La primera demanda interpuesta por un ex detective ya está en manos de la Corte de Apelaciones de Santiago, mientras que en las próximas semanas otros dos ex carabineros iniciarán similares acciones luego de ser expulsados de la policía por la única razón de ser homosexuales. La inédita lucha demuestra que las minorías sexuales están en todas partes, incluidas las Fuerzas Armadas.Por A.R
8 de mayo, 2009 (OpusGay.cl).- La señora Orlanda Segura se veía triste y nerviosa en la Corte de Apelaciones de Santiago, pues estaba dando un paso que jamás olvidará.
En un hecho poco común en las familias chilenas, Orlanda asistió a la Corte para apoyar públicamente la lucha legal iniciada por su hijo, el ex subcomisario César Ricardo Contreras Segura, quien el 18 de enero del 2006 fue expulsado de la Policía Civil sólo por ser homosexual.
César quiere justicia y por eso exige, en la primera demanda iniciada contra el fisco por un caso de homofobia en las Fuerzas Armadas, la anulación del decreto que lo dio de baja, la restitución de todas las remuneraciones y pagos previsionales que le hubiesen correspondido hasta hoy y una indemnización de 50 millones de pesos.
¿Por qué una indemnización? Porque César no sólo fue expulsado por ser homosexual. Además fue víctima de graves acusaciones en su contra que luego la justicia demostró eran falsas.
La madre de César y su hermana, Mónica, saben del sufrimiento diario del ex detective y por eso no dudaron en hacer hoy público el apoyo familiar, al que se suma al ya dado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) desde el 2007.
Pero el caso de César no es el único que terminará en una demanda contra el fisco. Pronto se sumarán acciones legales de los ex carabineros Víctor Ricardo Rivas Pastrana y Armando Esteban Salgado Jara, los mismos que en octubre del 2007 se convirtieron en los primeros ex policías dados de baja en denunciar homofobia en las Fuerzas de Orden y Seguridad.
Al igual como ocurrió con César, Víctor y Armando también fueron víctimas de presiones indebidas, la más grave, aquella que los obligó a firmar su retiro voluntario mediante crueles amenazas.
EL CALVARIO DE CONTRERAS
Contreras ya pasó a la historia en lo referente a la lucha contra la homofobia en Chile, pues su demanda contra el fisco es inédita. Nunca antes, hasta ahora, las Fuerzas de Orden y Seguridad se habían visto enfrentadas a una acción legal iniciada por un ex funcionario que acusara y homofobia y reconociera públicamente su homosexualidad.
La acción civil apoyada por el Movilh es patrocinada por la Corporación Interés Público, instancia que analizó durante meses el caso llegando a la convicción de que todo el proceso que terminó con la expulsión de Contreras estaba viciado.
“La demanda persigue invalidar el viciado acto administrativo que lo llamó a retiro y que carece de fundamentos. Se busca lograr una indemnización justa por el daño ocasionado”, señaló la abogada de Interés Público, Carolina Tagle.
La irregularidad de la expulsión tiene por base el hecho de que César fue investigado por el Departamento V de Asuntos Internos y el Consejo Superior de Ética durante al menos dos años en razón de su orientación sexual homosexual, la cual una vez demostrada, desencadenó su baja.
Los irregulares procedimientos que investigan la vida privada de los detectives no son desconocidos, a tal punto que la Contraloría General de la República llegó a calificarlos de “ilegítimos” en un dictamen del 24 de mayo del 2007, toda vez que sancionaban en función de la moral de la autoridad, existiera o no delito de por medio.
En el caso de Contreras, la homosexualidad estaba reñida con la moral de la autoridad de turno, y por ello, fueron intervenidos su teléfono y correos electrónicos. Acto seguido fue citado a una reunión de urgencia con el Departamento V de Asuntos Internos que tuvo lugar el 17 de enero del 2006.
“Me hicieron escuchar unas grabaciones telefónicas donde yo mantenía conversaciones con mayores de edad para reunirme con fines sexuales. Luego me muestran unas imágenes de pornografía homosexual sacadas de los archivos temporales de mi computador. De las tres horas, 20 minutos me interrogaron sobre las imágenes, y el resto sólo se cuestionó mi homosexualidad “, recuerda Contreras, cuyos dichos están respaldados por diversas pruebas.
Dos días después, y sin que se investigaran los hechos o se iniciará un sumario interno, César fue expulsado de la institución, tras 15 años de intachable trayectoria.
Con todo, la pesadilla recién estaba comenzando. De hecho, las graves consecuencias padecidas por César desde el 2006 aún persisten, pues para justificar su dada de baja, la Policía Civil inventó una de las típicas acusaciones que surgen en contra de las minorías sexuales cuando alegan discriminación: los delitos de tipo sexual.
En efecto, César fue acusado por el Departamento V de Asuntos Internos y por el Consejo Superior de Ética de la Policía de Investigaciones de portar en su computador personal imágenes pornográficas de jóvenes menores de 18 años, involucrándolo con una red de pedofilia.
En el 2006, el 12 Juzgado del Crimen de Santiago y la Brigada de Ciber Crimen descartaron cualquier delito en los 250 imágenes pornográficas encontradas en la archivos temporales del computador de César.
Se aclaró que efectivamente había cinco imágenes correspondientes a jóvenes menores de edad, pero que no hubo “intencionalidad de descarga”, pues las fotografías estaban registradas en los archivos temporales producto de la navegación en páginas con contenido homosexual erótico adulto, proceso que puede ocurrir sin siquiera que el cibernauta hubiese visto las imágenes.
Comprobada la inocencia de César por un tribunal, por la propia Brigada del Ciber Crimen y luego, en el 2007, por un estudio de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el ex detective jamás recibió disculpas, y menos se permitió su reingreso a las filas de la institución, por lo que inició una serie de trámites ante la Contraloría General de la República para revertir el atropello
Todos los esfuerzos fueron en vano, pues aún cuando la Contraloría está en desacuerdo con sancionar la vida privada de los funcionarios policiales, el dictamen que impide ello lo emitió el 24 de mayo del 2007, mientras que el caso de Contreras se remonta al 2006. “El nuevo criterio sólo se aplica hacia el futuro”, argumentó la Contraloría.
La impotencia del ex detective es mayúscula. Fue discriminado por ser homosexual, acusado de delitos que jamás cometió y expulsado de una institución que amaba quedando en la absoluta indefensión económica y con graves trastornos en la estabilidad emocional y familiar, pues todos sus cercanos están visiblemente dañados por la situación.
“Son muchos los casos de discriminación que vemos a diario y este es uno de los más violentos que hemos conocido. Compartimos de corazón la rabia y el dolor de César y el de su familia. El daño provocado es irreparable”, indica el presidente, Rolando Jiménez.
EX CARABINEROS A LA BATALLA
Un seguimiento efectuado por el Movilh el 2002 había demostrado que la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) investigada a funcionarios supuestamente homosexuales. Si se comprobaba que eran gays, eran obligados a firmar su baja voluntaria, en medio de amenazas sobre la visibilización de la orientación sexual ante familiares o amigos.
En la práctica nadie dudaba que ello fuera cierto, ni tampoco nadie lo desmentía. Sin embargo, Chile fue cambiando y cuando cinco años más tarde Rivas y Salgado denunciaron públicamente haber vivido un situación similar, el gobierno repudió todo acto de discriminación y fue el mismo General Director de Carabineros, el fallecido José Bernales, quien salió a aclarar que los homosexuales no podían ser excluidos de su institución.
La declaración fue un avance, pero también un retroceso, pues al mismo tiempo desconoció que Rivas y Salgado hubiesen sido discriminados por homosexuales, teniendo por prueba la renuncia voluntaria.
El punto es que “el 28 de mayo del 2007 me citaron a declarar porque dijeron que tenían unas fotografías donde yo aparecía con otro hombre. El mayor Rodrigo Muñoz Tejo me dijo que mejor debía firmar mi baja voluntaria, que si no aceptaba enviarían mis antecedentes a la Dipolcar y que todos, incluida mi familia, se enterarían de que era homosexual, lo que mancharía mis papeles”, recuerdo Rivas.
El procedimiento con Salgado fue el mismo y ambos cedieron a las presiones, siendo justamente este proceso viciado el que argumentaran los ex carabineros cuando presenten una nueva demanda contra el fisco por homofobia en las Fuerzas del Orden.
Si finalmente se hará justicia en Chile, difícil saberlo dada la historia de fallos adversos contra los derechos de las minorías sexuales, por tanto, ya se están pensando las eventuales acciones internacionales. Así, sólo con el tiempo se sabrá el desenlace de estos emblemáticos e históricos casos de odio hacia la diversidad sexual.
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