Bajo el amparo del artículo 373 del Código Penal la policía ha detenido y golpeado a parejas gays, lésbicas y transexuales sólo por caminar de la mano o darse un beso en la mejilla. Durante años las minorías sexuales han demandado la eliminación de la norma y hoy, con el respaldo de nueve parlamentarios, se dio el paso más importante para ese fin.Por Daniel Ulloa
12 de diciembre, 2007 (Opusgay.cl).- La derogación del artículo 373 del Código Penal es la demanda legal más perseguida por el movimiento chileno de minorías sexuales desde la década de los noventa.
La razón ha sido conocida públicamente a través de diversas denuncias que sindican a las policías, en especial a Carabineros, de utilizar el artículo para detener, agredir física y verbalmente e incluso torturar a las personas en razón de su orientación sexual, identidad de género, o en su calidad de joven, inmigrante o trabajador sexual.
En los últimos cuatro meses el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) efectuó un profundo estudio sobre el impacto de la norma y, para tales efectos, recurrió a las estadísticas de las policías uniformada y civil y del sistema judicial.
“El resultado del estudio vino a demostrar, esta vez de una manera más contundente, lo que veníamos diciendo desde 1991: el artículo 373 se presta para brutales abusos en contra de los sectores más vulnerables”, sostuvo el activista del Movilh, Juan Hernández.
Con el respaldo de la Federación Chilena de la Diversidad Sexual (Fedisech), el Movilh procedió entonces a dar el paso más decisivo en contra del 373. y redactó un proyecto de ley para su derogación.
En forma paralela, la diputada María Antonieta Saa jugó un rol esencial, pues colaboró activa y decididamente en la captura de firmas parlamentarias favorables a la iniciativa. De esa manera, hoy el proyecto ingresó a tramitación en el Congreso Nacional con el respaldo de otros ocho diputados: Gabriel Ascencio, Juan Bustos, Guillermo Ceroni, Alfondo De Urresti, Alvaro Escobar, Fulvio Rossi, Gabriel Silber y Carolina Tohá.
EL ESTUDIO
Con una vigencia que se arrastra desde el 12 de noviembre 1874, período cuando aún la Iglesia no se separaba del Estado, el artículo 373 del Código Penal es en la actualidad la norma que más denuncias por homofobia y transfobia registra en Chile, a un punto que ha desencadenado los efectos concretos más nocivos de los cuales se tenga registro a propósito de la aplicación de una ley.
El 373 del Código Penal establece sanciones contra quienes de “cualquier modo ofendieren el pudor o las buenas costumbres”. Sin embargo, en ninguna parte precisa cuando se ofende el pudor, por lo que las policías han aplicado la ley cuando las parejas homosexuales están de la mano, cuando se reúnen en espacios públicos o cuando los jóvenes usan vestimentas alternativas.
Así es como, de acuerdo al V Informe Anual de los Derechos Humanos de las Minorías Sexuales, entre el 2002 y el 2006 se han registrado 13 detenciones, golpizas o allanamientos en espacios de reunión de gays, lesbianas, bisexuales o transexuales “sólo porque la policía arbitrariamente piensa que nuestra diferencia es un delito”, sostiene la activista del Movilh Sofia Velásquez.
Sin embargo, las denuncias legales y públicas de esos casos, que en más de una ocasión mostraron a través de las pantallas de televisión a minorías sexuales con severos daños físicos, no fueron suficientes para mermar la arbitraria aplicación de la norma. De ahí que el Movilh se concentró en una investigación más científica del caso.
De acuerdo al 373, la ofensa al pudor debe tener “trascendencia pública” y, en consecuencia, afectar a una persona o una comunidad. Pero de la investigación del Movilh se desprende que ” en el 98 por ciento de los casos los únicos que se han considerado afectados son las policías, pues el número de denuncias es infinitamente inferior al de las detenciones, lo que no ocurre con ningún otro tipo de hechos”, añade el Movilh.
En efecto, entre 1998 y el 2004 se estamparon 537 denuncias por ofensas al pudor, pero el número de aprehendidos por Carabineros llega a la alarmante cifra 27 mil 380 personas.
“Dicha situación no tiene relación con las otras detenciones, donde el número de denuncias es como promedio siempre mayor al de aprehendidos. Así es como entre 1998 y el 2004 Carabineros recibió en total nueve millones 643 mil 301 denuncias y aprehendió a cuatro millones 266 mil 593 personas”, sostiene el estudio.
Desacredita aún más las detenciones efectuadas por carabineros y por la Policía Civil, las cuales en conjunto sumaron 28 mil 342 entre 1998 y el 2004, el hecho de que sólo 79 personas, es decir el 0.27 por ciento, fueron condenadas. El 99.73 por ciento fue liberadas por falta de méritos.
“La cifra es profundamente inferior al promedio nacional: entre 1998 y el 2004 el total de aprendidos por Carabineros o derivados a tribunales por la Policía Civil, ascendió a cuatro millones 539 mil 248 personas, cuyo 4.9 por ciento fueron condenadas, correspondiente a 227 mil 7 personas”, agregó el estudio que sirvió de argumentación para el proyecto de ley.
EL PROYECTO DE LEY
Basado en la investigación, diversas fueron las conclusiones a las que llegó el proyecto de ley.
La primera es que la norma ” tiene una interpretación ambigua, amplia y discrecional que da paso a diversas arbitrariedades”, mientras que en la casi totalidad de las detenciones jamás ha existido un escándalo de trascendencia pública.
Ello, por cuanto “los únicos testigos del supuesto hecho que ofende el pudor han sido las policías y no ha habido terceros afectados”. Además la libertad por falta de méritos otorgada por la justicia al 99.73 por ciento de los detenidos ” ha provocado pérdidas económicas y de tiempo en el sistema judicial”.
El 373 es también “una norma innecesaria, pues los delitos vinculados a las ofensas al pudor, y relacionados con aspectos sexuales, están claramente establecidos en otras leyes, las cuales son aplicadas con rigor”, al tiempo que es una ley arcaica, por cuanto “no da cuenta de los cambios valóricos y culturales experimentados por la sociedad desde 1874”.
Con igual relevancia, se alegó que la aplicación de la norma ha derivado en diversas violaciones a derechos constitucionales y garantizados en tratados internacionales, como son los de la vida, la igualdad ante ley, la integridad física y psíquica, la libertad de conciencia, la seguridad y la no discriminación, entre otros.
Teniendo ese diagnóstico el Movilh y el presidente de Afirmación Chile, Brus Leguás, se apostaron hoy a primera hora en el Congreso y, contando con la firma de nueve parlamentarios, ingresaron el proyecto a la oficina de partes de la Cámara de Diputados, abriendo el paso a una nueva lucha de las minorías sexuales en el Poder Legislativo que, de seguro, da para largo.
16 AÑOS DE LUCHA
En los últimos 16 años las acciones cursadas por el Movilh en contra del 373 incluyeron denuncias públicas y judiciales de su arbitraria aplicación, además de la redacción y exitosa aprobación en la Cámara de Diputados de un Proyecto de Acuerdo que llamó la atención a las policías sobre los atropellos padecidos por las minorías sexuales.
“También efectuamos protestas en las afueras de diversas comisarías, y conseguimos que los altos mandos de Carabineros y la Policía civil declararan públicamente que la expresión del afecto homo o transexual no es delito. Sin embargo, ello no bastó, pues las policías de base siguen atropellando derechos amparadas en el articulo 373”, sostuvo el activista Movilh, Juan Hernández,.
“Ya era tiempo de dar un paso mucho más decisivo. Acá no basta con demandar y dejar el trabajo a otros. Si hay un compromiso real con la defensa de los derechos humanos de los sectores más vulnerables, es un imperativo ético también proponer soluciones o salidas concretas para los cambios. Nadie lo va hacer sino lo hacemos nosotros”, puntualizó el presidente del Movilh, Rolando Jiménez.
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