La docente está haciendo historia luego que se acogiera un recurso de protección contra un vicario por impedirle ejercer su oficio. Tras ello, el Movilh denunció una “brutal presión” del obispo de San Bernardo para que la profesora desista de la acción legal. En respuesta, un grupo de diputados está dispuesto a revisar la ley que faculta a la Iglesia decidir quienes pueden hacer clases de religión.Por C.H

6 de septiembre, 2007 (OpusGay).- Nada de fácil le ha resultado a la profesora de religión S.C.P.P la lucha que emprendió para que se respete su derecho de hacer clases de religión, labor con más de 25 años de trayectoria.
Y es que una vez que la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió a tramitación el pasado 23 de agosto el recurso de protección que presentaron la profesora y el Movilh contra el vicario para la Educación, René Aguilera Colinier, las presiones de altos representantes de la Iglesia Católica se han agudizado a un nivel que la docente ha terminado llorando en la casa del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz.
De acuerdo a una denuncia formalizada ayer por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, González Errázuriz ha usado “en las últimos días procedimientos ilegítimos e inmorales” para que la decisión de Aguilera Colinier de impedir a la docente hacer clases de religión en razón de orientación sexual se mantenga sí o sí.
La conducta del obispo, corroborada a OpusGay por testigos de las presiones denunciadas por el Movilh, se explica no sólo por el hecho puntual de la docente, sino porque en caso de que la justicia definitivamente falle a favor de la profesora, se pondrá en cuestionamiento una de las herramientas legales que mayor poder otorga a la Iglesia Católica en el campo educativo.
Se trata de del artículo 9 del Decreto 924, publicado el 7 de Enero de 1984, el cual establece que el profesor de religión sólo puede ejercer si está “en posesión de un certificado de idoneidad otorgado por la autoridad religiosa que corresponda”. El mismo certificado que Aguilera Colinier, con el respaldo de González Errázuriz, derogó el pasado 13 de agosto a la profesora S.C.P.P.
Aunque de acuerdo al Colegio de Profesores la misma ley se ha usado para impedir el ejercicio profesional de docentes separados, lo concreto es que nunca antes, hasta la denuncia pública del Movilh y la profesora lesbiana el pasado 25 de mayo, se había conocido sobre las arbitrariedades para las que se presta la ley.
Incluso más, la norma no sólo era desconocida a nivel público, pues al interior del mismo Ministerio de Educación (Mineduc), muchos de sus altos representantes ni siquiera sabían de su existencia o del uso que le daba la Iglesia Católica, según indicaron fuentes de gobierno a OpusGay.
La norma, y su aplicación en la docente lesbiana, despertaron fuertes cuestionamientos en diputados de la Comisión de Educación, por lo que se avanzará en su revisión en las próximas semanas. Más aún, luego de conocerse “las presiones del obispo”, denunciadas por el Movilh.
“PÓNGALE EL CASCABEL AL GATO”
Sin previo aviso, el pasado 25 de agosto un sacerdote llegó a la casa de la maestra. Su objetivo, según se denunció a OpusGay, era sembrar el camino para que la docente desistiera del recurso de protección.
Durante la visita, atestiguada por varias personas, el sacerdote le pidió a la profesora que se reuniera con el obispo y él mismo la llevó en su automóvil hasta el religioso
Ese día se concretó uno de los dos encuentros que S.C.P.P tuvo con González Errazúriz, uno en el propio hogar del religioso y otro en la sede del obispado, contando en la primera cita con la asistencia del vicario general de San Bernardo Patricio Barría Aravena, y, en la segunda, con un abogado de la Iglesia.
Antes de cada encuentro, el sacerdote iba adelantando los contenidos de la reunión, de manera que la docente se fuera abriendo lentamente a la posibilidad de retirar el recurso de protección. “Tiene que ponerle el cascabel al gato”, eran parte de las palabras que el sacerdote emitía, según fuentes consultadas por OpusGay.
En las reuniones con el obispo, la docente se encontró con varias sorpresas, pues se le ofreció una beca para estudiar educación básica, que se haría efectiva a partir de marzo próximo, y gestiones ante las autoridades municipales de San Bernardo para que, por el momento, no quedara cesante.
A cambio, la docente debía renunciar al recurso de protección y a su derecho para hacer clases de religión. Para ello, fue el mismo obispo quien le pidió que firmara un documento al cual accedió OpusGay.
“Considero erróneo mi planteamiento ya que la normativa legal vigente concede las facultades ejercidas por el vicario de la Educación y en consecuencia ajustada a derecho la decisión adoptada (de impedirme hacer clases de religión). Por tanto, a la Ilustrísima Corte solicito se sirva tenerme por desistida en todas sus partes del recurso indicado y disponer el archivo de estos antecedentes “, decía el documento que la docente debía firmar.
En respuesta, S.C.P.P demandó que el documento tuviera alguna identificación de la Iglesia y que el obispo estampara por escrito y con su firma la propuesta, “pero el religioso se negó alegando que era una autoridad y que cumplía sus compromisos. Además cruzando sus manos por sus labios, pidió a la profesora silencio de todo lo conversad o”, indica el presidente del Movilh, Rolando Jiménez.
Cuando la profesora pidió consultar la propuesta con su abogado (Alfredo Morgado) y asistir con él a una próxima reunión, ” el obispo lo consideró innecesario. Esto es un abuso brutal de poder y jurídicamente es inmoral porque se está obligando a una persona a mentir ante la justicia para el beneficio propio”, agrega Jiménez.
Según testigos, la propuesta del obispo estuvo acompañada de una “fuerte presión psicológica” sobre la docente, por cuanto a cada instante se le decía que “lo que estaba haciendo provocaría gran pena en su madre fallecida y ponía en jaque su fe, toda vez que si se cuestionaba el decreto 924 hasta los ladrones podrían hacer clases de religión”.
Tales presiones sacaron más de una lágrima a la docente en presencia del obispo, quien “aprovechándose de su autoridad incluso le decía que perdiera o ganara el recurso dejaría de ser hija de la Iglesia y que además en el Movilh la dejarían sola “, indican fuentes cercanas a la maestra.
Las presiones, que habrían seguido anoche con un nuevo llamado telefónico a la docente cursado por el sacerdote emisario del obispo, no rindieron finalmente frutos, pues la profesora optó por seguir con su lucha. Una lucha con un futuro incierto, pero con posibilidades de marcar historia si es que lleva a la derogación del Decreto 924.
REVISION DE LEY

Todos los antecedentes de este hecho, así como instancias probatorias del mismo que se mantienen en reserva, fueron expuestos ayer por el Movilh en cita con los diputados Gabriel Silber (DC), Sergio Bobadilla (UDI) y Carolina Tohá (PPD).
Los parlamentarios tomaron resoluciones al instante y enviaron un oficio de urgencia para abordar el caso con la ministra de Educación Yasna Provoste. Más todavía, Tohá se mostró dispuesta desde ya para iniciar les gestiones parlamentarias pertinentes que deroguen el Decreto 924.
El juicio fue compartido por Silber, presidente de la Comisión de Educación, quien señaló que “la idea es revisar este decreto, sobre todo en el tema de la entrega de los certificados de idoneidad; pues, en este caso, nunca, en 20 años, se ha recibido algún reclamo o queja de profesores, alumnos o apoderados, y la situación debe ser revisada”.
Para la activista del Movilh, Sofía Velásquez, “acá, y gracias a la valentía de una profesora, se está poniendo por primera vez en cuestionamiento una ley arbitraria que se usa para discriminar a las minorías sexuales y a los docentes separados. Esperamos, que la justicia siga el rumbo que sigue, en beneficio de un respeto integral a los derechos humanos de todas las personas”.
PREOCUPACION MEDIATICA DEL OBISPO
Una de las principales preocupaciones del obispo es que la discusión sobre el caso de la profesora lesbiana y del artículo 924 tengan un alto impacto mediático. No en vano, sostienen en el Movilh, “el mismo González Errázuriz ha aclarado que no se pronunciará sobre este caso para evitar mayor trascendencia del mismo”.
La sensibilidad de la Iglesia sería doblemente mayúscula, pues tras un negro período de cuestionamiento público, hoy se ha vuelto a reposicionar positivamente en los medios con la demanda del presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, de un “sueldo ético”.
A esa propuesta, que ha provocado un debate nacional, no le vendría en nada bien verse “manchada” con cuestionamientos valóricos, donde la autoridad eclesiástica es más débil, según todas las encuestas sobre la materia.
Y el silencio de González Errázuriz, que dilataría al máximo, se ha presentando como una buena estrategia para no desenfocar el “tema social” con el cuestionamiento valórico/moral del artículo 924, pues claramente los medios de comunicación están también postergando tal debate.
Periodistas de diversos medios masivos, consultados por OpusGay, han indicado que se tenían preparadas extensas notas si es que el recurso de protección no era acogido a tramitación. Sin embargo, como ocurrió lo contrario, el tema está en espera a explotar nuevamente de una manera mayor o similar a la registrada cuando se presentó el recurso el pasado 20 de agosto.
Y la espera, bien lo sabe González Errázuriz se potencia con su propio silencio, toda vez que dado el peso de la Iglesia resulta delicado para algunos editores dar el “vamos” a denuncias de las minorías sexuales donde no está la voz y derecho a réplica de algún representante del catolicismo.
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