El proyecto estigmatiza a mujeres que, de manera libre y solidaria, deciden ayudar a otra mujer o parejas a ser madres o padres. Establece sanciones que van hasta los 10 años de presidio y multas de 5.000 UTM a quienes participen en la gestación subrogada. El Movilh calificó de “inhumano” el proyecto de ley.
A pasos de votarse en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados se encuentra un proyecto de ley, liderado por el republicano Juan Irarrázaval Rossel, que sanciona con penas hasta 20 años de presidio y multas de hasta 5.000 UTM a quienes posibiliten, publiciten o intermedien la gestación subrogada.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) calificó hoy como “inhumano este proyecto de ley, en tanto asocia a la gestación subrogada siempre a abusos, violentando la dignidad de niños, niñas que han nacido bajo esta técnica, así como a sus madres y padres. La gestación subrogada debe regularse, contemplar sanciones cuando impliquen abusos, pero en ningún caso criminalizar a personas, familias o instituciones que las practican sin violentar derechos humanos”.
“Valoramos que diversos congresistas estén ya están alineados con necesidad de regular sin criminalizar a personas y familias inocentes, al tiempo que felicitamos el trabajo que está desarrollando la Asociación Nuevas Familias en tal sentido y para sensibilizar al Congreso Nacional”, apuntó el Movilh.
El proyecto de ley
El denominado “Proyecto de ley que modifica diversas normas en materia de familia, con el propósito de prohibir toda forma de utilización de la mujer como vientre de alquiler” fue presentado el 31 de enero del 2025 por los/as diputados/as Héctor Barría Angulo (DC), Juan Irarrázaval Rossel (REP), Francesca Muñoz González (PSC), Ximena Ossandón Irarrázabal (RN) y Consuelo Veloso Ávila (FA), y los/as entonces congresistas Helia Molina Milman (PPD) y Felipe Donoso Castro (UDI).
El 26 enero de del 2026 el protecto fue aprobado en general, por 9 votos contra 0 en la Comisión de Familia, contando en ese momento con los respaldos del presidente de la entidad (Juan Irarrázaval) y de los/as diputados Sara Concha (PSC), Muñoz González (PSC), Natalia Romero (IND-UDI) y Veloso Ávila (FA), así como de los entonces diputados Arturo Barrios (PS), Christian Matheson (IND-Evopoli), Patricio Rosas (FA) y Jorge Saffirio (Demócratas).
Durante su tramitación en la Comisión de Familia, entre el 23 de abril y el 20 de julio pasado, si bien se introdujeron algunas modificaciones al proyecto, se mantuvo la criminalización de la gestación subrogada.
En efecto el proyecto aprobado por la Comisión de Familia, prohíbe la maternidad subrogada en Chile, declara nulos los contratos de gestación por sustitución y establece que la filiación de los niños nacidos mediante esta práctica será determinada por el parto, sin perjuicio de que el padre biológico pueda reclamar judicialmente la paternidad.
Asimismo, sanciona a quienes intermedien entre una mujer gestante y una persona o pareja, así como a quienes organicen, realicen o publiciten la maternidad subrogada o la comercialización de embriones, con penas de 541 días a 3 años de presidio y multas de 1.000 UTM. Si estas conductas se cometen de forma habitual o con ánimo de lucro, la sanción aumenta a 5 años y un día a 10 años de presidio y multas de 5.000 UTM.
Además, los profesionales de la salud que intervengan para facilitar una maternidad subrogada arriesgan 5 años y un día a 15 años de presidio y multas de 5.000 UTM, mientras que quienes promuevan estas prácticas aprovechándose de una relación de dependencia o de la vulnerabilidad, inexperiencia o ignorancia de una mujer enfrentan 10 años y un día a 20 años de presidio, además de multas de 5.000 UTM.
El proyecto también incorpora la maternidad subrogada y la venta de niños entre las formas de explotación contempladas en el delito de trata de personas; incorpora los delitos de intermediación y de promoción abusiva de la maternidad subrogada al catálogo de ilícitos por los cuales pueden responder penalmente las personas jurídicas; permite que los tribunales chilenos persigan determinados delitos cometidos en el extranjero por chilenos o residentes habituales en el país; e inhabilita para adoptar a quienes hayan sido parte, como comitentes o requirentes, de un contrato de maternidad subrogada, salvo resolución judicial fundada en el interés superior del niño o niña. Finalmente, dispone que la nueva ley no afectará la filiación de niños y niñas nacidos antes de su entrada en vigencia y garantiza que ninguno pueda quedar sin filiación determinada.
Observaciones de parlamentarios
El 3 de agosto pasado un grupo transversal de 28 congresistas marcó distancia con la iniciativa, en tanto si bien sostienen que en todo momento se deben garantizar derechos de las madres gestantes y de niños, niñas y adolescentes nacidos por gestación subrogada, ello en ningún caso implica criminalizar a todo evento. Es decir, es necesario regular estos procesos.
“Chile tiene hoy la oportunidad de abordar con seriedad y humanidad una realidad que ya existe y que requiere certezas jurídicas, protección y, sobre todo, una mirada centrada en el interés superior de niños y niñas. La gestación subrogada plantea preguntas complejas y legítimas. Precisamente por eso creemos que no debemos enfrentarlas desde la descalificación ni desde posiciones absolutas, sino mediante un debate responsable, informado y respetuoso de las distintas realidades familiares”, señalaron en una carta al director conjunta publicada el pasado 3 de agosto en El Mercurio
Añadieron que “la ausencia de una regulación específica ha llevado incluso a nuestros tribunales a resolver situaciones concretas de filiación. El reciente fallo del 2° Juzgado de Familia de Santiago es una nueva expresión de ese vacío que como sociedad debemos ser capaces de abordar. Creemos que el Congreso debe considerar seriamente las propuestas que buscan regular esta práctica con estrictos requisitos, controles y garantías, previniendo cualquier forma de explotación y resguardando la libertad y dignidad de las mujeres, así como los derechos de los niños y niñas”.
“Regular no significa promover. Significa hacerse cargo de una realidad para proteger mejor a quienes participan en ella. No podemos desconocer, por ejemplo, el valor humano de una hermana, amiga o familiar que, de manera libre y solidaria, decide ayudar a una mujer. Por eso, hacemos un llamado transversal a las y los parlamentarios a abrir este debate con altura de miras, escuchando distintas posiciones y buscando puntos de encuentro”, finalizaron.
La carta fue firmada por los/as senadores/as Paulina Núñez Urrutia (RN), Matías Walker Prieto (Demócratas), Zandra Parisi Fernández (PDG), Yasna Provoste Campillay (DC), Esteban Velásquez Núñez (FRVS) y Sebastián Keitel Bianchi (IND)
También firmaron los/as diputados/as Karol Cariola Oliva (PC), Jaime Araya Guerrero (IND-PPD), Marisela Santibáñez Novoa (IND-PC), Jorge Guzmán Cepeda (Evópoli), Ana María Gazmuri Viera (PAH), Marlene Pérez Cartes (IND-UDI), Lorena Pizarro Sierra (PC), Claudia Mora Vega (RN), Ximena Naranjo Pinto (IND-UDI), Lorena Fries Monleón (FA), Nathalie Castillo Rojas (PC), Joanna Pérez Olea (Demócratas), Juan Santana Castillo (PS), Javier Olivares Avendaño (PDG), Marcela Hernando Pérez (PR), Paula Olmos Contreras (PDG), Luis Malla Valenzuela (PL), Tamara Ramírez Ramírez Ramírez (PDG), Sofía González Cortés (Comunista), Patricio Briones Moller (PDG), Javier Muñoz Riquelme (DC) y Constanza Schönhaut Soto (FA).
Sobre este pronunciamiento, el presidente de la Asociación Nuevas Familias, Javier Silva, dijo que “estamos muy emocionados. Para nosotros esta es una noticia tremenda, que nos llena de felicidad y emoción. Durante mucho tiempo nos dijeron que la idea de prohibir la gestación subrogada era la que tenía apoyo transversal. Hoy esta carta demuestra que también existe un respaldo amplio para conversar sobre una regulación. Esto sí es apoyo transversal. Ahora vamos a poder conversar. Esperamos que el Congreso aproveche esta oportunidad para abrir un debate serio, responsable y centrado en las personas, porque detrás de esta discusión hay niños, mujeres y familias que merecen protección”.