctimas”, pero si contribuirán a sistematizar versiones que en la actualidad se encuentran en el vacío.
El nuevo estudio incluye diálogos en profundidad con testigos y víctimas del siniestro que aportaron datos al informe “Movilh-Divine”, pero también con otras personas “que nos han escrito continuamente desde Valparaíso agradeciendo nuestra interferencia en el Caso”, agregó Jiménez.
El Movilh recolecta además datos surgidos con posterioridad al cierre del caso que no están mencionados en el expediente. Dichas pruebas incluyen principalmente entrevistas efectuadas por este periódico a algunos testigos y que han sido publicadas parcialmente en ediciones anteriores.
En noviembre de este año la Corte Suprema informó a Jiménez que cinco jueces, agrupados en una Comisión de Etica, están analizando el documento “Movilh-Divine”, texto hecho público en una conferencia de prensa efectuada por los gays organizados en conjunto con Amnistía Internacional y la diputada María Antonieta Saa.
Los ministros de la Corte Suprema deberán decidir, en función de ese informe, si es posible la apertura del caso sobre el incendio que el 4 de septiembre de 1993 dejó casi una veintena de muertos y seis meses después fue cerrado, sin culpables ni procesados.
Ya en octubre anterior funcionarios del poder judicial habían anunciado que demandaron al juez que vio la causa, Jorge Gándara, entregar respuestas a todas las acusaciones vertidas por el Movilh.
” Hasta el momento desconocemos si el juez envió su informe a Santiago, pues la Corte Suprema nos ha dicho que esa información es altamente confidencial. Sin embargo, en el transcurso de los próximos meses nos entregarán más antecedentes al respecto”, dijo Jiménez.
Explicó, por último, que la decisión de efectuar un nuevo estudio responde al posible escenario de que “finalmente la Corte Suprema rechace la reapertura del caso. Debido a todos los conocimientos que manejamos sobre el mismo, sabemos exactamente cuales son los datos exactos que requerimos para insistir con la reapertura y también a las instancias más apropiadas a las cuales deberemos dirigirnos”.
El INFORME
El informe “Movilh-Divine”, el único sobre el caso efectuado por gays organizados, demostró violaciones contra los derechos humanos de familiares de las víctimas y las víctimas; abandono de deberes por parte del juez Jorge Gándara al no sancionar o esclarecer los atropellos perpetrados por la policía y no protección de los testigos, entre otros.
Como pruebas concretas de esas acusaciones se demostraron en el informe diversas irregularidades como: 1) La no ubicación de tres sospechosos, entre esos uno conocido como el “vietnamita”; 2) La declaración del cierre del caso dos días después de que se informara que el “vietnamita” estaría viajando por el sur del país. 3) Los contradictorios informes de bomberos respecto a la real calidad del circuito eléctrico de la Divine; 3) La existencia de un informe del Laboratorio de Criminalística que sólo señala como causa probable del incendio a un desperfecto eléctrico; 4) Las torturas y malos tratos policiales contra los testigos y familiares; 5) La constante insistencia del Juez Gándara por conocer la sexualidad de las víctimas y los testigos, desenfocando los trámites de los elementos realmente importantes y 6) La inexistencia de un informe que revele el número exacto de personas que fallecieron en el siniestro, entre otros antecedentes.