Más del 90 por ciento de los ciudadanos considera que sus derechos son poco o nada respetados, mientras la mayoría sufrió abuso de poder en el último año. Para combatir esta problemática, la sociedad civil lanzó una campaña comunicacional y política que se extenderá hasta septiembre próximo.
Por Alberto Roa
22 de junio, 2004 (OpusGay).- “¡Ya!contra el abuso de poder”, es el mensaje central de la campaña que la organización Genera lanzó hoy en Santiago con el fin de “promover el ejercicio y el respeto a los derechos ciudadanos”.
La iniciativa contempla la difusión de afiches en micros, insertos en prensa, publicidad radial y spot en el Metro que serán conocidos desde mañana por todo el Gran Santiago.
La campaña va acompañada de una agenda política que Genera está preparando en conjunto con variadas organizaciones de la sociedad civil para impulsar la pronta aprobación en Chile de proyectos de ley en favor de la no discriminación y del fortalecimiento de la participación ciudadana, entre otros tópicos.
Genera precisó que las instancias que respaldan y apoyan la campaña son “organizaciones de la sociedad civil de larga trayectoria”, como el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), la Asociación Chilena Pro Naciones Unidad (Achnu), Participa, Aquí la Gente, Pro-Acceso, Capítulo Chileno Ombudsman, Odecu, Red Puentes, Fundación Ciudadana de las Américas, Sodem y Memch.
Todos esos grupos saldrán en variadas ocasiones a diversas calles de Santiago para informar a la ciudadanía sobre sus derechos y recolectar firmas en contra del abuso de poder. La primera actividad está programada para el próximo 30 de junio en la Plaza Italia, donde junto a la entrega de materiales, los ciudadanos podrán ver y escuchar los spots en una pantalla gigante.
Con esas actividades, Genera pretende enfrentar el duro diagnóstico sobre la sociedad chilena que arrojó su estudio “Opinión sobre el abuso de poder”, el cual entre 6 y el 27 de mayo pasado contempló consultas a 500 personas mayores de 18 años y de todos los estratos socieconómicos del Gran Santiago.
El estudio, cuyo margen error es del 4.4 por ciento, estuvo a cargo del investigador Gabriel Guajardo, quien concluyó que la sociedad está afectada por “debilidad democrática“, “desigualdad de poder” y “escaso fortalecimiento de la ciudadanía“. Un panorama claramente poco alentador.
EL ABUSO DE PODER
De acuerdo al estudio, el 51 por ciento de los consultados declaró haber sufrido abuso de poder en servicios públicos y privados relacionados con la salud, la educación, el agua, la vivienda, las pensiones y los seguros.
Como consecuencia, el 72 por ciento estimó que el acceso a la salud no es igualitario, cifra que disminuye a 66 por ciento en el caso de la Educación y al 51 por ciento en lo referente a la Vivienda.
A juicio de los encuestados, los abusos en los servicios básicos se explicitan en demoras en las atenciones, cobros injustificados, mala calidad, discriminación, nula reparación de los productos entregados en mal estado, publicidad engañosa e información parcializada de los medios de comunicación, entre otros.
Como responsable de ese tipo de abusos o desigualdades se identificó en primer lugar a las políticas institucionales existentes (53 por ciento) y, en segundo lugar, al personal que presta los servicios (41 por ciento).
Para el 35 por ciento, en tanto, el origen del abuso está en el tipo de sistema económico que hay en Chile, mientras para el 31 por ciento la problemática se explica porque las “personas con poder se siente superiores” y, para el 22 por ciento, porque los ciudadanos desconocen sus derechos
POCO Y NADA DE RESPESTO
Una de las cifras más dramáticas arrojadas por el estudio fue el 94 por ciento que estima que los derechos son respetados poco (70 por ciento) o nada (24 por ciento) en Chile. Sólo un 5 por ciento cree que son respetados “mucho”.
Las empresas, a juicios del 96 por ciento, respetan poco o nada los derechos los ciudadanos, cifra similar al 92 por ciento relacionado a los servicios del Estado.
La sensación de los santiaguinos más recurrente en torno a estas realidades es de rabia (45 por ciento), seguida por la impotencia (34 por ciento), la frustración (11 por ciento), el deseo de corregir las injusticias (4 por ciento), la resignación (3 por ciento), el miedo (dos por ciento), y la indignación e indiferencia (uno por ciento).
A juicio de Guajardo estas sensaciones son preocupantes, pues la rabia sino es bien canalizada puede “transformarse en un sentimiento permanente de resentimiento y amargura. Por su parte, la impotencia y la frustración son emociones que no movilizan, tienden a la parálisis y no activan a buscar cambios frente a la situación”, la cual es perseguida sólo por el cuatro por ciento de los encuestados.
Pese a la gran desconfianza que provocan los servicios públicos, el 83 por ciento estima que el gobierno es el responsable de garantizar los derechos, seguidos por los Tribunales de Justicia (51 por ciento), Carabineros (37 por ciento), parlamentarios (27 por ciento), partidos políticos (20 por ciento) y las municipalidades (15 por ciento)
Como resultado de sus análisis, el estudio concluyó que ” el abuso de poder está instalado como parte de la cotidianidad de las personas”, existiendo una gran “debilidad en nuestro paísen materia de derechos y responsabilidades ciudadanas”.
Sin embargo, se aclaró que la ” demanda primordial por parte de la ciudadanía es de conocimiento e información de sus derechos”, por lo cual se está en un “momento propicio para abrir el diálogo en torno al abuso de poder “, el cual podrá dar sus primeros pasos de carácter masivo con la campaña de Genera.