
Quien preside un país en Chile cuenta con un amplio poder para implementar políticas públicas, proponer proyectos de ley y determinar las urgencias o prioridades en la tramitación legislativa.
Consciente de esta responsabilidad, el Movilh se ha reunido hasta la fecha con los/as candidatas/as Marco Enríquez-Ominami, Jeannette Jara y Evelyn Matthei, así como con los/as precandidatos/as Carolina Tohá, Ximena Rincón y Gonzalo Winter.
A los(as aspirantes a La Moneda les hemos presentado las siguientes propuestas para incluirlas total o parcialmente en sus programas o en el de sus coaliciones:
- Garantizar que ningún derecho vigente al momento de asumir el mandato, relacionado con personas LGBTIQ+, familias homoparentales o parejas del mismo sexo, sea eliminado, reducido o suspendido.
- Gestionar que toda política pública, norma, ley o proyecto referido a la no discriminación mencione de forma explícita todas las categorías protegidas contempladas en la Ley N.º 20.609.
- Impulsar que los programas de fertilización asistida del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) beneficien en igualdad de condiciones a parejas heterosexuales y lésbicas, aplicando a estas últimas el concepto de infertilidad primaria para acceder a las coberturas. En caso de que Fonasa no cuente con banco de donantes de espermios, permitir que las parejas lésbicas utilicen donantes propios.
- Asegurar el acompañamiento y apoyo a los procesos de transición de niños, niñas y adolescentes trans, garantizando su acceso igualitario a los derechos de Salud y Educación, sin discriminación por edad o identidad de género.
- Otorgar un código Fonasa para todos los procedimientos necesarios en la transición de las personas trans.
- Resguardar que todo plan, programa o campaña sobre derechos humanos, educación sexual o formación ciudadana complementaria a la base curricular incorpore de manera explícita y sin discriminación la temática de diversidad sexual y de género, tanto en la educación parvularia como escolar.
- Modificar el Decreto N.º 924 del Ministerio de Educación para garantizar la no discriminación a todas las categorías protegidas por la Ley N.º 20.609.
- Incorporar en las estadísticas oficiales de protección social o de población, incluido el Censo, consultas desagregadas por orientación sexual e identidad de género, sin discriminación por edad.
- Generar campañas nacionales y anuales orientadas a prevenir y erradicar los discursos de odio.
- Velar por el cumplimiento íntegro de toda condena internacional contra Chile por vulneraciones a los derechos LGBTIQ+, así como de los Acuerdos de Solución Amistosa en esta materia.
- Dar seguimiento y adoptar las medidas necesarias para cumplir con toda exigencia o recomendación vinculante formulada por organismos internacionales de derechos humanos en favor del respeto pleno a los derechos LGBTIQ+.
- Gestionar que los fondos concursables del Estado contemplen líneas de financiamiento para iniciativas vinculadas a la orientación sexual, identidad de género y expresión de género, en todos los ámbitos pertinentes.
- Impulsar la reforma de la Ley N.º 20.609, considerando los estándares internacionales de derechos humanos, en caso de que dicha modificación no haya sido aprobada antes del inicio del mandato.
- Promover una ley que prevenga y sancione la incitación a la discriminación y al odio.
- Crear una institucionalidad antidiscriminatoria autónoma del Estado que brinde orientación jurídica y psicológica gratuita a víctimas de exclusión que no puedan costear dichos servicios; que desarrolle campañas anuales de prevención; y que produzca estudios y estadísticas a nivel nacional, contando con el presupuesto necesario. En caso de que dicha institucionalidad exista al asumir el mandato y no cumpla estos objetivos, se impulsará su reforma.
- Presentar e impulsar una Ley de Educación Sexual Integral con enfoque en derechos humanos que garantice la no discriminación.
- Promover la creación de un fondo económico estatal destinado a apoyar el trabajo de las organizaciones LGBTIQ+.