Las partes disponen de dos meses para descargos

Por C.H

12 de agosto, 2008 (OpusGay.cl).- Luego de que el Estado de Chile y la jueza Karen Atala no llegaran a un acuerdo amistoso en torno a una demanda internacional a raíz de un fallo que en mayo del 2004 quitó la tuición de sus tres hijas a la magistrada en razón de su orientación sexual, ambas partes deberán ahora enfrentarse en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Siguiendo el procedimiento habitual en demandas que no logran una salida amistosa, el caso fue visto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) y este mes por unanimidad lo declaró admisible para su tramitación, por lo que Atala y el Estado cuentan con dos meses para presentar ante la Corte sus respectivos descargos.

En conferencia de prensa liderada por la pareja de la jueza, la historiadora Emma de Ramón, y apoyada por la Corporación Humanas, el Centro de DD.HH de la Universidad Diego Portales y Libertades Públicas Asociación Gremial, se señaló hoy que en su dictamen la CIDH no descartó la posibilidad de que el Estado hubiese vulnerado la Convención Americana de los Derechos Humanos, toda vez que el fallo que despojó a la magistrada de sus tres hijas vulnera las garantías de igualdad, debido proceso, derecho del niño y protección de la vida privada y familiar.

En el fallo del 31 del mayo del 2004, la Corte Suprema determinó que la homosexualidad de Atala, sumado a los hechos de que convivía con una mujer y que su orientación sexual era pública, configuraba “una situación de riesgo para el desarrollo integral de las menores respecto de la cual deben ser protegidas”. Acto seguido se entregó la tuición de sus tres hijas al padre, el abogado Jaime López.

En esta jornada De Ramón sostuvo que uno de los aspectos más lamentables del caso es que el gobierno de Chile ante la CIHD defendió la misma opinión de la Corte Suprema.

Se ha “reivindicado un fallo judicial que discrimina a las madres y padres homosexuales, al distinguir de manera arbitraria e irrazonable entre la habilidad de padres heterosexuales y homosexuales para cuidar a sus hijos adecuadamente“, alegó De Ramón junto a algunas de las organizaciones que respaldan su caso desde la presentación de la demanda internacional el 24 de noviembre del 2004.

Agregó que ” siempre ha sido el problema el que nuestra familia, que era igual de idónea, donde les podíamos dar el mismo amor, el mismo afecto, la misma comprensión, lo mismos colegios, fuera discriminada tan radicalmente por el hecho de que yo, que era su pareja, no era un hombre, sino una mujer”.

“Durante casi dos años, las organizaciones peticionarias y el Estado intentaron llegar a un acuerdo de solución amistosa, frustrado por la negativa del gobierno a reconocer la responsabilidad del Estado en este caso, requisito mínimo para cualquier acuerdo de este tipo”, enfatizó, por su parte, la defensa de Atala.

Consultado por diversos medios radiales, el Movimiento Integración y Liberación Homosexual (Movilh) apuntó, tras expresar su preocupación a la Cancillería, que ” uno de los aspectos más lamentables de este y otros hechos similares es que nuestro Estado no aprende y se siguen cometiendo abusos sobre la base de la orientación sexual o el género sin alcanzarse justicia en los tribunales, quedando como única alternativa las demandas internacionales”.

LA VOZ DE KAREN ATALA

En octubre de 2007 Atala renunció ante la CIDH a la revocatoria de la sentencia de la Corte Suprema en lo relativo la tuición de las niñas “con el fin de evitar un perjuicio aún mayor para sus hijas al forzarlas nuevamente a cambiar de entorno familiar. Pero se mantiene en lo relativo a solicitar que se la involucre más activamente en las decisiones relativas a su crianza, y en flexibilizar el régimen de visitas” , indicaron sus defensores.

Medio año después, el 16 de abril de 2008, el Estado presentó un escrito insistiendo en la inadmisibilidad de la petición, “por considerar que la sentencia de la Corte Suprema de Chile no violó los derechos de la madre”.

Sobre la materia, Atala se pronunció hoy a través de una declaración pública, pues no pudo asistir a la conferencia por motivos laborales.

A continuación se reproducen en su integridad sus palabras:

“El 31 de Mayo de 2004, una sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema de Chile, determinó revocar y dejar sin efecto dos fallos previos que me habían concedido la tuición definitiva de mis hijas, fallo dictado contra toda lógica procesal, dado que era un recurso de queja disciplinario y que entre otras cosas no oyó lo expresado por las menores, haciendo una interpretación del interés superior de las niñas, equivalente al riesgo de ser discriminadas eventualmente en su entorno social, por tener una familia constituida por dos mujeres que se aman entre si.

Esta injusticia a mi condición de mujer, madre y lesbiana, que se repite en muchas otras madres lesbianas de nuestro querido país, me llevó a enfrentar la dolorosa decisión de denunciar al Estado de Chile, por la violación de los derechos humanos de mis hijas y los míos. La vulneración de los DDHH, el derecho a constituir familia y parentesco, al trabajo, a la salud, a la expresión pública de los afectos, a la identidad y dignidad de las personas lesbianas, homosexuales, transexuales y transgéneros es una situación que los chilenos vivimos a diario y que muchos silenciamos, al sabernos desprotegidos por nuestras leyes e institucionalidad y por la constante indiferencia de muchas autoridades políticas y parlamentarias.

El proceso a nivel internacional ha sido largo, sobre todo medido en tiempos de las niñas, quienes en 5 años han debido crecer, vivir y madurar alejadas de mí, sin vuelta atrás.

Esta es la razón de haber renunciado a nivel internacional a la petición original de revertir este injusto fallo. El tiempo perdido no se recupera en la vida de nadie, tampoco en la vida de tres niñas que deberán seguir creciendo en el prejuicio legitimado e institucionalizado por esta sentencia.

La denuncia interpuesta contra el Estado de Chile no hubiera sido posible, sin el desinteresado apoyo de muchas personas y organizaciones que estimaron que en un país como el nuestro, no se puede alcanzar una democracia plena, inclusiva y representativa, si a las personas se les margina de sus derechos civiles en razón de su orientación sexual.

Vaya mi agradecimiento para todas y todos ellos, en especial a Libertades Públicas AG, a la Corporación Humanas y al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

Sólo cuando el Estado de Chile, reconozca y sancione ante sus connacionales y ante la Comunidad Internacional que no existen ciudadanos de segunda clase ante sus leyes debido a su orientación sexual diversa, sino que todas y todos, somos iguales en dignidad y derechos, y cuando discriminaciones odiosas como las que mi familia vivó no se repitan, entonces podremos decir que Chile es un país que quiere a toda su gente y yo sabré que mi dolor no fue en vano. Muchas Gracias”.

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