Un esfuerzo coordinado por el Movilh y apoyado por la Fundación Triángulo de España, permitió que las minorías sexuales de Bolivia, Chile y Perú fueran escuchadas por la Comisión en Washington, donde denunciaron violaciones a los DDHH debido a la falta de normas para parejas homosexuales. Diversas demandas dejaron los colectivos en Estados Unidos.
6 de noviembre, 2009 (OpusGay.cl).– Con diversos proyectos de unión civil estancados en el Congreso Nacional y con la mayoría de las autoridades hablando a favor de las parejas homosexuales, pero sin proponer ni avanzar en nada, el cuestionamiento que desde hace un año venía formulándose el Movilh fue “¿qué hacemos ahor a?”
Y es que ya se había hecho mucho. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) tiene bajo su liderazgo la redacción de dos proyectos de ley de unión civil y la colaboración en otro de matrimonio, así como el ingreso de las propuestas con amplio apoyo político al Congreso Nacional, además de efectuar campañas nacionales y protestas, que más de un apresamiento policial le valió a sus activista s.
Como consecuencia, la mayoría del país se muestra favorable a regular las relaciones entre lesbianas gays, bisexuales y transexuales (LGBT) para dar estabilidad a estas parejas, pero aún así, en nada concreto se avanzaba.
“¿Qué hacer?”, seguía cuestionándose el Movilh. Y se respondió: “lo mismo que hicimos para despenalizar la sodomía en 1999, recurrir a instancias internacionales”.
El objetivo se planteó al instante: conseguir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) abordará los efectos nocivos de la falta de uniones civiles, pero no sólo de Chile, sino también de Bolivia y Perú, proceso inédito en la historia de audiencias desarrolladas por esa instancia.
Y así ocurrió hoy en Washington, donde la CIDH escuchó las denuncias, propuestas y demandas formuladas por el presidente del Movilh, Rolando Jiménez, y por los activistas de la Fundación Igualdad de Bolivia, Alex Bernabé, y del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) de Perú, Manuel Forno.
Pero para que los activistas llegaran a Washington mucha agua corrió bajo el puente. Primero se requería asesoría legal y técnica, la que fue entregada por el mismo abogado que presentó en 1998 junto al Movilh la única denuncia internacional por la vigencia de la penalización de la sodomía en Chile.
Se trata del representante de la Corporación de Interés Público de Chile, Nicolás Espejo, quien durante varios meses debió analizar la situaciones de nuestro país, Perú y Bolivia a fin de presentar un sólido documento donde se pidió la audiencia que felizmente fue aceptada en octubre pasado.
En paralelo, el presidente nacional de la Fundación Triángulo de España, Miguel Angel Sánchez, y el presidente de ese colectivo en Extremadura, José María Núñez Blanco, respaldaron y apoyaron la propuesta desde cuando apenas era una idea y jugaron un rol protagónico e imprescindible para facilitar el traslado del Movilh a Washington.
Con una batería de argumentos bajo el hombro, finalmente los activistas de la diversidad sexual se presentaron ante la CIDH, señalando que “comparecemos ante esta Comisión a efectos de exponer sobre las principales afectaciones a los derechos de la población LGBT en Chile, Perú y Bolivia, como consecuencia de la ausencia de regulación legal de las uniones civiles homosexuales en nuestros países”.
NOCIVOS EFECTOS
En su relato a la CIDH, Jiménez, Bernabé y Forno precisaron las condiciones especificas de discriminación que afecta a las minorías sexuales en cada uno de sus países, para luego detallar los denominadores comunes de exclusión.
Uno de los problemas más graves es la ausencia de la regulación del régimen patrimonial y de herencias que deriva en “la distribución inequitativa e injusta de los bienes adquiridos en conjunto, en casos de separación de la pareja, lo que deja inevitablemente a un miembro de éstos en situación de indefensión y vulnerabilidad socio-económica y cultural”.
Además, y más grave, en caso de fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, se produce una “apropiación indebida” por parte de los hermanos , padre o madre de éste, pues heredan el cien por ciento de los bienes adquiridos durante convivencia homosexual.
“Si hubiere testamento, respecto del cual actualmente sólo un mínimo determinado porcentaje es de libre disposición (normalmente un 25 por ciento del total del patrimonio heredable) que pudiere ser utilizado en beneficio de la pareja homosexual, el grueso de la masa hereditaria restante queda necesariamente para sus familiares directos”, argumentaron.
Además“ las parejas del mismo sexo en Chile, Perú y Bolivia se ven restringidas en el acceso, en igualdad de condiciones respecto de las parejas de distinto sexo, a los beneficios que otorgan los sistemas de previsión y salud”.
Ello se advierte en tres situaciones muy concretas, cuales son:
“1.- La falta de reconocimiento legal de la calidad o estatus de “carga” o “beneficiario”, una de la otra en una pareja del mismo sexo, a efectos de acceder a las prestaciones de salud que otorgan los planes privados o públicos de salud.
2.- La falta de reconocimiento legal del derecho a decidir subsidiariamente sobre intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos que un miembro de la pareja homosexual deba recibir cuando se encuentra inhabilitado de tomar una postura, y cuya autorización debe darla el familiar más cercano.
3.- La falta de reconocimiento legal, en igualdad de condiciones respecto de las parejas heterosexuales, al acceso a los sistemas de asignaciones familiares establecidos por nuestras leyes”, redondearon los activistas .
Estas dramáticas realidades, apuntaron, no sólo vulneran las normas constitucionales de cada país, sino también variados artículos de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Uno de esos es el número 24, que garantiza la igualdad; el 2, que demanda a los Estados a adoptar medidas para adecuarse a los principios de esa Convención, y el 1, que obliga a respetar derechos humanos fundamental e s.
PETICIONES
Finalizado el diagnóstico de los tres países, los activistas pidieron a la CIDH que intervenga ante los Estados de Bolivia, Chile y Perú, mediante diversas recomendaciones.
La primera es que se llame a “aprobar en sus respectivos ordenamientos jurídicos, legislación específica que reconozcan los derechos de las parejas de mismo sexo, creando un régimen legal completo y coherente destinado a brindar tutela efectiva a las relaciones patrimoniales y afectivas “.
La segunda busca que se condene “la actitud pasiva de los Estados que en el contexto de su cultura contribuye en la actualidad hacia las formas más odiosas de intolerancia y discriminación a la población LGBT”.
También se pide exhortar a los Estados para que velen “porque sus sistemas constitucionales, legislativos, administrativos y sus políticas públicas proporcionen en todo momento garantías suficientes y efectivas de igualdad ante la ley y de no discriminación para las parejas homosexuales, proporcionando recursos efectivos en los casos en que se hubiere violado el derecho a la igualdad”.
A la par se pide recordar a los “Estados de Chile, Perú y Bolivia la necesidad de garantizar que dentro de sus jurisdicciones ninguna pareja del mismo sexo se vea privada del derecho a la igualdad ante la ley y al derecho a la no discriminación a causa de su orientación sexual, y que ninguna pareja homosexual sea sometida a causa de dicha condición a tratos degradantes, arbitrarios o discriminatorios, y lleven ante la justicia a todos los responsables de violar eso derechos”.
En términos más concretos se demandó exigir a los Estados que velen “porque ninguna pareja del mismo sexo sea discriminada de acceder, -en los mismos términos que las parejas heterosexuales- a la educación, la vivienda, la salud, el empleo, la asistencia humanitaria y las prestaciones sociales y previsionales “.
“Finalmente solicitamos respetuosamente a esta honorable Comisión evalué realizar una investigación a nivel regional, que permita recoger la información jurídico legislativa respecto de la vulneración de derechos a las parejas del mismo sexo, ante la nula protección de su relación”, puntualizaron en el marco de la primera denuncia de este tipo formulada ante la CIDH por varios países.
Los activistas saben de la grandes dificultades existentes en sus países y todo el mundo para enfrentar la homofobia y la transfobia, y por lo mismo son conscientes de que quizá la CIDH tome algunas de sus sugerencias y no todas, y quizás con importantes matices .
Lo concreto es que la CIDH, presidida por Floretin Meléndez, reconoció que esa instancia está atrasada en tópicos de la diversidad sexual y las uniones civiles, y por lo mismo, lo primero que harían, antes de emitir un pronunciamiento, será solicitar información a los Estados de Chile, Perú y Bolivia .
Sea cual sea el caso, los activistas confían que con este primer paso de carácter internacional se avance para ir cambiando de alguna forma el dramático panorama sociocultural y jurídico de quienes aman personas de su mismo sexo.
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