La iniciativa favorece a variados sectores que padecen día a día los efectos de la discriminación, destacando la inclusión de las minorías sexuales, aspecto inédito en una norma legal propuesta por el gobierno. El proyecto fue aplaudido por la sociedad civil, sin embargo, junto a parlamentarios se pidió se dé urgencia a la norma y se perfeccione durante la tramitación legislativa.

Por Daniel Ulloa

24 de marzo, 2005 (OpusGay).- Bastante tiempo esperaron los sectores discriminados, para que el gobierno elaborara un proyecto de ley destinado a combatir las marginaciones arbitrarias, al punto que en los últimos meses algunos ya habían perdido la esperanza.

Todo indicaba que la propuesta, que en comienzo fue pensada como una reforma constitucional, entraría al Congreso en noviembre pasado, según lo había anunciado el mismo ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, en una conferencia de prensa conjunta con parlamentarios.

Luego se postergó el trámite para diciembre, después para enero y hasta se informó que tendría lugar el 11 de marzo, en el marco del quinto aniversario del gobierno del presidente Ricardo Lagos.

La esperanza para los sectores discriminados siempre fue que Lagos anunciara públicamente la norma en un acto con las minorías, como una clara señal del compromiso del Ejecutivo. La idea no sólo fue descartada por el gobierno, pues además la propuesta fue finalmente ingresada al Congreso el pasado martes sin ninguna notoriedad pública o aviso a los medios de comunicación, a diferencia de lo que ocurre generalmente con otras iniciativas.

Al ser informada la sociedad civil y parlamentarios de la concreción del trámite, la diputada María Antonieta Saa y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) se pusieron en campaña para informar a la ciudadanía la buena nueva, recalcando que el proyecto había sido firmado nada más ni nada menos que por el presidente Lagos, algo no menor al considerar que una primera redacción sólo se contaba con la el nombre ministro del Interior, José Miguel Insulza, de Vidal y de los representantes de las carteras de Justicia, Luis Bates, y del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Cecilia Pérez.

Para democratiza y ampliar el debate, Saa y el Movilh dieron a conocer hoy en una conferencia todos los alcances del proyecto junto a parlamentarios de diversas tendencias políticas y dirigentes de las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, los indígenas y minorías religiosas.

En conjunto demandaron que el gobierno dé urgencia al proyecto, por cuanto “la discriminación afecta cada día a las personas”, y solicitaron a los abanderados presidenciales asumir una clara postura frente al tema.

También se pidió que el transcurso de la tramitación los parlamentarios estén abiertos a modificar algunos aspectos de la norma si es que surgen nuevas inquietudes, interrogantes o necesidades al interior de la sociedad civil, en particular, en el mundo de las minorías.

Uno de los aspectos más llamativos de la norma es que combate y previene la discriminación por orientación sexual, demanda histórica del Movilh por la que venía trabajando desde 1997 y que hasta ahora no había sido añadida a ninguna propuesta de ley diseñada por las autoridades.

El avance es considerado un hito por el movimiento homosexual, en especial cuando se recuerda que el año 2004 diversos sectores expresaron su rechazo a una campaña del Movilh que buscaba el voto positivo de Chile a la resolución sobre orientación sexual que había presentado Brasil en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En esa ocasión, el gobierno hasta último momento se mantuvo ambiguo, pero finalmente expresó su respaldo, coronándolo ahora con el Proyecto de Ley que Establece Medidas contra la Discriminación.

EL MENSAJE PRESIDENCIAL

En el mensaje del proyecto, que toma recomendaciones de parlamentarios y la sociedad civil organizada, el gobierno reconoce que en Chile y en el mundo las “tensiones socioculturales” se expresan “muchas veces a través de conductas discriminatorias, incluso violentas”.

Sostiene que las minorías, a pesar de constituir con su sumatoria una mayoría, “se encuentran en mayor riesgo de ser objetos de alguna forma de violencia o discriminación”, según lo revelan innumerables estudios e informes.

“Todo lo anterior da cuenta de la necesidad de profundizar nuestra modernización política y económica, complementando los logros alcanzados con mecanismos jurisdiccionales que permitan lograr la vigencia efectiva del principio de la no discriminación”, agrega

Para tales efectos, el proyecto se basa en cuatro fundamentos. Primero en que es un “deber el Estado elaborar políticas antidiscriminatorias”. Segundo, aclara que las diferenciaciones arbitrarias se pueden producir por distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias en razón de “raza, color, origen étnico, edad, sexo, género, religión, creencia, opinión política o de otra índole, nacimiento, origen nacional, cultural o socioeconómico, idioma o lengua, estado civil , orientación sexual , enfermedad, discapacidad, estructura genética o cualquiera otra condición social o individual”.

En tercer lugar sostiene la necesidad de un establecer “una acción para reclamar por las discriminaciones arbitrarias ante los tribunales de justicia” y, por último, considera como delito agravante las marginaciones, proponiendo para ello una modificación al artículo 12 del Código Penal que incluye la categoría de orientación sexual.

En el proyecto del gobierno confluyeron esfuerzos y aportes de parlamentarios de todos los partidos políticos, a excepción de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Destacaron al respecto las intervenciones de los diputados y diputadas María Antonieta Saa (PPD), Carolina Tohá (PPD), Víctor Barrueto (PPD), Fulvio Rossi (PS), Isabel Allende (PS) Exequiel Silva (DC), Gabriel Ascencio (DC), Arturo Longton (RN), Osvaldo Palma (RN) y Germán Becker (RN), entre otros.

A nivel societal jugó un rol de relevancia para incluir la orientación sexual el Movilh, mientras que en términos más globales una de las labores más importantes provino del Foro por la no Discriminación de la Clínica de Interés Público de la Universidad Diego Portales, instancia que conglomera a diversas minorías y fundaciones y que presentó el más amplio e integral proyecto contra las marginaciones diseñado en Chile. Aunque la propuesta de la Diego Portales fue desechada por el gobierno, sirvió de pase para la iniciativa final.

En lo referente al apoyo al interior del Ejecutivo, el aporte más significativo provino de la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General del Gobierno, en especial de su director, Fuad Chaín y de los funcionarios Fernando Matta y Alejandra Díaz, los primeros en contribuir y mantener el debate, pese a enfrentar más de alguna oposición interna.

SANCIONES E INDEMNIZACIONES

Junto con calificar de delito agravante las discriminaciones (homofobia, xenofobia, racismo, etc), otro de las más fuertes normas del proyecto de ocho artículos son las sanciones contra los funcionarios público que cometen actos de discriminación, las cuales van de una multa de 50 a 100 UTM hasta responsabilidades penales.

La ley del gobierno, radicada desde hoy en la Comisión de Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, permite a los afectados interponer una denuncia en la Corte de Apelaciones en un plazo de 30 días. Los hechos deben ser fundados y demostrables, pues en caso contrario quien acusa la discriminación arriesga sanciones al considerarse responsable de perjuicios hacia los denunciados.

Tras de interponer la denuncia, esta es informada al acusado, debiendo la Corte de Apelaciones escuchar los alegatos de ambas partes.

Sin perjuicio de lo anterior la Corte deberá adoptar de inmediato medidas para “asegurar la debida protección del afectado, como dejar sin efecto el acto discriminatorio u ordenar que cese en su realización”

“Asimismo, la Corte podrá declarar la procedencia de indemnizaciones, que en su caso correspondan, para reparar el daño moral y material ocasionado. En dicho caso, el afectado podrá demandar ante el juez de letras competente, la determinación de la indemnización de los perjuicios que procedieren”, agrega.

“El monto de la indemnización será determinado en procedimiento breve y sumario”, puntualiza el proyecto que desde esta semana iniciará su lucha en el Congreso, dependiendo seguramente su discusión y aprobación de las nuevas acciones que deberá emprender la sociedad civil organizada.

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