En su tercer Informe Anual, la Universidad Diego Portales detalló graves atropellos que padecen los sectores discriminados, como las mujeres, los inmigrantes, los indígenas, las personas con discapacidad y los homosexuales. También denunció torturas en los recintos penitenciarios y abusos policiales contra los ciudadanos en general.Por Alberto Roa
13 de julio, 2005 (OpusGay).- Desde el retorno a la democracia Chile ha experimentado notables y consolidadas mejorías en el campo económico. Lamentablemente las buenas cifras no tienen igual avance en el terreno de los derechos humanos, existiendo grupos ciudadanos particularmente vulnerables en los ámbitos legales, sociales, económicos y culturales.
Mujeres, inmigrantes, indígenas, personas con discapacidad, homosexuales y reclusos vieron una vez más en el transcurso del 2004 como sus derechos humanos básicos fueron violentados con la invilibilidad, los atropellos y, en ciertos casos, mediante una legalidad que ampara las desigualdades, denunció el Programa de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP) en un agudo informe de 480 páginas.
El III Informe Anual de Derechos Humanos de la UDP, el único de su tipo en Chile que tiene periodicidad y considera especialmente la realidad de los grupos más discriminados, fue dado a conocer hoy en un seminario que tuvo como panelistas a los representantes de esa Casa de Estudios, Felipe González, Martín Besio y Alvaro Castro, al Defensor Nacional Público, Rodrigo Quintana, y al profesor de la Universidad de Buenos Aires, Marcos Salt.
MINORIAS SEXUALES
Basada en diversas investigaciones y análisis, la UDP concluyó que la discriminación sufrida por las minorías sexuales “es una de las más graves y difíciles de erradicar” , en parte, por estar vinculada a visiones morales que dominan la cultura.
“El desarrollo de la discusión en nuestro país en lo que dice relación con las minorías sexuales está unida a una cierta concepción moral predominante que estigmatiza a dichas minorías sin que el problema sea visto desde una óptica de protección de derechos humanos”, indicó el Informe.
Agregó que “incluso en estado democrático la discriminación que sufren las personas homosexuales es significativa” , lo cual explica la concurrencia de la gran variedad de casos de homofobia registrados en Chile el 2004 y que, de acuerdo al Tercer Informe Anual de Minorías Sexuales elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), ascendieron a 46.
De todos esos casos, explicó la UDP, el que sin lugar a dudas marcó el año pasado fue el fallo de la Corte Suprema que el 31 de mayo quitó la tuición de sus tres hijas a la jueza Karen Atala, argumentando que la condición pública de la madre, junto al hecho de que esta convive con su pareja, constituían un peligro para el desarrollo integral de las menores.
Con este fallo “la Corte Suprema dio cuenta de la marginación de que son objeto las parejas homosexuales, al considerarlas como una forma anormal de familia que no es apreciada por el medio social” , estimó el Informe de la UDP.
El estudio criticó además que la Corte se transformará en una tercera instancia, anulando dos sentencias previas que habían otorgado la tuición a la madre, por cuanto “empleó un medio no idóneo para hacer valer sus concepciones valóricas y morales”.
Junto al Caso Atala, la UDP destacó las acciones cursadas por el Movilh ante las Naciones Unidas para denunciar las aplicaciones arbitrarias del artículo 373 del Código Penal, el cual al sancionar las ofensas al pudor y la moral ha servido para reprimir injustamente a las personas homosexuales, y los graves casos de discriminación que en el 2004 afectaron a alumnos gays y lesbianas de enseñanza media.
La UDP valoró, en todo caso, que la lucha contra la discriminación en el sistema educacional; emprendida por alumnos, padres, apoderados y el movimiento homosexual; derivará en el rechazo explícito del Ministerio de Educación a toda práctica homofóbica.
Acto seguido, la universidad repudió las permanentes amenazas e intimidaciones que el año pasado grupos neonazis emprendieron contra las minorías sexuales organizadas, al punto que la UDP debió intervenir con un recurso de protección en favor de los afectados.
“Las conductas de los neonazis atentaban contra el derecho a la vida y el derecho a la integridad física consagrados en la Constitución “, explicó la UDP.
La Universidad destacó por último los importantes avances que el Movilh consiguió el 2004 en los tribunales de Valparaíso para aclarar los hechos en torno al incendio que el 4 de septiembre de 1993 destruyó la discoteca gay Divine, cobrando la vida de 16 personas.
MAS DISCRIMINADOS
Capítulos especiales tuvieron también en el informe las mujeres, los indígenas, los inmigrantes y las personas con discapacidad.
Aunque la UDP reconoció que en el 2004 los derechos de las mujeres experimentaron notables avances, el estudio repudió particularmente que aún no se aclaren los alcances de las denuncias de personas viviendo con VIH/SIDA que fueron esterilizadas sin su consentimiento. “Mientras se dilucida la situación, no hay reparación alguna”, se lamentó el estudio.
El director del Informe, Felipe González, resaltó como otro problema la masividad de denuncias por violencia intrafamiliar que daña física y sicológicamente a las mujeres, sin que hasta ahora un gran porcentaje de las afectadas tenga posibilidades ciertas de resolver esa dramática situación
En referencia a las minorías étnicas, se destacaron “dos aspectos problemáticos: el funcionamiento de la Corporación de Desarrollo Indígena (Conadi) que durante el 2004 enfrentó, entre otras, denuncias de corrupción, y la forma que ha adoptado la persecución penal mapuche, con nuevas condenas a través de la persistente utilización de la Ley Antiterrorista”. González concluyó al respecto que se ha “producido una criminalización del problema indígena”
Otro de los sectores afectados por una fuerte vulnerabilidad social es el mundo de los inmigrantes. A juicio de la investigación “el Decreto Ley 1094; que regula el ingreso, residencia, permanencia definitiva, egreso, reingreso, expulsión y control de los extranjeros; está sujeto al criterio discrecional de la policía”.
“Dicho criterio suele ejercerse de manera discriminatoria, invocándose cuestiones de carácter económico y étnico”, redondeó.
“Por otra parte en determinados casos resulta ser la misma legislación la que sirve de fundamento a la discriminación o vulnerabilidad de los inmigrantes, especialmente de aquellos más pobres “, que ven sin efecto sus derechos al trabajo, la educación y la salud.
El Informe describió, por último, las lamentables condiciones de vida en que se desenvuelven en Chile las personas con discapacidad.
Tal sector, por carencia de políticas públicas, de voluntades, de recursos económicos o transgresión de leyes, han visto “gravemente obstaculizado, cuando no impedido” sus derechos a voto, a transitar y desplazarse en espacios públicos y medios de transportes, mientras las personas con discapacidad mental carecen de un acceso igualitario y de calidad a la salud.
GENDARMES Y POLICIAS EN LA MIRA
De la mano a la realidad de las minorías, el tema central del III Informe Anual de la UDP fue la situación del sistema carcelario en Chile, la cual, a juicio de los autores, contrasta “con los parámetros internacionales de derechos humanos” y con el respeto “a las garantías establecidas en la Constitución”.
Basada en un estudio que incluyó visitas a nueve recintos penales de todo el país, además de entrevistas a jueces, defensores, fiscales y presos, la UDP sostuvo que al interior de las cárceles existe “sobrepoblación y hacinamiento”, junto a una “práctica generalizada de abusos a internos por parte de funcionarios de Gendarmería de Chile“.
Dichos abusos, que son tolerados y pocas veces sancionados, se expresan en arbitrariedades en los castigos, “cuyas características ocasionan tratos crueles, inhumanos o degradantes”, en mala atención médica, en problemas en los regímenes de visitas y en corrupción por parte de los gendarmes.
“Pese a la prohibición tanto nacional como internacional de la tortura, se ha podido verificar una práctica habitual de esta y de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes al interior de los recintos penales”, explicitados en golpes de puños, bototos, sables y malos tratos verbales que dejan serias secuelas físicas.
González relató que estos hechos serán presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una audiencia especial de manera de instalar los debates en todos los frentes y contribuir a superar la problemática.
Ante la CIDH también llegarán los antecedentes que recopiló el Informe sobre los abusos policiales. De acuerdo a la investigación “los apremios ilegítimos se repiten en cierto tipo de delitos y delincuentes”, lo que permite aseverar que existe una “selectividad del abuso”.
El abuso se expresa además en los procedimientos de control de identidad, “lo cual ha pasado a ser una forma encubierta de la antigua y derogada ley de detención por sospecha”, agregó González.
Los más afectados, se puntualizó, son los menores de edad, los sujetos de clase social baja y los reincidentes.
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