Opinión

Por Opus Gay.-

29 de marzo, 2009 (OpusGay.cl,).- En su pasado Informe Anual de Derechos Humanos de las Minorías Sexuales Chilenas, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expresó un profundo malestar con la presidenta Michelle Bachelet por variadas promesas no asumidas en torno a los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGTB).

En el estudio se detalló además que el Ministerio de Educación había abortado todos los avances favorables a las minorías sexuales conseguidos en los gobiernos pasados, así como una permanente homofobia del Servicio Nacional del Menores, la carencia de políticas públicas sobre la diversidad sexual y la ausencia de respuesta o ayuda por parte de Bachelet a violentos casos de discriminación.

También se alertó sobre protestas, lo cual fue incluso advertido en febrero pasado por el Movilh a diversos agentes gubernamentales y directivas de partidos de la Concertación, con la esperanza hasta al final de que la situación cambiará.

Pero nada varió, y como respuesta, el Movilh protestó a pocas cuadras del Hotel Sheraron Miramar de Viña del Mar, donde diversos jefes de Estado celebraban la denominada Cumbre de Líderes Progresista.

La manifestación venía siendo preparada desde la segunda semana de marzo y siempre se pensó en no dar aviso a la prensa tradicional, a objeto de que la pacífica protesta no fuera exagerada en su intencionalidad por carabineros, como suele ocurrir.

El resguardo de poco sirvió. A los activistas del Movilh, y a un periodista de OpusGay.cl, la policía les impidió avanzar por una calle donde si transitaban otras personas sin problema alguno, los sometió a control de identidad durante casi una hora y, sólo tras ello, se les permitió protestar, pero sin dar un paso más hacia la dirección del Hotel Sheraron Miramar.

Portando banderas y cartelas que explicaban la razón de la protesta esta se desarrolló sin problemas mayores durante varios minutos, hasta que un aviso respecto a una eventual paso por el lugar de jefes de Estado y autoridades extranjeras llevó a Carabineros a detener sorpresivamente a las manifestantes, subirlos al furgón policial, trasladarlos a una posta para constatar lesiones y, finalmente, mantenerlos encerrados en un calabozo por más de seis horas.

Al ser consultado por la razón de la detención, Carabineros no dio respuesta. Al preguntarles si la protesta alteraba el orden público, la seguridad o el libre tránsito, exigiéndole que aclarara cómo se manifestaba ello, tampoco dieron respuesta.

La detención pasaba a ser entonces un procedimiento político, antes que de seguridad u orden, pues tuvo como único objetivo evitar que las visitas extranjeras la vieran. ¿Quién dio la orden de ello? ¿El gobierno?. Será un deber de la autoridad aclararlo, aunque probablemente nada se siga, pues el silencio es un práctica habitual en casos como estos.

Al pasar 60 minutos en la Primera Comisaría, el fiscal que llevará desde ahora este caso, ordenó la liberación inmediata, pero ello no ocurrió y debieron pasar otras cinco horas para la libertad. En tanto, los manifestantes fueron interrogados repetidamente sobre su dirección, estado civil, además de desprenderlos de sus objetos de valor, los cuales fueron puestos en bolsas “Líder”.

Cordones de zapato, cinturones y objetos similares también fueron quitados y la pacífica protesta terminó en un calabozo mal oliente, donde los activistas angustiados e impotentes se miraban unos a otros, con la furia de que Carabineros había actuado en forma política.

La cruel travesía que partió en el Terminal de Santiago a las 8:00 horas, terminó 14 horas más tarde en el mismo lugar, desde donde cada activista partió a su hogar con la clara sensación que de el progresismo de gran parte de las autoridades chilenas no llega a las minorías sexuales.

Lo que vendrá, será analizado próximamente por los activistas, pero todo indica que se intervendría con especial fuerza en el terreno que motivó la detención, el político.