Aunque Universidad Diego Portales considera que la legalización de parejas homosexuales fue “el tema que quizás suscitó mayor interés” el 2005, advierte que “las minorías sexuales continúan siendo objeto de violencia”. La publicación se suma a otra del Ministerio de Justicia y el PNUD donde se explicita “una considerable dificultad” para el ejercicio de derechos por parte de este colectivo.Por Alberto Roa

13 de julio, 2006 (OpusGay).- Dos importantes publicaciones dadas a conocer este mes incluyeron entre sus capítulos la realidad de las minorías sexuales en Chile, fenómeno que demuestra una mayor preocupación por el tema en instancias ajenas al movimiento homosexual.

Una de ellas es el texto “Primer Foro Iberoamericano de Acceso a la Justicia”, estudio del Ministerio de Justicia y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que en 194 páginas resume y analiza variadas ponencias que tuvieron lugar en octubre del año pasado en la Universidad Católica.

La otra es el “Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile” que analiza los principales hechos del 2005 y que fue dado a conocer ayer por la Universidad Diego Portales (UDP) en un foro que reunió a variados expertos sobre la materia.

El estudio de la UDP, dirigido por el abogado Felipe González, tiene como columna central de sus 478 páginas las injusticias vividas en el sistema carcelario, pero al mismo tiempo incluye capítulos específicos sobre variados sectores discriminados, como las mujeres, los pueblos indígenas, los inmigrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y las minorías sexuales.

En referencia a las minorías sexuales, el informe de la UDP se centra en cuatro principales temas: la unión civil entre personas del mismo sexo, la violencia de grupos neonazis, el derecho a la maternidad y paternidad y las aplicaciones arbitrarias del artículo 373 del Código Penal, norma que sanciona las “ofensas al pudor, la moral, y las buenas costumbres”.

UNION CIVIL Y NEONAZIS

En el capítulo sobre minorías sexuales, redactado por Grace Schmidt, la UDP sostiene que en el transcurso del 2005 el tema que “quizás suscitó mayor interés (…) fue la discusión que se dio en torno al posible reconocimiento de las uniones civiles para personas homosexuales, lo cual fue debatido incluso en las campañas presidenciales”.

Es ese ámbito que el estudio analiza en detalle algunos artículos del “Proyecto de Fomento de la No Discriminación y Contrato de Unión Civil entre Personas del Mismo Sexo” que elaboró el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y que ingresó al Congreso en el 2003.

Aunque advierte que el proyecto “no ha presentado mayores avances durante este año, pues aún se encuentra en el primer trámite constitucional a la espera del primer informe de la Comisión de Familia”, el informe destaca que la norma ha sido de gran relevancia, toda vez que ha desencadenado un “fuerte debate”.

En ese sentido el informe de la UDP precisa que al margen del estancamiento legislativo, “el debate público que se ha generado en torno al tema permite prever que se producirán (avances) en el corto plazo”.

Al presentar el estudio, Felipe González sostuvo que los avances se verán potenciados porque “en conjunto con el Movilh estamos trabajando un nuevo proyecto legal sobre la materia”.

Se trata del Pacto de Unión Civil (PUC) el cual, indica el informe, busca que a través de una ley se regulen “tanto las uniones civiles de personas heterosexuales como las de personas homosexuales”, y no sólo de estas últimas, como lo sostiene el actual proyecto radicado en el Congreso.

Junto a la visión optimista en torno al futuro legal de las parejas constituidas por personas del mismo sexo, el informe de la UDP también se hace cargo de la discriminación padecida por este colectivo al denunciar que durante el 2005 se constató “la persistencia de la violencia en contra de personas homosexuales por parte de grupos neonazis que existen en nuestro país”.

Al respecto se dan variados ejemplos, como los que afectaron a un estudiante del Liceo Guillermo Rivera de Viña del Mar, campañas que llamaron a matar gays en la Illapel ybarridas neonazis en diversas regiones del país que afectaron a jóvenes punk y transgéneros, entre otros sectores sociales.

CASO ATALA Y ARTICULO 373

Otra de las preocupaciones del Informe de la UDP es el fallo de la Corte Suprema que el 31 de mayo del 2004 quitó por razones de orientación sexual la tuición de sus tres hijas a la jueza Karen Atala, anulando con ello dos sentencias previas que la habían sido favorables.

En relación al 2005, la UDP critica un informe que la Corte Suprema envío a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (donde la jueza presentó una demanda contra el Estado chileno) defendiendo su fallo y negando todo tipo de discriminación.

“Claramente en este informe se demuestra la negación que hace la Corte Suprema a la discriminación que a todas luces sufrió la madre de las niñas en la dictación del fallo, por declararse lesbiana y querer convivir con su pareja, entrando la Corte a calificar la moralidad de estos actos, cuestión que no está dentro de las competencias que tiene este poder del Estado”, enfatiza la UDP.

Por último, el informe critica la vigencia del artículo 373 del Código Penal por cuanto “en la práctica se ha traducido en un amplio margen de discrecionalidad para los funcionarios policiales, que suele llevar a conductas discriminatorias contra personas de orientaciones sexuales minoritarias”.

Aunque por primera vez el 2005 no se registraron casos de atropellos policiales por la aplicación del artículo 373, la UDP precisa que si se registraron violaciones a los derechos humanos amparados en esa norma debido al accionar de guardias del cerro Santa Lucía y del Mall Alto Las Condes, los cuales expulsaron de esos lugares en dos ocasiones distintas a parejas de lesbianas.

“El tema resulta preocupante cuando queda sólo al arbitrio policial la catalogación de las conductas de los sujetos como atentados contra la moral y las buenas costumbres, lo cual en Chile suele asimilarse a las conductas homosexuales, resultando en definitiva en una afectación de sus derechos humanos“, sentencia la UDP, en el marco de un análisis que es compartido por el Movimiento Unificado de Minorías Sexuales.

La Universidad destaca, en todo caso, que en el 2005 hubo un avance para paliar los efectos de la aplicación arbitraria del artículo 373. Se trata del Proyecto de Acuerdo contra los Delitos por Homofobia y Orientación Sexual que redactó el Movilh y que fue aprobado por la Cámara de Diputados.

Dicho proyecto derivó en que “el Ministerio de Defensa impartiera un instructivo para los organismos policiales, de manera que apliquen particular diligencia y rigurosidad en la prevención e investigación de los delitos cometidos contra personas en razón de su orientación sexual o identidad de género, de modo de evitar la violencia en contra de las minorías sexuales”, puntualizó la UDP.

“DIFICULTAD EN EL EJERCICIO DE DERECHOS”

La indefensión de las minorías sexuales para el ejercicio de sus derechos denunciada por la UDP, es compartida por las conclusiones del Primer Foro Iberoamericano de Acceso a la Justicia, que fueron publicadas este mes por el Ministerio de Justicia y el PNUD.

Basada en ponencias de delegaciones oficiales y sociales de más de 20 países, el libro sostiene que en el caso de las minorías sexuales existe “una considerable dificultad para el ejercicio de los derechos” consagrados en las “políticas públicas y en las normas legales vigentes”.

En el ámbito de acceso a la justicia por parte de las minorías sexuales “la realidad chilena es aún deficiente. Los homosexuales sufren a diario discriminación para ejercer derechos fundamentales como la vida, la salud, la educación, entre otros”.

Teniendo como fuentes de sus conclusiones una ponencia del presidente del Movilh, Rolando Jiménez, el libro del PNUD y el Ministerio de Justicia recalca, en todo caso, que en el país se han registrados importantes avances en torno a los derechos de las minorías sexuales.

Entre ellos se destaca derogación del artículo 365 del Código Penal, que prohibía las relaciones sexuales entre hombres adultos, la presentación de un proyecto de unión civil al Congreso, el término de las normas que impedían a gays donar sangre y la existencia de un programa contra la discriminación en el seno del Ejecutivo.

La publicación puntualizó que para combatir las injusticias hacia las minorías sexuales son necesarias “las acciones de interés público” y la “suma de voluntades” de la sociedad civil, toda vez que ellas apuntan al ejercicio pleno de derechos.

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