El mes pasado representantes de diversos grupos discriminados; como los homosexuales, los indígenas, las personas con discapacidad, peruanos y gitanos; se reunieron en el Palacio de La Moneda con el Secretario General de Gobierno, Heraldo Muñoz, y con los parlamentarios Antonio Leal y Ximena Vidal, para pedir que se dé urgencia a la aprobación de diversos proyectos de ley a favor de la diversidad cultural.

Uno de los logros más importantes de esa reunión fue el apoyo y adherencia del gobierno a la conformación de una Comisión Tripartita (Ejecutivo, Legislativo y Sociedad Civil) para discutir sobre estrategias destinadas a combatir la intolerancia y a acelerar la aprobación de un proyecto de ley que modifica el artículo 19 de la Carta Magna al garantizar la no discriminación contra las minorías sexuales, entre otros grupos sociales.

La pronta instalación de la Comisión Tripartita reviste especial importancia cultural y política, pues esa instancia, propuesta por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), es un hecho inédito en la historia de este país toda vez que posibilitará a los afectados o beneficiados (la sociedad civil, en suma) participar en forma activa en la definición de las leyes.

La Comisión centrará sus esfuerzos en la pronta aprobación de una reforma constitucional que garantizará por primera vez la no discriminación contra los sectores minoritarios y posibilitará iniciar acciones legales contra quienes propicien la intolerancia por razones de “raza, color, sexo, estructura genética, idioma religión, opiniones o preferencias, origen nacional o socioeconómico, nacimiento, edad, orientación sexual, imagen personal, enfermedad, discapacidad psíquica o física, estado civil o cualquier otra condición social o individual”.

Los importantes avances conseguidos por algunos grupos discriminados, en conjunto con el apoyo de diversos parlamentarios, explicitan que la sociedad civil es capaz de tejer en forma mancomunada alianzas sólidas que al final de cuentas van en directo beneficio de la sociedad en general.

La buena disposición del gobierno y de algunos congresistas demuestra además que en algunos circuitos del poder político chileno existe la voluntad por desmontar la cultura de la discriminación que ha quedado en completa y cruda evidencia con las encuestas efectuadas a nuestra población por la Fundación IDEAS.

Hoy resulta imprescindible que todas las organizaciones representativas de los grupos minoritarios y/o discriminados aporten desde sus determinadas experticias a la reforma constitucional que modifica el artículo 19, pues han sido pocos los organismos que han trabajado en esa iniciativa en forma sistemática desde 1998.

En el caso específico de los homosexuales, es de gran relevancia que la comunidad lésbica, gay y travesti en su conjunto se interese por esta reforma, trabajada hasta ahora por un solo organismo, pues tras la despenalización de la sodomía la enmienda al artículo 19 será el logro legislativo y cultural más emblemático e importante alcanzado por el movimiento chileno de las minorías sexuales.